Opinión
La pregunta que ronda en el aire es por qué venezolanas y venezolanos llegan en masa a un país tan distante y disímil a su realidad geográfica, social y cultural. Pues bien, la respuesta, como en casi todas las situaciones, está en La Moneda. En el 2018, el Gobierno impulsa, en un claro acto de intervención política, la llamada Visa de Responsabilidad Democrática, enfocada en la población venezolana, permitiéndoles a los caribeños alcanzar una residencia temporal de un año, prorrogable por 12 meses y con posibilidad de solicitar residencia definitiva. Mientras que el 2019, llega el Presidente hasta la frontera colombo-venezolana, en Cúcuta, con ayuda humanitaria y tratando, en vano, de tomar una posición de liderazgo regional y mostrando a Chile como un modelo regional de desarrollo económico. Es decir, el Presidente incentivó a venezolanas y venezolanos a llegar hasta aquí, demostrando luego su probada indolencia, al dejarlos abandonados a su propia suerte y, al igual que los bolivianos en abril del año pasado, enfrentándose con la población local, que ve en ellos un potencial foco de contagio.
En abril del año pasado, cuando comenzaba la pandemia a dar sus primeras luces de colapso en Chile, entre cuatro paredes el entonces canciller, Teodoro Ribera, y la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, decidieron de manera inconsulta, con las autoridades locales, enviar a Iquique a más de 400 bolivianos apostados en carpas afuera del consulado de ese país.
Sin un lugar fijo donde quedarse para realizar su cuarentena y con la frontera boliviana cerrada por la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, el municipio tuvo que utilizar parte de sus escuelas para que los hermanos vecinos pudieran residir provisoriamente.
Esta acción torpe del Gobierno, pero justificada por su esencia centralista, elitista y discriminadora, generó el primer colapso de una ciudad que con un solo hospital regional debía cubrir la necesidad de más de 320 mil personas.
Su decisión, además, tuvo efectos colaterales, luego que acompañada de una prensa amarillista y de sectores políticos de derecha, hizo confrontar a una población con una tradición fundacional de integración, como es la tarapaqueña, con hermanos bolivianos que tuvieron que residir en precarias condiciones en escuelas y calles, luego de quedar sin trabajo en la capital del país.
Tras superar esta emergencia, un nuevo frente debieron experimentar las municipalidades de Colchane, Huara y principalmente Iquique, ante la avalancha de población venezolana que, buscando mejorar su situación y huyendo de un clima polarizado y violento en su país de origen, debieron iniciar una larga diáspora por más de cuatro países, culminando en el altiplano chileno por el cual deambularon y deambulan por días con temperaturas extremas para llegar a un país hostil, como es Chile.
La pregunta que ronda en el aire es por qué venezolanas y venezolanos llegan en masa a un país tan distante y disímil a su realidad geográfica, social y cultural. Pues bien, la respuesta, como en casi todas las situaciones, está en La Moneda. Como ejemplo de esto citaremos algunos, de tantos, hitos.
En el 2018, el Gobierno impulsa, en un claro acto de intervención política, la llamada Visa de Responsabilidad Democrática, enfocada en la población venezolana, permitiéndoles a los caribeños alcanzar una residencia temporal de un año, prorrogable por 12 meses y con posibilidad de solicitar residencia definitiva.
Mientras que el 2019, en una intervención más feroz, llega el Presidente hasta la frontera colombo-venezolana, en Cúcuta, con ayuda humanitaria y tratando, en vano, de tomar una posición de liderazgo regional y mostrando a Chile como un modelo regional de desarrollo económico.
Es decir, el Presidente incentivó a venezolanas y venezolanos a llegar hasta aquí, demostrando luego su probada indolencia, al dejarlos abandonados a su propia suerte y, al igual que los bolivianos en abril del año pasado, enfrentándose con la población local, que ve en ellos un potencial foco de contagio.
Ese fallido liderazgo regional, además, se reflejó palmariamente con la creación de Prosur, organismo internacional fundado en 2019 por los presidentes de Colombia y de Chile, Duque y Piñera, con el propósito de reimpulsar la alicaída integración en Sudamérica, en reemplazo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
En efecto, su prueba de fuego: la crisis migratoria-humanitaria derivada de la pandemia, no fue prioridad, al punto que, a más de un año de su comienzo, observamos intentos desesperados por erradicar la trata de personas en los países de la región, una práctica ya asentada dentro del circuito migratorio que involucra a los países de Pro Sur y culmina en el norte de Chile.
Esta instancia de integración tampoco ha afrontado el proceso migratorio como un tema complejo que requiere cooperación entre los países de la región, ya sea en materia de refugio, asistencia, como a través de desincentivar la migración irregular por vía de políticas sociales, entre otras dimensiones no punitivas.
Sea por su sello de derecha o por su prioridad por la promoción del libre comercio, es una realidad el fracaso de este organismo, junto con el desastre del tratamiento de la crisis migratoria por el más alto nivel de autoridades, el que se demuestra con asombro al ver la fila de tanques en dirección a la frontera peruano-ecuatoriana, un tramo de la migración venezolana con destino a Tarapacá.
Como hemos intentado demostrar, la crisis migratoria actual que aqueja al continente se puede abordar desde varias escalas conectadas: local, regional, nacional e internacional. En lo que concierne a lo regional, tenemos esperanza que la próxima elección del gobernador regional permita el empoderamiento de la máxima autoridad en el territorio tarapaqueño y con ello se aborden estas crisis con el liderazgo que tanto se extraña.
