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Gallito entre Valdés y Girardi se traslada al Comité de Ministros

Los puntos claves que mirarán con lupa los ministros para enterrar o dar vida al Proyecto Dominga

por 16 marzo, 2017

Los puntos claves que mirarán con lupa los ministros para enterrar o dar vida al Proyecto Dominga
El organismo observaría con detención las respuestas de los diversos servicios regionales respecto al informe Consolidado de Evaluación Ambiental, mientras el debate en el PPD se acrecienta con amenazas del senador Guido Girardi de abandonar al Gobierno si se revierte su rechazo, y guiños del ministro de Hacienda hacia el referido comité para que resuelva en favor. Los plazos ya están definidos. Andes Iron debería reclamar a fines de abril y el organismo gubernamental estaría en condiciones de dar una respuesta a comienzos de julio. Siempre que no se repita el caso de HidroAysén, en el que Piñera le heredó a Bachelet la polémica definición después de postergarla por tres años. En el caso de que se produzca un empate, esta vez quien decide es un ministro DC.
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Las aguas de la política y del empresariado están revueltas. El rechazo al polémico Proyecto Dominga por parte del intendente PPD, Claudio Ibáñez, que desempató la deliberación de los seremis con su voto de rechazo al proyecto minero, contradiciendo la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), contaminó políticamente el proceso y desató las suspicacias sobre la pelea interna que tendría el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con su correligionario PPD, el senador Guido Girardi.

Por un lado, Girardi, en dupla con la senadora y militante de su mismo partido, Andriana Muñoz, defendieron la trinchera ambientalista que lideró el intendente de Coquimbo. El senador PPD partió abriendo los fuegos al anunciar que presentaría acciones legales contra los seremis que aprobaran la evaluación ambiental del proyecto, esgrimiendo la defensa medioambiental y el desarrollo sustentable. Mientras, desde la vereda contraria, el administrador de la billetera fiscal se cuadraba con el proyecto que inyectaría a la economía chilena US$2.500 millones, al señalar en pleno comité político “la relevancia de proyectos de inversión como Dominga”, según comentó el diputado y vicepresidente de la DC, Matías Walker, quien además acusó al Ministerio del Interior de haber presionado para que se rechazara el proyecto de hierro y cobre.

Con los días, la postura de Valdés se afianzó aún más, al sostener que “Chile tiene hace un rato un problema en términos de concretar inversiones, la mayor parte de las veces por permisos o judicialización, incluso en zonas deprimidas que necesitan nuevos motores de actividad”. El secretario de Estado daba luces de que se había dado un mal paso que “podía hipotecar el crecimiento”. Impresión que, a su vez, fue compartida, en el transcurso de los días, por diversos líderes empresariales y el presidente de la CPC, Alberto Salas, quien además calificó el hecho de gravísimo y preocupante, después que el proyecto fuera rechazado por una visión, a su juicio, “política”.

Luego que la Intendencia de Coquimbo echara por tierra el proyecto Dominga, las miradas políticas y empresariales se volcaron hacia el Comité de Ministros, instancia a la cual apelará la Minera Andes Iron en un plazo de 30 días, apenas llegue a sus manos el documento de Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Así, la disputa entre Girardi y Valdés se traslada a este escenario. El senador PPD volvió a la carga condicionando su apoyo al gobierno actual y anunció acciones legales en el caso de que el Comité de Ministros revierta la decisión. “Sería totalmente irregular si es aprobado y me costaría mucho ser parte de un Gobierno que permite que sus seremis violenten tratados internacionales”, y agregó que “habría que investigar las poderosas razones para que, a sabiendas, estos funcionarios estén dispuestos a violar la ley, pero me parece que no pueden seguir siendo parte de un Gobierno que pretende generar desarrollo sustentable”.

Y, asimismo, ahondó al respecto señalando que “es inaceptable que un proyecto de esta envergadura se pretenda hacer de manera irregular. La empresa debe realizar un estudio de impacto ambiental que considere el eventual riesgo que tienen las reservas y sitios prioritarios. No estoy contra los proyectos per se, sino por que se hagan bien. No podemos autorizar proyectos que, por interés de unos pocos, violan todas las normas ambientales”, indicó el senador.

Valdés, por su parte, puso la presión en sus colegas ministros que participarán en el comité que tomará la decisión final. “(Ellos) sabrán evaluar técnicamente esta iniciativa, como lo han hecho consistentemente con los proyectos sometidos a su consideración", destacó.

50 reclamaciones resueltas

Una de las hipótesis que surgen entre actores claves del oficialismo es que el Ejecutivo evitaría la polarización y un eventual quiebre al interior de la Nueva Mayoría por el proyecto Dominga, por lo que apostaría a que el Comité de Ministros recurra a diversas “fórmulas” para aplazar y, en lo posible, heredar al próximo Gobierno la decisión de aprobar o rechazar su aprobación. Un mal menor para la minera Andes Iron, que prefiere postergar la decisión antes de recibir un rechazo rotundo, de acuerdo a fuentes conocedoras del proceso.

Entre las 50 reclamaciones resueltas por el comité ministerial –que opera desde hace 17 años–, la entidad ha rechazado en solo cuatro ocasiones un proyecto. El más reciente afectó al Centro Integral de Tratamiento de Residuos Orgánicos Huilliborgoa, vetado en diciembre de 2016, el cual fue antecedido por el dictamen adverso a la instalación del sistema de Alcantarillado Público de Aguas Servidas Localidad de Lican Ray, de septiembre de 2015; además del proyecto Manganeso Los Pumas, fechado en mayo del mismo año, y el emblemático proyecto Hidroeléctrico Aysén, respecto del cual el Comité de Ministros se demoró 3 años en tomar una decisión.

En ese sentido, el Gobierno de Bachelet podría devolverle la mano a una eventual futura administración de Sebastián Piñera, al considerar que, en la decisión del Comité de Ministros sobre el polémico proyecto de HidroAysén, esa administración postergó por 3 años su discusión, definiéndose finalmente en el segundo mandato de Michelle Bachelet.

Formalmente, el comité ministerial tiene un plazo de 30 y 60 días para resolver sobre la reclamación presentada y, en el caso de no pronunciarse en ese tiempo, el titular del proyecto podría recurrir a las normas del “silencio negativo”, por el que se entiende que el recurso es rechazado. Sin embargo, los plazos son muchos más laxos de lo que se establece en el papel.

Casos como el del proyecto portuario Cruz Grande, de CAP –que demoró 9 meses en ser aprobado– y el de HidroAysén, demuestran que las autoridades pueden recurrir a varios mecanismos para dilatar el proceso a través de la solicitud de diversos estudios o la falta de resolución de los reclamos presentados por los detractores de las iniciativas.

Respecto de HidroAysén, que ingresó en junio de 2011 al Comité de Ministros, sus miembros casi no fueron convocados hasta que, en octubre de 2013, la titular de Medio Ambiente de ese entonces, María Ignacia Benítez, anunció que estudiarían las 35 reclamaciones presentadas por parte de comunidades y opositores después de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Además, aprovechó de solicitar dos nuevos estudios sobre el impacto en glaciares y el caudal de los ríos, lo que atrasaría en un par de años la definición.

De ese modo, la decisión sobre el futuro del proyecto de HidroAysén no fue abordada por la administración de Piñera y su discusión pasó al Gobierno de Bachelet, el cual abrió en marzo de 2014 el proceso para invalidar la resolución del Ejecutivo anterior. Así, el 10 de junio de ese año, el Comité de Ministros rechazó definitivamente HidroAysén.

Comité también contempla figura del desempate

El Comité de Ministros está conformado por los ministros de Medio Ambiente, Pablo Badenier (DC), quien preside la instancia; Salud, Carmen Castillo (independiente); Economía, Luis Felipe Céspedes (DC); Agricultura, Carlos Furche (PS); Energía, Andrés Rebolledo (PS); y Minería, Aurora Williams (PR). Seis secretarios de Estado que solo con mayoría simple podrán hacer cumplir su decisión a favor o en contra del Proyecto Dominga, a no ser que se produzca un empate. En tal situación, la determinación final recaerá en el ministro de Medio Ambiente.

En ese contexto, la resolución que adopte el organismo será definitoria, sobre todo cuando aún se palpa “la tensión entre quienes quieren crecimiento y progreso, y aquellos que absolutizan lo medioambiental”, precisa una alta fuente de una de las carteras que componen el Comité de Ministros, aludiendo a las posiciones rivales entre Valdés y Girardi. Además, recalca que el rechazo de la iniciativa minera fue una mala señal, ya que se desconoce “la legislación, que hace un equilibrio entre lo productivo y lo ambiental”.

El proyecto considera la construcción de dos minas a rajo abierto para la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre en solo 22 años de vida útil. Además, incluye un embarque portuario que se ubicaría a 10 kilómetros del puerto Cruz Grande de CAP.

Pero también cuenta con el reparo de que ambas industrias estarían cerca de las reservas marinas Islas Choros y Damas e Isla Chañaral, y de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, donde se halla alrededor del 80% de la población mundial de esta especie. Asimismo, es zona de reproducción, alimentación y migración de animales como el chungungo, el pato yunco, las ballenas azul y fin, todos en peligro de extinción.

Diversos personeros gubernamentales, que defienden la línea Valdés, apuestan por la imparcialidad del comité ministerial y esperan que decidan bajo antecedentes técnicos. En tal sentido, comentan que el informe de los servicios “siempre ilustra a los ministros”.

¿Qué dicen estos organismos? Después que fueran incorporados al proyecto original cuatro apartados con distintas rectificaciones, diversos servicios y organismos vinculados al tema ambiental –como la DGA, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, la Comisión de Energía Nuclear, la Gobernación Marítima de Coquimbo, el Sernageomin, el Servicio Nacional de Turismo y la Gobernación de la Provincia de Elqui– no presentaron observaciones y accedieron a visar la ejecución del proyecto minero.

Sin embargo, otras entidades presentaron sus reparos. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura no quedó conforme con el informe Consolidado de Evaluación Ambiental y llamó a la compañía a hacer un seguimiento a los factores naturales de la población pesquera.

El SAG rayó la cancha y preciso que, si bien tiene permiso para capturar y relocalizar a algunas especies marinas, estas solo se remiten a las identificadas en el proceso de evaluación ambiental.

No obstante, el más combativo fue Conaf. El organismo estatal fue enfático en señalar que el Proyecto Dominga había subestimado el área geográfica sobre la que tendría impacto y había fallado en el estudio de la biodiversidad marina, considerando que realizaron la evaluación en invierno, cuando hay poco tránsito de cetáceos. Además, estima que Andes Iron identificó y evaluó erróneamente el impacto ambiental marino y terrestre, lo cual podría contribuir a la extinción de los pingüinos de Humboldt, que tanto defienden los grupos ecologistas.

Miembros del PPD dicen que estas observaciones habrían incidido en el voto negativo del intendente de Coquimbo y los 6 seremis –Desarrollo Social, Salud, Agricultura, Vivienda, Transporte, Energía-, que rechazaran el permiso ambiental del proyecto, aunque algunos insisten en que fue un proceso contaminado por la revelación de que el ex Presidente Piñera estuvo relacionado con su propiedad.

Las mayores críticas del mundo empresarial y político estriban en la falta de respeto a la institucionalidad; el no haber respetado la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), tras “subsanar (el proyecto) errores, omisiones e inexactitudes en su proceso de evaluación".

En esa sintonía, desde la DC acusan al seremi de Transporte –de quien se especula que fue presionado por el saliente ministro del ramo, el PPD Andrés Gómez-Lobo– de cambiar a última hora su voto, y ceder a las presiones públicas y privadas desde la trinchera del partido que controla el senador Girardi, las cuales terminaron por enterrar una inversión que generaría 9.800 empleos y que reactivaría, en algo, la economía.

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