ELECCIONES 2021
A menos de un mes de la elección presidencial del 21 de noviembre, la abanderada del Nuevo Pacto Social lanzó su programa definitivo de Gobierno. La actual senadora se comprometió a pagar la llamada «deuda histórica» de los profesores y «perfeccionar la gratuidad», entre otras medidas.
Son 178 páginas las que tiene el programa de Gobierno de la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, que lanzó hoy. Entre sus ejes está la reconstrucción post pandemia, la participación indígena, la plurinacionalidad, y la paridad de género. Un programa que aseguró se va a financiar con un nuevo pacto tributario «destinado a recaudar 5 puntos del PIB adicionales, aproximadamente 15 mil millones de dólares». Además, propone la creación de una Comisión para la Verdad y la Reparación, «que pueda aclarar de manera ágil y certera la magnitud, entidad y calificación de las violaciones ocurridas, así como la situación de las víctimas directas y proponer las reparaciones que correspondan», a propósito de las violaciones de Derechos Humanos en el marco del estallido social.
En Salud, apuestan por un sistema universal de salud, «comenzando con la implementación de un seguro único público que permita mancomunar el 7% de las cotizaciones, garantizando un acceso equitativo y de calidad a las atenciones de salud, incluidas las atenciones de urgencia vital; el procuramiento, donación y trasplante de órganos; y un moderno sistema de rescate prehospitalario y una cobertura financiera que brinde una adecuada protección a las personas. Se permitirá la existencia de seguros complementarios de salud regulados».
En Educación, la candidata se compromete con el pago de la deuda histórica a las profesoras y profesores, el fin del CAE y el perfeccionamiento de la Gratuidad. «Aumentaremos, de manera transitoria, el límite de duración de la gratuidad en Educación Superior, en dos semestres respecto de las carreras universitarias y en un semestre tratándose de carreras técnicas», manifiesta la propuesta. Además, incluye un subsidio de internet para estudiantes vulnerables y la entrega de dispositivos computacionales para profesores y alumnos hasta 7° básico.
Sobre Seguridad y Narcotráfico, propone establecer una fuerza de tarea permanente para abordar el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado. «Modernizaremos la Ley N° 20.000, poniendo el foco sobre el gran tráfico y en evitar que se utilice para abultar detenciones bajo una lógica de pesca de arrastre que termina por encarcelar la pobreza, dejando impunes a los grandes narcotraficantes», dice el documento. Agrega que se regulará de forma estricta y responsable el consumo y autocultivo de cannabis y se fortalecerá un marco regulatorio que permita el uso medicinal. Anuncia la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y una nueva Agencia Nacional de Inteligencia.
En cuanto a las Pymes, sostiene que potenciarán el protagonismo de la Pymes en los programas de fomento público, promoviendo el encadenamiento productivo de las diversas industrias donde el país posee ventajas, integrándolas a cadenas de mayor valor agregado bajo modalidades asociativas e individuales. «Propiciaremos la licitación de recursos, en base a tasas de interés, de modo que las Pymes reciban beneficios directos (menores tasas) mediante créditos con garantía estatal real del 80%», sostiene.
En Medioambiente, el programa postula impulsar la Ley Marco de Cambio Climático que crea la institucionalidad y contiene los instrumentos principales para la gestión del cambio climático y fortalecimiento de su relación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. «Construiremos, en los primeros 100 días de Gobierno, con la participación de todos los actores, propuesta sobre una Autoridad Nacional del Agua, que permita unificar la definición de política en materia de agua», añade el texto.
«Afirmamos con toda claridad que la reforma previsional que impulsaremos respetará la propiedad de los ahorros acumulados por los chilenos y chilenas en sus cuentas de capitalización individual», aclaró la candidata en su programa de Gobierno.
En el detalle, propone «en los 6 primeros meses, instalar el primer piso del nuevo sistema de seguridad social con una Pensión Universal Garantizada, con recursos públicos, de $ 225.000, para para todas las personas mayores de 65 años, a excepción del 10% de mayores ingresos. Hombres y mujeres, hayan cotizado o no, tengan o no ahorros y reciban o no una pensión autofinanciada».
El nuevo sistema de pensiones se caracterizaría por un Esquema Integrado y Solidario, Esquema No Contributivo (se financiará por el Estado, con cargo a rentas generales y contempla el otorgamiento de una Pensión Básica Universal garantizada de $225.000, para el 90% de la población sobre los 65 años), Esquema Contributivo Obligatorio y de carácter Mixto (se financiará combinando las contribuciones de seguridad social de trabajadores/as y empleadores/as), Esquema Contributivo Voluntario (se financiará con cargo a los aportes voluntarios que efectúen las y los trabajadores/as, ya sea individual o colectivamente, permitiendo complementar las pensiones)
«Para el nuevo sistema de seguridad social que impulsaremos, se requiere también una nueva institucionalidad. Una de carácter público, que contará con un gobierno corporativo colegiado. Los fondos serán de las y los trabajadores/as -en forma individual y colectiva- y no del resto del Estado. Esta entidad estatal dará garantías de transparencia, gobernabilidad y que no lucrará con los ahorros de las y los trabajadores/as, respetando en su inversión la diversificación y el crecimiento de sus fondos», detalla.
Revise el programa completo aquí
