Acusaciones de «tutelaje» y negociaciones cruzadas ponen tensión al acuerdo constituyente

A dos días de alcanzado un acuerdo, el grupo de seis abogados –con representación de los distintos partidos políticos– ya fue convocado y está buscando horarios para comenzar a reunirse. Hasta el momento, los partidos solo han nominado a hombres, como el candidato socialista Gabriel Osorio, abogado cuya nominación no estuvo exenta de polémica, por ser uno de los principales asesores de la presidenta del PS, Paulina Vodánovic.

Cabe recordar que será este grupo de abogados el encargado de redactar la moción parlamentaria que deberá tramitarse en el Congreso y aprobarse por 4/7 de los parlamentarios. El texto, junto con traducir el pacto en un boletín legislativo, deberá hacerse cargo de varios cabos sueltos, como, por ejemplo, la forma de implementar la paridad, la calidad de independientes de los integrantes de los partidos en formación, además de la dieta de los miembros del eventual Consejo Constitucional.

En ese contexto, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, se refirió este miércoles a los problemas y debilidades en las negociaciones cruzadas, que podrían hacer caer el acuerdo constituyente alcanzando este lunes, y advirtió que «si la derecha económica no levanta el veto a las reformas previsional y tributaria del Gobierno, el acuerdo podría eventualmente caerse». Para la dirigenta oficialista, Apruebo Dignidad ha hecho «concesiones muy dolorosas, limitando considerablemente nuestra propuesta de cambio transformador. Es hora de que las grandes empresas y los grandes grupos económicos se pongan la camiseta por Chile y aprueben estos proyectos emblemáticos», sostuvo.

Desde la FRVS insisten en emparentar estos dos procesos, mientras en la oposición apuntan que podría tratarse de una estrategia de presión, en pos de conseguir los votos necesarios para sacar adelante ambos proyectos emblemáticos del Ejecutivo. No obstante, en el oficialismo puntualizan que dicha postura responde a una visión aislada y que no necesariamente es compartida por el resto de colectividades que conforman tanto Apruebo Dignidad como Socialismo Democrático.

«Hay que separar la acción del Gobierno, y sus reformas, del acuerdo constituyente. Creo que tiene que ir por carriles separados, y que una de las lecciones que tomamos del pasado es que el proceso constituyente tiene que seguir su propio curso, tanto en la incidencia ciudadana como también en la discusión del órgano soberano para dar esa discusión, y creería que el Gobierno se tiene que empezar a preocupar de sacar adelante sus reformas, y también atacar las urgencias sociales como seguridad y costo de la vida, pero no inmiscuirse en la discusión constituyente», apuntó el presidente de Comunes, Marco Velarde.

En ese sentido, y si bien compartió que la derecha torpedeó las reformas emblemáticas del Gobierno y ejerció una presión más allá de lo que se debería en el acuerdo constituyente, señaló que el oficialismo mostró todas las credenciales democráticas respecto a que el nuevo proceso será de grandes acuerdos y donde ningún sector político será excluido.

Y aunque los partidos buscan que dicho acuerdo sea lo más exhaustivo posible, lo cierto es que el documento firmado este lunes aún tiene aspectos por resolver. Uno de ellos, y que ha concitado mayor atención mediática, es el que dice relación con la remuneración de los consejeros constitucionales, los 24 expertos y los 14 abogados que conformarán el Comité Técnico de Admisibilidad. Toda una polémica que escaló luego de una declaración del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, quien aseguró que «no van a recibir dieta, ya que se trata de personas que, al tener un compromiso incondicional con el país, van a servir a Chile a través de esta instancia».

Una frase que no fue del todo precisa y que ha traído nuevos inconvenientes para un Gobierno que requiere de la unidad necesaria para destrabar la discusión constituyente y, también, avanzar hacia el cumplimiento de su programa de reformas, con el que el Presidente Gabriel Boric logró imponerse en las elecciones de 2021. Desde el PS, por ejemplo, respondieron rápidamente, asegurando que «a los constituyentes se les debe pagar una remuneración». «Todo chileno o chilena que presta un servicio requiere recibir un pago por el trabajo realizado, sobre todo, si ese servicio es trascendental para la historia de nuestro país, como es apoyar y ayudar en la escritura de la nueva Carta Fundamental», comentó el diputado Marcos Ilabaca.

Tutelaje: la advertencia de Comunes

«Como Comunes tenemos legítimos reparos del acuerdo, porque limitan la participación y carácter del proceso. Reconocemos la necesidad de un consejo técnico que acompañe la discusión, pero creemos que existen excesivos elementos de tutelaje que restringen el debate democrático», señaló el partido en un comunicado.

«Estaremos a disposición de disputar y mejorar lo que sea necesario, para que el proceso tenga como protagonistas a la ciudadanía», añadieron desde la colectividad.

A su vez, manifestaron que firmaron el acuerdo «porque pensamos que es nuestro deber responder al mandato soberano de contar con una nueva Constitución que reemplace la impuesta por la dictadura y que nos permita avanzar en derechos sociales».

Recordemos que el acuerdo contempla una Comisión de Expertos, un Consejo Constitucional y un Comité Técnico de Admisibilidad. El primer órgano estará conformado por 24 expertos: 12 designados por la Cámara de Diputadas y Diputados y los otros 12 por el Senado. Estará encargado de elaborar un anteproyecto, que servirá de base para el Consejo Constitucional.

El Consejo Constitucional, por su parte, estará compuesto por 50 personas electas. En tanto, el Comité Técnico estará formado por 14 expertos designados por el Senado –a partir de una propuesta elaborada por la Cámara Baja–. Su labor será revisar las normas aprobadas en los dos órganos mencionados, para detectar eventuales inadmisibilidades respecto a la bases institucionales definidas en el acuerdo.