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La comunidad austral celebró la suspensión de operaciones decretada en la orden de no innovar, acogida por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas contra la empresa pesquera Cabo Pilar. De todos modos, se lo toman con cautela, porque –como advirtió el alcalde de Puerto Williams, Patricio Fernández- “ahora no hay que bajar los brazos, hay que mantener la lucha abierta”. En el recurso, los recurrentes acusan a la empresa de vulnerar “una medida cautelar vigente, de la cual se encontraba en pleno conocimiento”, aludiendo a una resolución dictada en 2008 por el Tribunal Arbitral de Osorno que ordenó la suspensión total de operaciones para cuatro concesiones salmoneras en Canal Beagle.
La lucha de las comunidades de Puerto Williams y yagán en contra de la industria salmonera en el canal Beagle se anotó una victoria parcial en los tribunales de justicia, luego que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible un recurso de protección presentado por los habitantes y la Fundación Greenpeace Pacífico Sur en contra de la empresa pesquera Cabo Pilar, titular de cuatro concesiones de salmonicultura otorgadas en 2005 en el sector austral.
Ante esto, la Corte magallánica solicitó antecedentes y dio lugar a la orden de no innovar, lo que implica que la empresa (adquirida por la empresa de capitales noruegos Nova Austral) debe detener las faenas hasta que no se resuelva el fondo del recurso.
La comunidad austral celebró la suspensión judicial, aunque se mantiene expectante respecto a los próximos pasos. “Esta es una gestión en común. Creo que habla muy bien del trabajo que se está realizando en conjunto entre la comunidad, la municipalidad y los asesores externos que tenemos el mismo propósito de prohibir que se instalen las salmoneras en el Canal Beagle. Pero ahora no hay que bajar los brazos, hay que mantener la lucha abierta”, dijo a El Mostrador el alcalde de Puerto Williams, Patricio Fernández.
Por su parte, Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace, planteó que “se trata de una potente señal que viene a confirmar que lo irregular del intento de expansión salmonero en la Patagonia y un importante paso para que las aguas que son la puerta de entrada a la Antártida, no sufran la invasión salmonera que ya han sufrido extensas zonas en Los Lagos y Aysén”.
La admisibilidad del recurso de protección se da a pocos días de la visita de los reyes de Noruega a la zona, la cual estuvo marcada por diversas protestas en Punta Arenas y Puerto Williams.
En el recurso, los recurrentes recordaron que la empresa “se ha vulnerado una medida cautelar vigente, de la cual se encontraba en pleno conocimiento».
La medida en cuestión fue dispuesta en 2008 por el Tribunal Arbitral de Osorno luego de un juicio para resolver un conflicto entre privados. Se trata del oficio 1161 de enero de 2009, en el que el juez concede «la suspensión total de operaciones y de ingreso de peces y de estructuras flotantes, pontones, balsas jaulas o cualquier otro bien mueble respecto de la concesión de acuicultura».
Sin embargo, en 2010, Cabo Pilar pidió aumentar el tonelaje máximo de producción de salmónidos en tres de sus concesiones, modificación que fue autorizada en 2015, con lo cual dos centros pasaron de 1.500 a 2.500 toneladas permitidas, y uno pasó de 1.500 a 3.427, contraviniendo el oficio de 2009.
En concreto, la empresa realizó -en forma sistemática e ininterrumpida- «mediciones de batimetría en el sector en el que se van a emplazar las balsas jaulas, informes de laboratorios de perfiles de columna de agua, informe de laboratorio de filmación submarina, informe de laboratorio de macrofauna bentónica, granulometría y materia orgánica, entre otros».
Así consta en un documento que la empresa envió al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge Troncoso Contreras, el 26 de enero de 2015.
El texto también señala que «en particular, con la empresa Akva Group Chile S.A., se está elaborando el análisis de desarrollo de las balsas jaulas que se instalarán en los sectores concesionados en el canal Beagle, para lo cual, además se han realizado diversas inspecciones al sector, para determinar el diseño estructural para el tipo de características oceanográficas donde serán fondeadas».
«Todo lo anterior acredita que la empresa pesquera Cabo Pilar, sin perjuicio de la medida precautoria de prohibición ya indicada, y sin vulnerar esta, ha desarrollado dentro de los últimos años gestiones y actos, que de acuerdo al art. 73 del reglamento del SEIA y concordado con el art. 25 de la Ley 19.300, acreditan que se ha dado inicio de ejecución al proyecto acuícola ya mencionado», finaliza.
Según la coordinadora del área de océanos de Greenpeace, “con esta resolución se demuestra una vez más que la empresa inició sus operaciones de manera ilegal. Nova Austral intenta exhibir un rostro que contrasta con la forma de actuar, que es violando la ley y operando en parques y reservas nacionales. En resumen, su salmón sustentable no es más que un mito que sólo existe en sus discursos».
Junto a este proceso judicial en curso, la comunidad tiene otras opciones pendientes. “No hay que descuidarnos y obviamente vamos a seguir con los pasos administrativos y dos acciones legales más. Una es ante la Contraloría General de la República y la otra es una acción de derecho administrativo que vamos a presentar ante los tribunales”, finalizó el alcalde de Puerto Williams.
