MERCADOS
Joaquín Cortez es el presidente del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y antes fue presidente de la AFP Provida. Desde que asumió como el sheriff de Sanhattan, Cortez ha sido agresivo en modernizar las normas y adecuar la institución a las nuevas demandas, para que siga siendo un actor legítimo del mercado financiero chileno.
Hace dos semanas, la CMF, presidida por Joaquín Cortez, sometió a consulta pública la normativa que incorpora temáticas de sostenibilidad y transparencia de gobierno corporativo en la Memoria Anual de las empresas. La propuesta apunta a modernizar y perfeccionar la información en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG). En esta breve entrevista, Cortez explica en detalle la lógica detrás de la consulta, describe los beneficios y afirma que los empresarios deben incorporar esta temática, no porque la normativa los obliga, sino porque es lo correcto y un reflejo de los cambios culturales.
-Previo a la consulta, ¿cómo evalúan la realidad del mercado chileno en el área de sustentabilidad, transparencia y gobierno corporativo?
-En los últimos años, distintos actores del mercado local han ido dando avances: las empresas, los inversionistas y los reguladores. Es así como ha ido aumentando el número de empresas locales que difunden reportes de sostenibilidad siguiendo estándares internacionales (ver https://database.globalreporting.org/), el número de signatarios de los principios de inversión responsable –aunque todavía son pocos (siete al 2019), hay AFPs y AGFs– y los reguladores que hemos estado elevando los estándares de gestión de riesgos y de entrega de información en materia medioambiental, social y de gobernanza, o ESG, como se conocen internacionalmente. Desde esa perspectiva, la normativa que la CMF viene a someter a consulta pública, es un esfuerzo concreto por mejorar la transparencia, sostenibilidad y gobierno corporativo de las empresas que se financian a través del mercado de valores.
-Algunos critican que la CMF llega tarde al tema y que la mayoría de las empresas ya están avanzadas en estos temas, en parte forzadas por los propios inversionistas.
-Es importante hacer presente que la CMF y su antecesora la SVS, llevan más de una década promoviendo iniciativas en este ámbito y apoyando a ONGs, gestores de fondos y empresas locales para visibilizar la relevancia de la consideración de factores ESG en el gobierno corporativo, gestión de riesgos, evaluación de alternativas de inversión y difusión de información. Prueba de ello es que, entre el 2010 y 2012, se trabajó en la Norma de Carácter General NCG 341 de Prácticas de Gobierno Corporativo para empresas listadas en bolsa; entre el 2013 y 2015, en la incorporación de las temáticas ESG en esas prácticas y en la memoria anual de quienes se financian en el mercado de valores (NCGs 385 y 386); los años 2017 y 2019, en la primera propuesta que pretende elevar esas exigencias; y estos dos últimos años, en la nueva propuesta que incorpora los avances que se han dado sobre la materia en este último período.
De todas formas, es natural que, con mercados dinámicos, los avances del regulador vayan quedando un tanto rezagados, más aún cuando debemos ir generando normativas que reconozcan que no todas las entidades presentan el mismo nivel de avance ni un amplio consenso respecto a cuáles serán las exigencias, porque deben ser costoeficientes y compatibles con esfuerzos a nivel local y extranjero, tanto del sector público como privado.
En todo caso, el rol de la CMF es más bien ir estandarizando y complementando los esfuerzos que los propios actores pueden hacer sobre la materia, cuando estos esfuerzos no son transversales o suficientes para disminuir las asimetrías de información que pudieren subsistir.
-¿Cuáles son los beneficios a mediano y largo plazo de tener estas normativas?
-Son múltiples, pero para mencionar algunos: inversionistas más informados, que podrán contar con más antecedentes respecto a cómo las empresas impactan al entorno y viceversa; empresas más resilientes, al ir sistematizando la incorporación de factores ESG en sus obligaciones de información y procesos de gestión de riesgos; un mercado más competitivo y visible a nivel internacional, al contar con estándares de entrega de información, gobiernos corporativos y gestión de riesgos acordes a prácticas y estándares internacionales; y mayor eficiencia en la conformación de portafolios de inversión para el sector privado y en la elección de entidades a supervisar en el sector público, al poder distinguir aquellas empresas con mejores prácticas y resilientes, de aquellas potencialmente más riesgosas y menos capaces de hacer cambios frente a modificaciones del entorno.
-Bonus Track: ¿Cómo hacer que el compromiso sea cultural y no solo para evitar multas?
-Creo que en el último año se ha podido percibir la necesidad que tienen todos los actores de estar más conectados con el entorno y preparados para adaptarse ante cambios relevantes. Muchas empresas debieron readecuar sus procesos, reorganizar sus modelos de negocio y financiamiento, y generar mejores mecanismos de información para la toma de decisiones para poder responder oportunamente a las inquietudes de sus accionistas, reguladores, trabajadores y demás grupos de interés. Por lo que sería esperable que, de manera consciente, reflexiva e informada, se vaya produciendo un cambio cultural en las empresas, percibiendo la utilidad de la información que es exigida por el regulador en estas materias, que no es muy distinta de la que sus distintos grupos de interés les requerirán frente a situaciones como las ocurridas con mayor relevancia en el último año.
Dicho eso, el solo hecho de que la alta administración de una empresa deba mirar y analizar la información que debe reportar, aunque sea solo para evitar una multa, la hace tener que tomar conciencia de la misma y, eventualmente, ir cambiando su cultura al ir percibiendo la utilidad de esa información.
