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Comunidad yagán valora resolución judicial contra salmonera del canal Beagle: “Es una pequeña lucha que se ha ganado”

El presidente de la comunidad yagán, David Alday, afirmó que la resolución de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas demuestra “lo oscuro y turbio” de las concesiones en la zona de Magallanes.


Desde la comunidad yagán se valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas de declarar admisible el recurso de protección interpuesto contra la salmonera Cabo Pilar, empresa pesquera que detenta cuatro concesiones de salmonicultura, concedidas en el 2005, en el sector del canal Beagle.

El presidente de la comunidad yagán, David Alday, dijo a El Mostrador que la decisión de la Corte magallánica representa «una pequeña lucha que se ha ganado, que demuestra lo oscuro y turbio de cómo se han conseguido estas concesiones y cómo se han utilizado estrategias para saltarse, por ejemplo, la consulta indígena». «Fuimos pasados a llevar como comunidad indígena en todos los ámbitos», aseguró.

«Esta medida de precaución significa mucho para la comunidad y para el movimiento. Es una pequeña reivindicación, esto corona una etapa de harto esfuerzo y de hartos movimientos administrativos por parte de Greenpeace, la municipalidad, entre otros actores», indicó.

Dado que el tribunal de alzada también acogió la orden de no innovar que paraliza las operaciones de la salmonera (adquirida por la empresa de capitales noruegos Nova Austral)  el líder de la comunidad yagán explica que esta decisión les puede servir para «hacer otros movimientos mientras se dan estos días de paralización».

La conformidad de Alday se suma a la del alcalde de Puerto Williams, Patricio Fernández, quien destacó a este medio la importancia de labor de la comunidad, de la municipalidad y de los asesores externos, la que contribuyó a que el propósito de prohibir la instalación de salmoneras en el canal Beagle, tome fuerza.

Sin embargo, el jefe edilicio señaló que “no hay que descuidarnos y obviamente vamos a seguir con los pasos administrativos y dos acciones legales más. Una es ante la Contraloría General de la República y la otra es una acción de derecho administrativo que vamos a presentar ante los tribunales”.

 

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