Opinión
La deslegitimación del actual sistema de notarías es total. Basta ir a algunas de ellas en Santiago para ver cómo cientos de ciudadanos se someten a formas primitivas de atención que ya no existen en otras áreas del sector público o privado, mientras un grupo pequeño de personas seleccionadas por contactos personales se enriquecen desproporcionadamente. Sin embargo, desde hace ya bastante tiempo que la política se viene mostrando incapaz de resolver este problema, debido a los enormes conflictos de interés involucrados. Pensamos que hay aquí una especie de prueba de fuego: ¿están los políticos con los ciudadanos o con los privilegios de un grupo pequeño de personas con las que algunos tienen vínculos directos de parentesco, amistad e intercambios de favores?
En Chile rige un sistema conocido como notariado latino. Este sistema establece que para otorgar validez a los actos jurídicos en que se requiere certeza, debe concurrir un funcionario sui generis, designado por el Estado pero remunerado por los usuarios, que se constituye en un testigo privilegiado de los mismos y que garantiza que se cumpla una serie de procedimientos para asegurar la forma en que se otorgan los documentos y la preservación de los mismos.
Este sistema supone que el notario es seleccionado por sus capacidades profesionales y por una cierta imparcialidad y honorabilidad reconocidas en la comunidad. Este funcionario debe desempeñar personalmente su tareas y además asesora a los usuarios en las complejidades legales involucradas en la realización de los actos más importantes.
La salud de este modelo depende, en buena medida, de la selección de los funcionarios y de la mantención de una oferta consistente con la población y el desarrollo económico de cada comunidad.
En Chile ambas cosas funcionan muy mal, la designación se ha transformado en un oscuro sistema de tráfico de influencias, que no solo no asegura una competencia justa a los postulantes, sino que ha venido también a contaminar a nuestro sistema judicial, indebidamente involucrado en el proceso, con las formas más brutales de lobby.
Pero, además, el afán por generar rentas extraordinarias ha significado una limitación tan extrema de la oferta que ha producido dos efectos perversos. Por un lado, ha hecho desaparecer al modelo original y sus fortalezas. Hoy en las grandes ciudades gran parte de la función notarial está delegada en funcionarios subalternos que no reúnen ni los requisitos ni están sujetos a las responsabilidades del notario. Y, por otro lado, ha generado intereses de tal magnitud y conectados de modo tan estrecho con autoridades políticas y judiciales, que han hecho prácticamente imposible cualquier reforma.
Solo como una forma de comparación superficial. En Chile existen algo más de 300 notarios para 18 millones de habitantes. En Francia, que es la cuna del sistema, existen aproximadamente 10 mil para 60 millones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen algo más de 1.600 para tres millones de habitantes.
En medio de este cuadro aparecen dos nuevos elementos, por una parte, la pandemia que dificulta al extremo la realización de los trámites de modo personal y, por otro, el desarrollo informático y de las comunicaciones que permite contar con sistemas extremadamente seguros de realizar actos y preservarlos por medio de sistemas tecnológicos que no requieren del contacto directo entre personas.
Surge entonces la necesidad de optar entre varias posibilidades: ¿permitimos a los actuales notarios apropiarse de los beneficios de la innovación tecnológica, terminando con lo poco que va quedando del modelo personalizado del notariado latino y permitiéndoles instalar en sus despachos sistemas automatizados que les permitirían multiplicar su productividad, mejorar el servicio y continuar concentrando el mercado?
Los problemas de este camino son evidentes: ¿por qué habríamos de regalar los beneficios de la tecnología a un grupo de personas? Y, además, esta fórmula incrementará el poder de este grupo privilegiado sobre el sistema político y judicial.
La segunda opción es la de restituir la lógica del notariado latino, ampliando dramáticamente la oferta con cientos de nuevas plazas y mejorando la competitividad en el acceso. El proyecto presentado al Congreso por parte del Gobierno es una versión de esta línea de acción, aunque con una serie de problemas: mantiene la participación de los jueces en la designación de notarios y la apertura en su número es limitada solo a un espectro menor de la actividad mediante los llamados fedatarios.
La tercera posibilidad es la de cambiar drásticamente el modelo. Generando una o varias entidades estatales o semiestatales que tomen ventaja de las posibilidades de la tecnología y organicen la prestación de los servicios de un modo altamente profesionalizado siguiendo modelos que han resultado exitosos, como el del SII o el de la plataforma de tramitación virtual del Poder Judicial.
La deslegitimación del actual sistema es total. Basta ir a algunas notarías de Santiago para ver cómo cientos de ciudadanos se someten a formas primitivas de atención que ya no existen en otras áreas del sector público o privado, mientras un grupo pequeño de personas seleccionadas por contactos personales se enriquecen desproporcionadamente.
Sin embargo, desde hace ya bastante tiempo que la política se viene mostrando incapaz de resolver este problema, debido a los enormes conflictos de interés involucrados. Pensamos que hay aquí una especie de prueba de fuego: ¿están los políticos con los ciudadanos o con los privilegios de un grupo pequeño de personas con las que algunos tienen vínculos directos de parentesco, amistad e intercambios de favores?
