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Abogados penalistas y académicos critican duramente al Congreso por “minar el sistema jurídico” por los alcances de la Ley Naín-Retamal PAÍS

Abogados penalistas y académicos critican duramente al Congreso por “minar el sistema jurídico” por los alcances de la Ley Naín-Retamal

Un grupo de más de 100 profesores y profesionales del área del derecho penal y criminología, entre los que se encuentran los abogados Mauricio Duce y Karinna Fernández, además de la académica de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, y la exjefa de asesores del gabinete del Presidente Boric, Lucía Dammert, ha expresado su preocupación por las modificaciones al Código Penal que ha introducido el Congreso Nacional en medio de la discusión de la Ley Naín-Retamal en el Senado. En concreto, critican las modificaciones a las normas que regulan la legítima defensa y los delitos de tortura y apremios ilegítimos, que según ellos aumentan los niveles de confusión en el uso de la fuerza policial y podrían afectar gravemente los derechos de las personas y la responsabilidad y probidad en el ejercicio de la función pública. Además, aseguran que se pierde una oportunidad valiosa para abordar la actual crisis de seguridad con medidas eficaces y sostenibles en el tiempo. A la consigna se han adherido varios expertos en las últimas horas, a medida que avanza la discusión legislativa sobre seguridad pública. [ACTUALIZADA]


Más de 130 abogados penalistas y académicos del derecho y la criminología criticaron duramente al Congreso por las recientes modificaciones al Código Penal, las cuales, según ellos, “minan” el sistema jurídico y aumentan la confusión sobre el uso de la fuerza policial.

A través de una carta firmada entre otros por la abogada consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz; la académica de la Universidad de Chile y de la Sociedad Chilena de Criminología, Alejandra Mohor y la abogada especialista en DD.HH y Derecho penal Karinna Fernández, expresan su preocupación por la falta de claridad en las nuevas normas que regulan la legítima defensa y cómo esto afecta la labor policial y los derechos de las personas. Específicamente, señalan los alcances de la denominada Ley Nain-Retamal que se discute en el Senado y que busca reforzar y proteger la función policial.

Todos apuntan a la segunda hipótesis de la nueva “legítima defensa privilegiada” que extiende el alcance del permiso sobre uso de armas de servicio, lo que deja la cuestión entregada a un criterio “puramente subjetivo” del agente. También, manifiestan su preocupación ante la confusa regulación al uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, lo que aseguran pone en riesgo la integridad de las personas y retrocede en el esfuerzo para que las policías puedan hacer un uso adecuado de su armamento.

Además, en la misiva a la que también adhieren el abogado de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce y ​la ex jefa de asesores del gabinete del Presidente Gabriel Boric, Lucia Dammert, se menciona la alteración a la regulación de los delitos de tortura y apremios ilegítimos, y se expresa la preocupación por la restricción del alcance del delito de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, limitándolo a conductas cometidas exclusivamente con malicia y no con simple dolo, entre otras limitaciones. También, se menciona la introducción de una norma de impunidad para el superior jerárquico que “no impide o hace cesar” la aplicación de apremios ilegítimos.

En la carta se subraya que se ha perdido una oportunidad valiosísima para atender las demandas de seguridad de la ciudadanía con medidas que sean eficaces y sostenibles en el tiempo. Además, se destaca que la seguridad es una prioridad y que las policías cumplen una función esencial en un Estado Democrático de Derecho, pero se requiere la creación de un estatuto que dote de dignidad y certeza a las formas aceptables del uso de la fuerza para que las policías puedan cumplir con su labor en la comunidad de manera adecuada y sin incertidumbre.

Firman la declaración, además, Luis Vial Recabarren, sociólogo de la Sociedad Chilena de Criminología; Angélica Ramírez Valdés, académica de psicología en la UDLA; Sergio Fuenzalida, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Central, y Ricardo Bustos Becerra, abogado y presidente de la Agrupación de Defensores de DDHH, a quienes se han sumado otros expertos en las últimas horas.

Consulta la declaración y la lista completa de profesionales que adhieren a la consigna.

Carta de penalistas por Ley Naín-Retamal by El Mostrador on Scribd

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