Aquellos que relativizan el cumplimiento de los derechos humanos y le temen a la profundización de la información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental, están cerrándole la puerta a implementar un modelo de desarrollo coherente con los desafíos del siglo XXI en el mundo.
A medida que se acerca el segundo aniversario de la apertura de la firma del Acuerdo de Escazú –a conmemorarse el 26 de Septiembre-, El tema ha adquirido una alta notoriedad en los medios; la Cámara de Diputados y Senadores han presentado proyectos de acuerdos para incentivar su firma y; tanto a las carteras de Relaciones Exteriores como de Medio Ambiente han sido citadas al Congreso para rendir cuentas sobre el proceder del ejecutivo en la materia.Si recordamos el rol clave que jugó Chile en la génesis de Escazú desde el 2012 en adelante, a este gobierno le correspondía concluir un trabajo que fue considerado hasta ese momento como una política de Estado. Hasta antes de la apertura de su firma, Piñera había manifestado públicamente en discursos y mensajes de ley su apoyo al Acuerdo. El primer traspié fue la sorpresiva negativa, que significó una vergüenza a nivel internacional importante y que ha acompañado desde entonces a la actual presidencia de la COP climática.
En virtud de lo anterior, el gobierno respondió con una serie de confusos argumentos en torno a la soberanía –los cuales han sido cada vez menos utilizados considerando que no se fundamentan- y que el Acuerdo requería de mayor “estudio”. Sin embargo, además de improcedente para el país que lo impulsó y negoció por más de 6 años, en todo este tiempo no se conoce ningún producto o documento que señale los resultados.
Con la entrada de Allamand como ministro, por primera vez el gobierno se manifestó explícita y públicamente contra la firma de este tratado regional, aduciendo que éste “no era conveniente para Chile”. Si el ministro ha planteado que la posición del gobierno no ha cambiado, significa que los argumentos anteriores eran excusas técnicas para no transparentar su decisión de no firmarlo.
En cualquiera de las opciones, queda claro que el gobierno recién está explicitando una posición que en un principio parecía inconcebible: negar la firma de un Acuerdo de Derechos Humanos que aboga por garantizar los derechos de acceso ambientales y entregar protección a los defensores ambientales.
Por un lado siempre es bueno saber cuáles son las verdaderas motivaciones tras esta decisión, por otro, demuestra que la situación es aún más grave de lo que nos imaginábamos. El gobierno de Chile tiene temor de entregar más herramientas de democracia ambiental a la ciudadanía. Por otra parte, ¿Cómo no va a ser conveniente para la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París contar con un instrumento que permita tomar mejores y más legítimas decisiones ambientales?
Aquellos que relativizan el cumplimiento de los derechos humanos y le temen a la profundización de la información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental, están cerrándole la puerta a implementar un modelo de desarrollo coherente con los desafíos del siglo XXI en el mundo.