Acciones podrían llegar a la superintendencia y al fisco
Hoy se inicia una semana clave para la fallida isapre, pues se despejarán las dudas respecto de los créditos que adeuda a prestadores y bancos, paso necesario para que el próximo lunes discutan una controvertida reorganización judicial de Masvida. Más allá del perjuicio económico que prevén los acreedores, hoy la tensión está en las cláusulas que considera la reorganización, en las que se les impide ejercer acciones legales, no solo contra la empresa sino también contra la autoridad. Por estos días, sin embargo, se baraja que el éxito de dicho proceso dependerá del cambio de estos términos, pues los acreedores quieren ser libres de acudir a tribunales y resarcir por la vía legal los daños que acusan.
Hoy parte una semana clave para la fallida isapre Masvida. Comienza a despejarse el desenlace de una aseguradora que ha puesto en evidencia las vulnerabilidades y la falta de fiscalización del sistema de salud chileno.
Desde hoy hasta el miércoles se efectuarán las audiencias sobre verificación de créditos con acreedores, siendo este el preámbulo de una reorganización judicial controvertida a efectuarse el próximo lunes 10 de octubre.
Controvertida por varias razones: pues supone la intención de Masvida de continuar con su giro, a pesar de haber vendido la abultada cartera de unos 600 mil beneficiarios; se determina la cuantía de sus deudas y la pérdida que deben asumir sus acreedores, incógnita no menor, dada la desprolija contabilidad de la compañía; y tras lo anterior, se allanaría el camino para que prestadores persigan legalmente a quienes ven como los principales responsables del perjuicio económico causado por la falta de pagos de Masvida.
En un principio se habló de unos $105 mil millones en acreencias que arrastraba la isapre; por estos días, se apunta a una cifra que rondaría los $160 mil millones. La incertidumbre sobre estos números sigue en el aire y se despejaría una vez que esta semana terminen de verificarse los créditos de la isapre. Son más de 400 las objeciones que se han efectuado por este concepto. Sin embargo, lo único claro es que, más allá de la cantidad, es un hecho que los acreedores recibirán menos de lo adeudado, pese a los cálculos del titular de la Superintendencia de Salud, Sebastián Pavlovic, que apuntaban a que las garantías de la isapre serían suficientes para cubrir sus obligaciones financieras.
Es precisamente este último aspecto lo que tiene actualmente a los prestadores en pie de guerra. Saben que tendrán que hacer una pérdida de lo que se les debe, pero no están dispuestos a cerrar el tema así no más, sino perseguir legalmente a las autoridades que han participado de la reorganización de Masvida, en particular su interventor y la Superintendencia de Salud.
Es por ello que, una vez realizadas las audiencias de hoy, mañana y pasado, sobre verificación de créditos, la aprobación de la reorganización judicial del 10 de octubre dependerá de que se le realicen ciertos ajustes, particularmente lo que respecta a las cláusulas en las que se busca que los acreedores renuncien a cualquier acción judicial futura contra agentes externos a la compañía.
La propuesta de reorganización fue trabajada por Nelson Contador y Luis Felipe Castañeda, conocidos abogados expertos en quiebras, en conjunto con Robert Rivas, interventor de la isapre nombrado por la Superintendencia de Salud.
Si bien en los procesos de reorganización es un estándar que los acreedores renuncien a acciones legales en contra del sujeto reorganizado, es decir, la empresa, esta renuncia generalmente no incluye a otros agentes. Sin embargo, en este caso se busca que los acreedores no solo renuncien a realizar acciones en contra de Masvida, sino también en contra de Rivas y los distintos asesores que han participado de este proceso.
Desde los acreedores esta cuestión resulta insólita y es, a su juicio, una forma de blindar en último término a la señalada superintendencia. Pero no están dispuestos a dar ese paso.
La cláusula en cuestión sostiene que todos los acreedores, en forma individual, “vienen en renunciar expresamente a cualquier acción que les correspondiere o les pudiere corresponder por los saldos insolutos de sus créditos, en contra de la Empresa Deudora, sus accionistas, controladores, empresas relacionadas, filiales, subsidiarias, ex afiliados, ex beneficiarios de Isapre Masvida S.A. y en contra de sus administradores, asesores y especialmente del Administrador Provisional designado por la Superintendencia de Salud”.
Es precisamente este párrafo el que buscan modificar, siendo la moneda de cambio para aprobar la reorganización judicial. Esto, a pesar de que los mismos acreedores están igualmente presionados por que se apruebe este proceso, considerando que, de rechazarse, se gatillaría la liquidación forzosa de sus activos, proceso que ya no consideraría a los prestadores como acreedores preferentes.
Son varios los argumentos legales que manejan los acreedores para perseguir a Rivas o a la superintendencia, sin embargo, el que más suena es el de demandas de indemnización de perjuicios por “falta de servicio”, ya que ambas partes no fueron capaces de velar por que la isapre constituyera el 100% de sus garantías financieras, cuestión a la que está mandatada por ley y que igualmente la autoridad debe preservar.
En efecto, en el marco de esta discusión se cuestiona el que Rivas haya efectuado negociaciones que consideran tangenciales dentro de la crítica situación de Masvida, como la venta de su cartera, toda vez que la principal misión del interventor era la de constituir las garantías por sobre cualquier otro objetivo.
En general, los recursos legales que se están barajando por estos días son de carácter civil, no penal, pese a que el delito de prevaricación es una cuestión de la que los acreedores ya están al tanto. Es que, en general, se busca resarcir mayormente el perjuicio económico, lo que –según manejan entre los prestadores– podría ser una mochila que finalmente herede el Estado.
El caso, sin embargo, tiene a los acreedores entre la espada y la pared. Esto porque, de no cambiar la propuesta hecha por Contador y Cía., la reorganización judicial se cae y, de esta forma, se impediría el ingreso de $27 mil millones por parte de Nexus, los dueños de la Nueva Masvida.
Esta inyección de recursos terminaría por completar la negociación inicial entre Rivas y este fondo, totalizando la operación por Masvida en unos $35 mil millones, considerando que ya se pagaron $8 mil millones por la cartera de afiliados. Pero estos $27 mil millones quedaron condicionados a que se apruebe la reorganización judicial de la isapre y, evidentemente, de no haberlos, la capacidad de pago de la aseguradora hacia sus acreedores sería bastante menor.
El proceso de reorganización es clave no solo desde el punto de vista de las responsabilidades que los acreedores determinan que se le pueden imputar al superintendente y otras autoridades, sino también porque revela que la matemática, y con ello las opciones de recuperación de la deuda que dejó la compañía creada por Claudio Santander, al parecer no cuadran.
Hasta ahora los paupérrimos estados de la contabilidad de la empresa y la información supuestamente maquillada para mostrar un mejor desempeño de la firma, no han permitido consolidar la deuda de esta, pero que –según los acreedores– se ha abultado desde enero a la fecha de manera relevante. Originalmente se señaló que la compañía dejaba compromisos por cerca de $ 105.000 millones, pero la cifra se habría disparado hasta $ 160.000 millones.
El problema es que la caja de la fallida aseguradora parece totalmente insuficiente para pagar. Si bien la compañía tiene garantías en la Superintendencia de Salud, que serían del orden de $ 85 mil millones, estas serán (de acuerdo a la Ley) entregadas, primero, a los compromisos con afiliados, entre ellos el pago de excedentes y de licencias médicas. Unos $ 55 mil millones se pagarían por este concepto. Ha trascendido que solo los excedentes alcanzan los $ 35.000 millones.
Tras los afiliados, quienes harán valer su derecho legal en la cobranza serán los prestadores garantizados de salud. Desde clínicas a doctores y todos aquellos que podían ampararse en los dineros que custodia la superintendencia. Pero el monto a repartir sería muy inferior en relación con las deudas que reclama este grupo, que, una vez que las garantías se acaben, deberá ponerse a la cola de todo el resto de las empresas a las que la isapre les quedó debiendo plata. Para tener una idea de la dimensión de los créditos, Cruz Verde reclama unos $3.600 millones; la red de clínica de la Universidad Católica, $2.400 millones; y la Clínica Indisa, $1.300 millones. Bancos, valistas y proveedores engrosan la lista que deberá repartirse el resto del dinero disponible.
La fórmula pactada por Nexus propone que el segundo cierre del contrato acarree la liberación de $27.000 millones solo si se aprueba el acuerdo. $20 mil millones corresponden a la compra de la deuda de Masvida (equivalente a unos $ 78 mil millones) con las clínicas relacionadas, $6 mil millones se explican por la compra de las cotizaciones pendientes de los afiliados y, por último, otros $ 1.000 se sumarían a la entrega por la retención que se realizó al momento del traspaso de la cartera por el juicio en contra de la ex isapre y que los enfrenta con Farmacias Ahumada.
Pero de esos $27 mil millones no todo será repartido al resto de los deudores. Otros cobradores han aparecido en el camino. Entre ellos, el Servicio de Impuestos Internos (SII), que tiene la potestad de cobrarse antes que el resto de los afectados. Cerca de $15 mil millones en IVA pendiente saldrían ipso facto de la cuenta. Y tras ello se saldarían deudas con trabajadores de la isapre, que también tienen prioridad en la repartija. Así, las esperanzas de que la prorrata devuelva un monto aceptable, parecen esfumarse.
En una tesis que, haciendo las cuentas, ha tomado por sorpresa a los acreedores, pero que algunos involucrados en el camino de venta de Masvida ya habían advertido. Southern Cross fue la que primero advirtió este modelo. Si bien en ese minuto la deuda se calculaba en $105 mil millones, los activos de la isapre sin la cartera de afiliados parecían no poder pagar ni un mínimo de las deudas. Declararse en quiebra se mostraba como la opción más probable. “Entonces era obvio que dejaban clavados a todos los acreedores y que con eso además, si se mira bien, puede ser perfectamente una quiebra fraudulenta. Sin la cartera, una reorganización no tiene ningún sentido”, señalan.
Ahora que se han ido revelando los detalles y montos de la reorganización judicial, los acreedores han empezado a hablar a firme de un modelo elaborado hace meses para pagar la menor parte de la deuda. “La teoría de la reorganización es que la empresa consiga la continuidad de giro, para seguir recaudando plata una vez que paga lo que pudo. Pero acá sin cartera esa opción es ridícula”, dice un entendido.
La molestia de los acreedores no solo ha escalado por la prohibición de presentar acciones judiciales que les está imputando el convenio, sino por las actuaciones que se han tenido dentro del proceso, que a todas luces parece perjudicarlos. Así lo manifestó la red de la Universidad Católica. A través de una medida prejudicial, solicitó al Primer Juzgado Civil de Concepción que obligue a Robert Rivas a revelar los detalles de los contratos del traspaso se cartera. Según la UC, le pidieron al veedor dichos documentos en reiteradas ocasiones, sin éxito.
“Los acreedores de Masvida desconocen las condiciones específicas de esa venta, y especialmente, si esta se hizo en beneficio o desmedro de los acreedores”, manifestaron sus abogados. No es todo, la UC podría sumarse a quienes están dispuestos a presentar acciones legales, acusando el mal comportamiento de las autoridades en medio de la crisis de Masvida.
“Así las cosas, y a pesar de los múltiples requerimientos de información que los acreedores han hecho a Masvida, esta ha denegado sistemáticamente el acceso a la información necesaria para determinar si la venta de sus activos –y especialmente de la cartera de afiliados– se hizo bajo condiciones normales de mercado y que fueran en beneficio de los acreedores, ya suficientemente malogrados por los problemas financieros de la isapre. De esta forma, los acreedores carecen a esta fecha de la información necesaria para perseguir las eventuales responsabilidades civiles y administrativas de quienes tenían la responsabilidad de conservar y cultivar el patrimonio de la deudora, a efectos de asegurar con este, el cumplimiento íntegro de sus cuantiosas deudas, de conformidad dispone el artículo 2.465 del Código Civil”, relata la medida.
En medio de la poca claridad del proceso, el otro activo con que cuenta la aseguradora para hacer caja es una serie de inmuebles. Pero nadie sabe bien cuánto valen ni dónde están. Se trataría de activos por unos $9 mil millones, que de todos modos conocerían su verdadero valor mediante remates y que se encontrarían en su mayoría cercanos a la Universidad Gabriela Mistral, en Eliodoro Yáñez, donde la isapre proyectaba ampliar sus operaciones.
Pero hay un detalle clave en el numeral 4 (letra a) de la propuesta elaborada por Rivas y que echa por tierra la opción de que la recaudación por la venta de estas propiedades llegue a todos los afectados: “De acuerdo con lo indicado en la sección 4.7 de la cláusula cuarta del Convenio y a la Resolución 1292 de la Superintendencia de Salud, de fecha 18 de julio de 2017, la Empresa Deudora se encuentra obligada a destinar el producto de la venta de sus Inmuebles, exclusivamente para pago de deuda de los Prestadores de Salud. Por lo tanto, no se consideran para el pago de deudores valistas”.
Las opciones de recuperabilidad de platas de los deudores de Masvida parece mínima. Aún más, si se aprueba el acuerdo, se les obligará a observar como espectadores la articulación de la liquidación de una compañía que, a la luz de los hechos, parece bastante irregular, pero que, en esta pasada, saldría libre de polvo y paja.
