Crisis sanitaria y crisis de derechos humanos

En el mismo sentido que las recientes declaraciones del secretario general de la ONU y la alta comisionada para los Derechos Humanos, la reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Pandemia en las Américas da buena cuenta de los riesgos más importantes en nuestra región, para su plena vigencia en el contexto de la crisis sanitaria mundial. Algunos de esos problemas han comenzado a evidenciarse y otros, amenazan con concretarse en el futuro próximo, de la mano de un esperable empeoramiento de las condiciones de la salud y vida de los pueblos.

Entre los aspectos abordados en la resolución, que merecen especial consideración en el caso de Chile, están los relativos a la desigualdad que, en nuestro caso y de acuerdo a lo sostenido en el Informe Anual 2019 del INDH, está en la base de la crisis social que yace solo adormecida por la crisis sanitaria y está siendo profundizada en sus consecuencias por las actuales circunstancias.

Dado que una enorme proporción de la población activa se desempeña en condiciones de precariedad laboral o, derechamente informalidad, su acceso a los limitados sistemas de compensación de ingresos se hace imposible o extremadamente difícil. Como es obvio, esa misma población, que es la que requiere con mayor urgencia tales auxilios económicos, es también la destinada a ser la que sobredemanda progresivamente a un sistema público de salud que puede no estar en condiciones de asegurarles los niveles de atención del sistema privado.

[cita tipo=»destaque»]Es imperativo, entonces, que el Estado de Chile y quienes están a su cargo en distintas esferas, acojan el llamado central de la CIDH, en términos de incorporar en los niveles decisorios el enfoque intersectorial de los derechos humanos. Ello implica, volcar la mayor parte de la imaginación y los recursos hacia políticas públicas de emergencia, que se funden en el reconocimiento de las diversas y profundas expresiones de nuestra desigualdad, priorizando a aquellos sectores con mayor vulnerabilidad y estableciendo modalidades en la aplicación de tales políticas que garanticen a esos sectores el efectivo ejercicio de sus derechos.[/cita]

Por otra parte, esos mismos millones de personas, no disponen de las condiciones materiales para asumir las acciones de prevención que impone la pandemia, por cuanto factores como el hacinamiento, la falta de acceso a las redes virtuales de información y educación, la necesidad de movilizarse para generar ingresos de sobrevivencia y el nulo acceso a elementos de higiene sanitaria, les hacen imposible el aislamiento preventivo, la distancia social o el acatamiento efectivo de las cuarentenas.

A ello debe agregarse la situación de los sectores en especiales condiciones de vulnerabilidad tales como mujeres, LGBTI, migrantes, indígenas, discapacitados y otros que son objeto de adicionales formas de discriminación y también, quienes se encuentran bajo custodia del Estado y aquellos que se encuentran a su cargo: privados de libertad y gendarmes, menores en centros de reclusión y sus vigilantes, lugares de larga estadía de adultos mayores y quienes los atienden, internos en hospitales siquiátricos y su personal, son el eslabón final de una dramática cadena de exclusiones y marginalidad que se agudiza en estas circunstancias.

Así, el acceso al principal derecho en juego en esta contingencia, el derecho a la salud, entendido como el acceso oportuno a una atención sanitaria adecuada y las garantías que el Estado debe asegurar para su efectiva vigencia, está en cuestión por las características estructurales de nuestra sociedad. Como lo recuerda la CIDH, el carácter inclusivo de este derecho, en el sentido que es condición para el ejercicio de los demás, hace particularmente crítica la situación.

La proporcionalidad de las restricciones colectivas e individuales en el probable evento que se produzca un empeoramiento de las ya difíciles condiciones descritas, la actuación del Estado frente a expresiones de malestar social que ya están apareciendo, la posible utilización de tecnologías intrusivas que entrañen riesgos para la autonomía de las personas, el imperativo de la transparencia y objetividad de las cifras y antecedentes sanitarios que funden las decisiones, son cuestiones que en conjunto con las vulneraciones derivadas del contexto de desigualdad, pueden plasmarse en una crisis de DDHH de mayor envergadura y profundidad, que la que generó la actuación del Estado con motivo del estallido social.

Es imperativo, entonces, que el Estado de Chile y quienes están a su cargo en distintas esferas, acojan el llamado central de la CIDH, en términos de incorporar en los niveles decisorios el enfoque intersectorial de los derechos humanos. Ello implica, volcar la mayor parte de la imaginación y los recursos hacia políticas públicas de emergencia, que se funden en el reconocimiento de las diversas y profundas expresiones de nuestra desigualdad, priorizando a aquellos sectores con mayor vulnerabilidad y estableciendo modalidades en la aplicación de tales políticas que garanticen a esos sectores el efectivo ejercicio de sus derechos.

Lo anterior se funda no solo en los compromisos del Estado en la materia, sino también en la convicción que un enfoque de la situación basado en los derechos de todas y todos, es una condición para que la superación de la actual crisis sea efectiva y no conduzca a la profundización de la injusticia que caracteriza y condiciona el futuro de nuestra sociedad.