Publicidad
Propuesta de Nueva Constitución
Convención libra su propio «Stalingrado»: Sistema Político logra acuerdo para dotar de más atribuciones a Cámara de las Regiones NUEVA CONSTITUCIÓN

Convención libra su propio «Stalingrado»: Sistema Político logra acuerdo para dotar de más atribuciones a Cámara de las Regiones

Roberto Bruna y María Arriagada
Por : Roberto Bruna y María Arriagada Periodistas de El Mostrador
Ver Más

Pocos repararon en que este lunes se vivió un día «histórico» por su importancia para el futuro del proceso constituyente, una verdadera «Batalla de Stalingrado» que, en todo caso, todavía sigue en desarrollo. ¿La razón? Se llevaba a cabo en la Comisión de Sistema Político una intensa negociación para redactar las indicaciones a los artículos que fueron rechazados en el Pleno el pasado 13 de abril, entre los que destacaban aquellos que definían las atribuciones de las dos cámaras que integrarán el futuro Poder Legislativo. Fue una jornada marcada por la tensión y el nerviosismo, como no se había visto antes en el ex Congreso, pues existía plena conciencia de que un fracaso en la negociación dejaría sin propuesta al órgano en algo tan importante como la institucionalidad que aprobará las leyes en un nuevo régimen constitucional. Pese a que se arribó a un acuerdo que consagró el bicameralismo asimétrico, todos debieron hacer concesiones para lograr la aprobación de la instancia plenaria: Apruebo Dignidad (FA y PC) se allanó a conferir nuevas competencias a la Cámara de las Regiones en materias sociales y de reformas constitucionales. Del Frente Amplio sostuvieron que el tema era tan sensible que incluso dos de los más reconocidos impulsores de un cambio profundo en el Poder Legislativo, como fueron los constitucionalistas Fernando Atria y Jaime Bassa, preferían “asumir como propia la derrota para evitar que los contrarios a una nueva Constitución aparecieran diciendo que es un fracaso de la Convención en su conjunto, y eso es capaz de opacar todo el catálogo de derechos sociales que fue aprobado la semana pasada”.


Gran parte de la población concilió el sueño desconociendo que este lunes 25 de abril de 2022 se libraba, dentro y fuera del ex Congreso Nacional, una dura y decisiva batalla política, acaso la más importante de los últimos años, toda vez que sería clave para el futuro del proceso constituyente y, sin ánimo de exagerar, para el futuro de la República de Chile: la discusión sobre las atribuciones que tendrían ambas cámaras legislativas en el futuro régimen constitucional, situación que definía gran parte de la propuesta que ha de presentar la Comisión de Sistema Político al Pleno. Había plena conciencia de que la falta de acuerdo redundaría en el fracaso de la Convención, al no ser capaz de dotar al país de una nueva “sala de máquinas”, y precisamente ese temor ayudó a correr los cercos ideológicos para arribar a un acuerdo que, no obstante, no satisfizo al Colectivo del Apruebo, espacio que agrupa a los convencionales de sensibilidad concertacionista, ciertamente más partidario de mantener una segunda Cámara parecida al Senado tradicional.

El Colectivo Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio, Independientes por una Nueva Constitución (conocidos como Independientes No Neutrales), Escaños Reservados y Movimientos Sociales Constituyentes, se plegaron al acuerdo. Se restaron, además del Colectivo del Apruebo, los de Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional. Alejandra Pérez, de este último colectivo e integrante de la Comisión de Sistema Político, se declaró disconforme y acusó al Colectivo Socialista que tiene la llave de la votación en el Pleno de no moverse de su posición original. «No estaban dispuestos a ceder ni medio metro. Para qué vamos a seguir conversando», señaló a El Mostrador la convencional, visiblemente extenuada por una jornada de trabajo difícil de sobrellevar para una persona con cáncer.

En el PC había una sensación que mezclaba el cansancio con la impresión de haber hecho todos los sacrificios necesarios para dotar al proceso de una propuesta imprescindible para su éxito, una que, según señaló Marcos Barraza, se logrará en la instancia plenaria, a juzgar por lo que indican las matemáticas. «Desde el PC hemos concurrido pensando en el interés superior del país. Sería una debilidad muy grande que el proyecto de nueva Constitución no contara son un sistema político definido», señaló. «Lo presentado por los colectivos que en su oportunidad no suscribieron el acuerdo no nos parecía a plenitud admisible, por eso fue tan trabajoso convenir un acuerdo que, a nuestro entender, no desdibujara el carácter de un sistema político en materias legislativas asimétrico, donde se resguardan las atribuciones políticas del Congreso de Diputadas y Diputados, y se potenciara el carácter territorial y regional de la Cámara de las Regiones. Es evidente que no todas las normas son de nuestra valoración plena, pero, para que hubiera sistema legislativo, tuvimos que concurrir en este acuerdo», añadió.

De esta manera, la Cámara que reemplazará al Senado también tendrá competencias en la tramitación de leyes vinculadas a salud, educación y vivienda, en materia de reformas constitucionales («el paquete completo», precisó Barraza) y en áreas que irroguen gasto para las entidades territoriales que están definiéndose en la Comisión sobre Formas de Estado. «Además concurren ambas cámaras en el nombramiento de las futuras autoridades», detalló el convencional comunista. Asimismo, la Cámara de las Regiones actuará como jurado de las acusaciones constitucionales con quórum de 2/3 de sus integrantes.

Pese a todas estas concesiones de Apruebo Dignidad, el DC Fuad Chahin no tuvo suficiente. El también integrante de la Comisión de Sistema Político fue uno de los que tempranamente había expresado su rechazo al curso de las conversaciones que tenían lugar en el ex Congreso Nacional. Después de ausentarse por largas horas, el falangista retornó al lugar alrededor de las 17:00 horas, oportunidad en la que se enteró del curso de las tratativas. Testigos afirmaron que expresó su molestia por las excesivas concesiones que hizo el Colectivo Socialista para conseguir el acuerdo.

Invitado a CNN Chile, Chahin cuestionó nuevamente el diseño bicameral propuesto por la instancia, al que volvió a calificar de «unicameralismo maquillado» que «funciona en los regímenes parlamentarios o semipresidenciales, no en los presidencialistas», los que según afirmó el convencional «necesitan dos cámaras para poder controlar el excesivo poder del Presidente de la República». Y agregó: «Este es un unicameralismo maquillado. Hoy día le están poniendo más maquillaje, peluca, disfrazándolo un poco más, pero sigue siendo unicameral toda la lógica, toda vez que la Cámara de Diputados puede torcerle el brazo con solo 4/7 a todo lo que opine la Cámara de las Regiones». Minutos después, Chahin advirtió que esta propuesta puede convertir a Chile en una de esas satrapías corruptas que abundan en el globo, citando los casos de Nicaragua, Venezuela y Rusia, al tiempo que acusó a convencionales de izquierda de sentar las bases para destruir la democracia.

En el mismo set, el convencional Fernando Atria (Apruebo Dignidad), uno de los impulsores del acuerdo, dejó entrever que la protesta de Chahin solo responde a su conservadurismo ideológico, no a las cualidades negativas que le asigna a un diseño que implicó múltiples concesiones de lado y lado. «No me extraña que el Colectivo del Apruebo encarnado en la persona de Fuad Chahin y la UDI estén de acuerdo», sostuvo el constitucionalista, quien luego indicó que «Fuad Chahin, las dos veces que hemos intentado llegar a un acuerdo conjunto, se ha parado de la mesa y ha dicho ‘yo me voy’. Por supuesto está en todo su derecho».

«Por cierto que el sistema propuesto sí tiene contrapesos (…). Las reformas importantes son reformas que se van a tramitar bicameralmente, sobre todo las políticamente más sensibles desde el punto de vista de la organización de un sistema democrático», declaró luego Atria. «Estoy pensando en legislación electoral, de partidos políticos, reformas constitucionales; va a haber una judicatura independiente, va a haber una Corte Constitucional; todo eso va a existir. Entonces, yo lamento que la manera de acusar este acuerdo sea inventando eslóganes, que esto es bicameralismo disfrazado o cosas de ese tipo», apuntó enseguida.

Una jornada marcada por el nerviosismo 

El debate televisivo fue ríspido, y nadie podía extrañarse de ello. La confrontación de posturas ha sido intensa en este asunto, al punto que nunca antes el poder constituido se había movilizado como lo había hecho hasta ahora, según reconoce la convencional Beatriz Sánchez. De ello daba cuenta la repentina aparición del presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, quien se dejó ver en las oficinas que la «Cámara Alta» tiene en el clásico inmueble de calle Compañía. Era la madre de todas las batallas, la «Stalingrado» de la Convención, y eso quedó de manifiesto con una defensa a muerte del Senado o, mejor dicho, de conferir las más amplias atribuciones a la nueva Cámara de las Regiones, al punto de convertir esta última en una institución similar a la que se propone derogar.

“La presión desde afuera hacia los y las convencionales de partidos de la ex Concertación ha sido abierta, por el diario, todos los días, y sus efectos parecen haberlo sentido los convencionales de esos partidos”, señaló a este medio Sánchez, quien seguía al dedillo lo que acontecía en la negociación. Y agregó: «Es el momento de mayor presión externa hacia la Convención desde distintos grupos que ven cómo el poder empieza a repartirse. Algunos en directorios de empresas, en el Senado, en el Poder Judicial, muchos personajes de la derecha y de la ex Concertación, quienes se niegan a imaginarse que las cosas se puedan organizar de maneras distintas. Y se usa la carta del Rechazo como amenaza para la moderación. Ese mundo está muy cómodo con las reglas actuales».

No exageraba Beatriz Sánchez, considerando que los viejos estandartes del concertacionismo habían realizado sendas intervenciones en medios de comunicación para proteger el bicameralismo que rige en la actualidad, marcado claramente por una Cámara revisora “con dientes”, lo que equivale a decir que debía contar con la suficiente cantidad de atribuciones como para intervenir en las leyes que se tramitasen en el Congreso de Diputadas y Diputados. En el aire aún revoloteaban las palabras del expresidente del Partido Radical y exministro Carlos Maldonado, quien se lamentaba de cómo el proceso se había distanciado de las expectativas de la gente al trabajar sobre un texto que le parecía un tanto “exótico”.

“Si no se mejora sustantivamente la línea, los contenidos, la forma, y por lo tanto no se presenta un texto mucho mejor que el conocemos hasta ahora, si yo tuviera que votar hoy elijo la Constitución de Lagos”, señaló Maldonado a Emol, en un claro uso de eufemismo político al esconder el hecho de la «Constitución de Lagos» no es otra que la Constitución del 80.

Tampoco caen el vacío acciones como la publicación de un inserto en el diario La Tercera por parte de un grupo de abogados y abogadas vinculados con el mundo más conservador de la ex Concertación, entre los que destacaban los exministros Jorge Burgos, Enrique Krauss, Carlos Figueroa y Jaime Ravinet, quien además fue ministro en el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

La senadora Ximena Rincón, una de las firmantes del inserto, ha sido una de las más acérrimas defensoras del Senado o de una Cámara revisora que se le parezca. “Sobre el Senado o la Cámara de las Regiones, el tema es si existirá defensa real de los derechos que se deberían consagrar en un sistema que está dejando más incertezas que seguridades”, señaló a El Mostrador. Al mismo tiempo, la parlamentaria de la Democracia Cristiana se quejó de la “posverdad” que –a su juicio– inundó la discusión, ya que al parecer “acá argumentos con datos no existen”, toda vez que el bicameralismo simétrico que ostenta el Poder Legislativo ha sido vital para “levantar proyectos de ley que no consiguen consensos mínimos en la primera cámara”, puntualizó. Agregó además que el 30 o 40 por ciento de los proyectos de ley que superan el primer trámite “son discutidos más rápidamente en la segunda Cámara revisora”. En suma, el aporte de este bicameralismo es –a su parecer– irredargüible.

Rincón citó como ejemplos los “retiros de los fondos de pensiones, la ley que financió la PGU, la Ley de Control de Armas, el fuero laboral para los trabajadores de la salud, el fomento al fútbol amateur, la ley ‘no más chat’ en la conducción, las cuotas de género en las organizaciones de pesca, la Ley de Etiquetado, el salario mínimo en 2022 y el Bono Clase Media”.

Alejandra Pérez, convencional que integra la Comisión de Sistema Político y que antes perteneciera a la ya desaparecida Lista del Pueblo y hoy a la Coordinadora Plurinacional, respondió que varios de esos proyectos de ley se aprobaron en un contexto posestallido (es decir, bajo amenaza popular de revuelta) y que ninguno entra a la médula del modelo económico y político que concentra la riqueza y el poder. “Las leyes que de verdad les cambian la vida a las grandes mayorías de este país duermen 10 años en el Congreso. Pero cuando se trata de los intereses de los empresarios o de ellos mismos, ahí sí aparece la suma urgencia”, declaró.

Según la senadora Rincón, hay otras materias aprobadas por el Pleno que generan enormes «incertezas», como la garantía de los derechos de la naturaleza, los tribunales indígenas, etc. La parlamentaria DC, quien prefirió no referirse abiertamente al Senado por tratarse de una figura incumbente y arriesgar críticas al presunto carácter corporativo de su defensa, dejó entrever que no aprobaría una mala propuesta de Constitución. Consultada por este medio respecto a si puede no ser lo suficientemente buena una propuesta de Carta Magna que consagra derechos sociales como nunca antes, respondió: «Aún no conocemos los derechos sociales que se estarían garantizando y las redacciones que se van a proponer (…). Para garantizarlo uno debe asegurar su acceso. No basta con la intención”. La convencional Pérez retrucó preguntando por qué entonces adelantó una voluntad que sirve de insumo para la campaña del Rechazo en el plebiscito de salida, pese a que “ni siquiera tenemos el texto terminado. Yo quiero que la gente vote en conciencia como quiera, pero que lo haga sabiendo lo que se vota”.

Así las cosas, el diagnóstico en el órgano encargado de redactar la nueva Carta Fundamental existía plena conciencia de lo que estaba en juego. Se sabe que el mundo más conservador del viejo concertacionismo aún tiene mucho poder al interior de ese ámbito, y cualquier disconformidad bien se podría traducir en un «estado de reflexión» que resulta funcional a la narrativa del Rechazo o, derechamente, llamar a votar por esta última opción. «Es peligroso que coqueteen con el Rechazo», planteó Sánchez, quien añadió: «Cada uno es libre de votar como quiera, es un ejercicio legítimo, pero me parece peligroso que llamen a rechazar una nueva Carta Fundamental que no conocen. Les pediría algo más de consecuencia a esos mismos sectores que han estado públicamente con dejar atrás la Constitución neoliberal de Pinochet. Los chilenos y chilenas salimos a la calle pidiendo ese enorme cambio, no podemos fallar. No podemos darle la espalda a esa demanda”, subrayó.

La derecha, que ha desempeñado un rol secundario en este proceso, está plenamente de acuerdo con una Cámara revisora. «Yo soy partidaria de que se mantenga el Senado”, dijo la convencional UDI Carol Bown, quien destacó que el Senado «ha sido una institución relevante, y solucionar los problemas legislativos no pasa por eliminarlo, sino estableciendo un proceso legislativo que sea más eficiente y que no puedan estar 5 años tramitando una ley. Por ejemplo, estableciendo sanciones cuando no se respeten las urgencias”.

Decía una fuente del Frente Amplio que el tema era tan sensible que incluso dos de los más reconocidos impulsores de un cambio profundo en el Poder Legislativo, como fueron los constitucionalistas Fernando Atria y Jaime Bassa, preferían “asumir como propia la derrota para evitar que los contrarios a una nueva Constitución aparecieran diciendo que es un fracaso de la Convención en su conjunto, y eso es capaz de opacar todo el catálogo de derechos sociales que fue aprobado la semana pasada”.

En términos prácticos, y tratando de verle el lado positivo a lo ocurrido, al menos la propuesta en materia bien permitía introducir ciertas correcciones a un Poder Legislativo que, de más está decirlo, no pocos convencionales juzgan viciado, toda vez que genera espacios de conversación impropios para el bien común (como la Ley de Pesca) y porque introduce una clara “burocratización” de los proyectos de ley que apuntan a desconcentrar la riqueza y el poder. Era esto o lo otro, así de simple, se señala. ¿Y en qué consistía la otra alternativa? Una que les parecía inconcebible: que el propio Congreso tramitase una reforma constitucional futura para generar el nuevo marco institucional. “Y para qué andamos con cosas: un Congreso no se va a arreglar a sí mismo. Nunca va a pasar eso”, sostuvo la fuente del Frente Amplio.

Entendiendo la defensa de la Cámara revisora

Los gritos de «traidores» a los convencionales socialistas que rechazaron el último informe de la Comisión de Medio Ambiente dan cuenta de cómo la tensión se ha instalado en la recta final de la Convención. Y esa tensión no solo es evidente al interior de un órgano que reúne a 154 personas diversas y afectadas por la fatiga que ocasionan las extenuantes jornadas de trabajo diario, sino que también se ha tornado evidente en el poder constituido, en especial el conservadurismo concertacionista, que para muchos convencionales ha asumido veladamente las banderas del Rechazo, tal y como lo ha sugerido la derecha, donde asumen que una intervención más activa de este último bloque puede ser contraproducente.

Aquellos integrantes de la Convención que provienen de los extramuros de la política institucional chilena, cuentan que, detrás de todo el rechazo a la eliminación del Senado, no estarían solo las razones divulgadas a través de los medios de comunicación. ¿Cuáles son esas razones públicamente formuladas? Básicamente son tres: que se afectarán los equilibrios entre poderes, que la representación perjudicará a las regiones más deshabitadas y que la pérdida de “calidad legislativa” puede ocasionar una herida de muerte a la democracia de la República.

¿Por qué alguien que se declara «progresista» preferiría una Cámara como el Senado, una que según sus críticosha dado sobradas muestras de ralentizar o abortar las transformaciones? Frente a las tres razones que se esgrimen para rechazar el unicameralismo, existe idéntica cantidad de tesis referidas a los motivos que sustentan la protección del bicameralismo espejo, todas complementarias.

La primera tesis apunta a una defensa corporativa que se sostiene en el «enorme poder» que ostenta cada senador en su respectiva región, más allá de su trabajo legislativo. Sostuvo al respecto Beatriz Sánchez: «Hoy su influencia en las regiones es enorme en la designación de los cargos regionales, de los nombres de las candidatas y los candidatos de la zona, y además ganan influencia y posición en sus propios partidos. Es un tema de poder».

La segunda tesis es más utilitarista y apunta a una estructura institucional que genera puestos de trabajo y financiamiento para los partidos. «Pensemos lo cómodo que debe ser ganar más de 9 millones de pesos”, señaló Alejandra Pérez. «Pero si hacemos las cuentas considerando que las asignaciones son más de 23 millones de pesos al mes, entonces un senador le cuesta al Estado más de 2.800 millones de pesos en los 8 años que está en el cargo. ¿Me van a decir que algo de eso no va a los partidos?”, añadió.

La tercera tesis es más sociológica y tiene que ver con el atávico temor de una élite que duda de la madurez de la ciudadanía para gobernarse a sí misma, por lo que precisa de una instancia más «noble» que morigere las pulsiones de una «Cámara Baja», proclive a aprobar iniciativas marcadas por un desbordado espíritu transformador. Esta tesis es ampliamente compartida por los convencionales. «Hay un temor a las personas, a lo que decidan, a sus acciones, en la misma Convención no hemos podido aprobar ningún mecanismo de democracia directa», especificó Beatriz Sánchez. Esta creencia se traspasa al ámbito jurídico, según señaló el coordinador de la Comisión de Sistemas de Justicia, Christian Viera.

“La primera razón es muy clásica, pues proviene de El espíritu de las leyes de Montesquieu», afirmó el jurista en torno a una reflexión que apunta a “establecer una Cámara política y una Cámara reflexiva, y de hecho, en abstracto, ese es el diseño nuestro: ¿por qué los diputados tienen edad mínima de 21 años y los senadores de 35? Porque detrás de esa idea de los liberales burgueses del siglo XVIII estaba una Cámara que es reflexiva, que es el Senado; y una Cámara política, que es la Cámara de Diputados. ¿Y qué caracteriza a la segunda, la ‘Cámara política’? La pasión. Y esta otra, el Senado, es el poder moderador que atempera la áspera discusión”, afirmó el convencional.

Y añadió: “Uno puede entenderlo para el siglo XVIII, pero no responde a la realidad chilena, porque ambas son cámaras políticas. Ambas hacen más o menos lo mismo. No es un tema de eficiencia legislativa”, precisó el académico y doctor en Derecho.

Los expertos cuestionan la defensa de la Cámara revisora

El señalado coordinador de la Comisión de Sistemas de Justicia, Christián Viera, desmenuzó el manido argumento de la “calidad legislativa”. Hasta aquí, al menos en la experiencia chilena –apuntó– no se ha advertido evidencia que permita sostener tal cosa. Por el contrario, declaró: “Lo que hay es una burocratización del proceso legislativo”.

Por su parte, el académico y constitucionalista Domingo Lovera emplazó a los que enarbolan este tipo de argumentos a que respondan claramente qué significa la “calidad legislativa”, quién fija ese estándar, cuáles son los criterios para establecer esa calificación. Hasta aquí no existe nada de eso, señaló. “Podemos pensar en otros mecanismos de incentivo para mejorar la deliberación y la discusión racional que no necesariamente pasen por una segunda Cámara”, indicó.

Sobre la afectación de la representación regional, Lovera cuestionó la “sensibilidad” regionalista y descentralizadora del Senado chileno, algo prácticamente inexistente en comparación con lo que se ve en los estados federales, “como en Estados Unidos, donde no hay duda que cada uno de los estados, no importa qué población tenga, elige a dos senadores o dos senadoras  y, en consecuencia, permiten igualar la disparidad de representación que se produce producto de las distintas densidades poblacionales en los distintos estados”.

Y agregó: “Hasta hoy no hay ningún antecedente, ninguno, de que el Senado haya estado cumpliendo un rol de representación regional que, por su reemplazo por la Cámara de las Regiones, se viera menguado, mancillado o afectado. Más bien uno tendería a pensar que lo que la Cámara de las Regiones va a hacer es promover que, efectivamente, sí puedan existir intereses regionales que deban ser considerados obligatoriamente en las decisiones legislativas que pueda aprobar el Congreso Nacional”.

Este punto es secundado por Javier Couso, académico constitucionalista, quien se declaró de acuerdo con el concepto de “Estado regional”, toda vez que tiende a una “verdadera descentralización en uno de los países más centralizados de América Latina y, dada su extensión, uno de los más centralizados del mundo. Hay muchos senadores de Santiago que ponen una casa de veraneo y postulan por una región. Eso sería inconcebible en Colombia, que tiene un Estado unitario, pero tiene una verdadera descentralización”.

Ambos coinciden en lo extremo y forzado del argumento orientado a alertar sobre un eventual desbalance entre poderes, un temor que descansa, según Lovera, en un “error conceptual grave”, toda vez que “no puede existir, dentro de un mismo poder, una ‘subseparación’ de poderes, cuando las cámaras en lo medular cumplen las mismas funciones. Es cierto que el Senado tiene otras funciones parroquiales, como también las tiene la Cámara de Diputados, pero la mismas concurren en igualdad de condiciones en la elaboración, discusión y aprobación de las leyes”.

Couso, por su parte, recordó que “la noción de pesos y contrapesos viene de Estados Unidos, el checks and balances”, que de acuerdo al constitucionalista emerge de la “distinción de frenos y contrapesos que pone el Poder Legislativo versus el Poder Ejecutivo versus el Judicial”.

“El que haya al interior del Legislativo otro peso o freno, otro check and balance, no es inherente a la separación de poderes. Los contrapesos están dados por la separación de poderes”, puntualizó. Pretender una redundancia dentro de un mismo poder, a efectos de preservar la independencia de poderes (algo básico en la salud democrática de un país, cosa que nadie niega), “es una exageración desmentida por una de las dos democracias más libres de América Latina: Costa Rica, que es un sistema presidencial que tiene un sistema unicameral”, por lo que “teniendo un Poder Judicial autónomo y una separación entre el Ejecutivo y el Legislativo, es una exageración decir que se va a perder la libertad”.

En cuanto al temor de la senadora Ximena Rincón por la justicia indígena, Couso fue categórico: “El hecho de que la Corte Suprema siempre va a conocer de las impugnaciones a las decisiones de los tribunales indígenas vuelve completamente absurdos los temores que se han levantado”, afirmó. Junto con recordar que la justicia indígena ya existe en países poco bolivarianos, como Canadá y Nueva Zelanda, el constitucionalista recordó que las materias que ven generalmente son muy pocas y, además –precisó– “tomará muchos años en implementarse”, del mismo modo que mucho tiempo tomará decidir qué elementos de la justicia tradicional “pueden codificarse, quiénes van a ser los jueces indígenas. Y, en todo caso, toda decisión de esos jueces va a poder ser revisada por la Corte Suprema, como ya quedó aprobado por el Pleno”, concluyó.

Publicidad

Tendencias