En las afueras del Cuartel de la PDI de calle San Francisco en Santiago, líderes y representantes de organizaciones migrantes y pro migrantes se unieron para exigir conjuntamente al Gobierno que frene definitivamente las expulsiones colectivas por vía aérea que este domingo volvieron a darse, desde la ciudad de Iquique, con la salida del país de un total de 56 personas de origen venezolano; 37 de las cuales recibieron expulsiones administrativas, mientras las 19 restantes fueron expulsadas por sentencia de un tribunal.

“Por cuarta vez consecutiva, el Gobierno de Chile está deteniendo sorpresivamente a personas para expulsarlas colectivamente del país sin respetar el debido proceso. Todas las personas tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria. A este cuartel de la PDI y a otros del país llegaron personas que no tienen antecedentes penales como ha dicho el Gobierno”, señaló Massiel Cárdenas, abogada de la Clínica Jurídica de Migrantes y refugiados de la Universidad Diego Portales.

Waleska Ureta, directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), manifestó en un comunicado titulado «vuelos del terror» que “junto a organizaciones migrantes y las clínicas jurídicas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, hemos recabado antecedentes e interpuesto recursos de amparo por 12 personas que han sido detenidas, y que hoy están siendo expulsadas. Y finalmente logramos que cinco personas fueran bajadas del vuelo de hoy, lo que demuestra que no estaban todos los antecedentes para expulsarlos, lo mismo podría haber ocurrido con más si hubieran tenido acceso a representación. Hace una semana la ONU emplazó al gobierno de Chile a detener estas expulsiones inmediatamente. Exigimos a la autoridad que frene las expulsiones y que las cortes sesionen los domingos para que  revise todos los recursos presentados”.

“Hay que subrayar además que han detenido a padres y madres de familia y esto no debiera ser, pues genera desarraigo en niños, niñas y adolescentes (NNA) y no atiende a su interés superior. Anoche fuimos testigos directos de cómo madres, padres y niños pequeños ingresaban a este cuartel a despedirse de personas migrantes que serán expulsadas, en una drama cruel e injusto”, agregó Ureta.

En la misma línea, Benigna Zambrano, Directora de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven) apuntó que “reiteramos el llamado al Gobierno chileno a cumplir y honrar los tratados en materia de DDHH y personas migrantes y refugiadas. Las personas de nacionalidad venezolana necesitan de protección internacional, no que se les devuelva a un país donde no hay condiciones para una vida digna. Este es un llamado al Estado chileno independientemente del Gobierno de turno y esperamos que, en este momento histórico que vive Chile, se tengan en cuenta los derechos de las personas migrantes  con un enfoque intercultural y como parte del pueblo chileno; y que el próximo presidente o presidenta se siente en una mesa con las personas migrantes y deje de violar sus derechos”, enfatizó,

“El Gobierno de Chile debe detener las expulsiones colectivas de migrantes que, como ya han dicho mis compañeras, son arbitrarias e ilegales. Exigimos a todas las instancias que detengan esta verdadera campaña del terror, de persecuciones y detenciones de personas migrantes y sobre todo de indocumentados con mayor vulnerabilidad. Los migrantes no están solos, estamos con ellos en un frente de unidad, permanente en el territorio nacional. Porque migrar debe ser considerado un derecho humano más aún en estos tiempos”, sentenció Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que lo sucedido la mañana de este domingo con los ciudadanos venezolanos se trató de una «expulsión administrativa» y sujeta a derecho por haber ingresado al país de forma clandestina y sin haber hecho nada en un año. En horas previas, el Servicio Jesuita Migrante (SJM) denunciaba la expulsión y llamaba al Gobierno a frenar la acción, respetando el acceso a justicia y el debido proceso.

La reunificación familiar es un principio humanitario

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, señaló en un comunicado que hay específicamente cuatro casos en los que llegaron a la conclusión que se debía presentar un recurso de amparo, puesto que las detenciones fueron «ilegales». Estas «se basaban en motivos administrativos y no penales».

Micco precisó que hubo migrantes que señalaron que tenían vínculos familiares con Chile «y es un principio humanitario el de la reunificación familiar».

«Son venezolanos y todos sabemos la crisis que ahí se vive. Llegaron huyendo de una situación en que incluso organismos internacionales han asegurado que se violan los derechos humanos. La vuelta a su país puede acarearles represalias. El gobierno debe adoptar medidas para acoger a estas personas «, explicó el titular delINDH.

Según los datos solicitados y analizados por el Servicio Jesuita a Migrantes, en los últimos años la cantidad de expulsiones decretadas ha aumentado considerablemente. Entre 2018 y 2020 se decretaron 18.725 órdenes de expulsión, lo que concentra el 45% de las expulsiones decretadas desde 2010. Por su parte, el año con más órdenes de expulsión fue 2019, cuando se superaron las 8 mil.

Asimismo, las órdenes de expulsión a personas venezolanas han crecido exponencialmente desde 2019 en adelante. Así pasaron de sólo 43 en 2018, a superar las 2 mil en 2019 y 2020. La mayoría de las 5.185 expulsiones decretadas en 2020 fueron a venezolanos/as (43%), llegando a las 2.231, de las cuales el 97% fue de índole administrativa.

Comisión de migraciones de Convergencia Social rechaza detenciones

Convergencia Social rechazó las detenciones a ciudadania venezolanos así como «la política de expulsiones masivas que ha instalado el Gobierno».

A través de un comunicado, recalcaron que la ley obliga a notificar a tribunales de cada expulsión y aseguran que esto no está ocurriendo, «con lo cual se vulnera el derecho igualitario de acceso a la justicia».

«El gobierno se afirma en acciones administrativas saltándose la posibilidad de dar derecho a un debido proceso, sobre todo en aquellos casos en que los detenidos tienen familia en el país y en que no tenían antecedentes penales previos», sentenciaron.

Asimismo, señalaron que las medidas del Gobierno «vulneran el derecho de niños/as a vivir con sus familias al ordenar expulsar a personas que tienen hijos/as en Chile. La separación de NNAs de adultos/as responsables es una vulneración de derechos por parte del Estado. Se vulnera además con ello el principio de reunificación familiar».

Cabe mencionar que la nueva ley de migraciones establece un periodo de 180 días desde el 20 de abril para que las personas salgan voluntariamente del país sin ninguna sanción, lo que, según denuncia Convergencia Social, «actualmente se está vulnerando».

«El gobierno hace caso omiso al llamado que diferentes organizaciones sociales migrantes y de la sociedad civil, además de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que frene las expulsiones colectivas de migrantes. Las detenciones colectivas están prohibidas en el derecho internacional», explicaron.

Apuntan a que «esta política de explusiones del gobierno además promueve una lógica selectiva respecto de quienes son considerados/as como posibles residentes migrantes en Chile y quienes son marginados de residir en el territorio nacional, haciendo un uso mediático de la expulsión, lo que sólo favorece la criminalización y discriminación de este colectivo social».

Y concluyen con «un llamado a que el gobierno detenga su política de expulsiones que vulnera los Derechos Humanos, respete la ley vigente y las normas internacionales ratificadas por nuestro país, y garantice el debido proceso a todas las personas. Además llamar a evidenciar y detener la xenofobia institucional y estructural presente el día de hoy maquillada como política pública gubernamental».