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Magistrados sobre polémica por libertades a detenidos en Plaza de la Dignidad: “No sabemos si son Primera Línea” PAÍS Crédito: Agencia Uno

Magistrados sobre polémica por libertades a detenidos en Plaza de la Dignidad: “No sabemos si son Primera Línea”

Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación de Magistrados, entró al debate por la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago respecto a los detenidos en Plaza de la Dignidad. “Nos falta entender cómo funciona el proceso penal, lo que está funcionando es lo que está establecido en la ley, porque cuando recién se formaliza lo que se resuelve es una medida cautelar (…) estamos recién partiendo una resolución, no una sentencia ni sanción penal”.


La presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, defendió al sistema judicial ante la polémica generada por la decisión de dejar en libertad a los detenidos por Carabineros en las protestas registradas el lunes en el sector de la Plaza de la Dignidad.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago optó por no decretar prisión preventiva ni internación provisoria en el caso de 43 de los 44 sujetos detenidos por desórdenes en Plaza Italia. La medida fue lamentada por el oficialismo y el Gobierno, que decidió apelar a la resolución, sobre todo considerando que –de acuerdo a su versión- las detenciones significaron todo un golpe a la denominada “Primera Línea”.

Entrevistada en Radio Duna, Piñeiro explicó que el sistema penal debe «presumir inocencia», y acotó que el juez es quien debe determinar la decisión con los respectivos antecedentes.

En línea con lo anterior, la abogada advirtió que “estamos recién partiendo una resolución, no una sentencia ni sanción penal, ya que recién las partes han pedido las medidas cautelares y no sabemos realmente si son “Primera Línea””.

Asimismo, aclaró que “el hecho de que una persona sea detenida, no significa que sea sancionada porque puede que haya un error en la detención, por lo tanto, no son elementos que necesariamente tengan un peso relevante al momento de decidir una medida cautelar o una sentencia”.

Sistema penal

Respecto al conducto regular de la resolución judicial, la presidenta de la Asociación de Magistrados recordó que “el sistema penal debe imponer la presunción de inocencia y estas se construyen única y exclusivamente con una sentencia definitiva y todavía no estamos presente a una sentencia, o sea todavía se presume la inocencia de estas personas”.

También dejó entrever que la polémica producida con este caso revela una falta de entendimiento de la educación penal- jurídica. “Nos falta entender cómo funciona el proceso penal, lo que está funcionando es lo que está establecido en la ley, porque cuando recién se formaliza lo que se resuelve es una medida cautelar. Lo único que nos está diciendo es que el proceso se está iniciando y estamos frente a un delito menor, por lo que no es una conducta extraña ya que es la fórmula que está establecida en la ley, lo que pasa es que estamos frente a situaciones que se publicitan más”, indicó.

Siguiendo el mismo tema, Piñeiro insistió en el porqué de la determinación: “No es que no proceda la prisión preventiva, el tema es que es el juez, quien tiene que hacer la evaluación de antecedentes, hace que en el caso en particular pueda o no proceder. O sea, no es que se descarten de plano y no se trata de que nunca vayan a proceder con prisión preventiva, es que en el caso en particular los antecedentes no eran suficientes para aplicar dicha medida. Es posible que suceda, pero a cada uno de los jueces le corresponde aplicar esta medida cautelar con los antecedentes que tengan”.

Asimismo, respecto a la labor del Ministerio Público, la abogada volvió a recordar que “los jueces no pueden resolver aplicando un delito más gravoso del que se invoca por las partes y en este caso tampoco puede aplicar una cautelar, que el Ministerio Público no ha pedido, aunque en este caso si la pidió el querellante, pero si no se nos pide no lo podemos aplicar”.

Aplicación de Ley Antibarricadas

Consultada por la aplicación de la nueva legislación, en concreto la Ley Antibarricadas despachada por el Congreso en medio del estallido social, Piñeiro dijo que “aquí se les imputó por delitos de desórdenes públicos y no por una barricada, estamos en una situación distinta, yo entiendo que la ley en algún momento va a servir, pero probablemente este no es el momento de aplicarlo”.

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