Nueva ley de pesca: cuotas pesqueras siguen enfrentando a industria y pescadores artesanales

La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal emitió un comunicado este martes denunciando que la gran industria pesquera ha iniciado una estrategia comunicacional y legal destinada a desacreditar la Ley de Fraccionamiento y a frenar la tramitación de la Nueva Ley de Pesca en el Congreso, en especial respecto de las licencias transables de pesca industrial (LTP).

Según los dirigentes de la pesca artesanal, no resulta casual que la empresa Alimar, perteneciente al grupo Izquierdo Menéndez y Blumar y ligada a las familias Sarquis y Vinagre, anunciara acciones legales contra el Estado de Chile. La compañía argumenta que el fraccionamiento de cuotas y la reducción de las licencias industriales constituiría una “expropiación regulatoria”, vulnerando “derechos adquiridos”.

Desde la perspectiva de los pescadores artesanales, esta acción refleja que la gran industria no está dispuesta a ceder sus privilegios históricos y busca utilizar la justicia como herramienta para bloquear una iniciativa que ya fue ampliamente aprobada en el Parlamento. A través de un comunicado, Hernán Cortés, presidente de la CONDEPP y vocero de la Alianza, sostuvo: “Lo que está pasando aquí es que la gran industria se puso nerviosa y decidió desacreditar en tribunales una norma que fue aprobada por el Congreso, y por otro lado está bloqueando la tramitación de la nueva Ley de Pesca”.

Cortés enfatizó que las LTP-A nunca fueron derechos adquiridos legítimos, sino un mecanismo diseñado a la medida de las grandes pesqueras. “Pretender que eso es un derecho adquirido es una burla para Chile”, fustigó, recalcando que las licencias “nacieron en la corrupción” y se transformaron en “patrimonio” de las siete familias industriales.

La mirada desde la pesca artesanal y regional

Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, apuntó que la industria busca generar temor en la opinión pública. “Cada vez que se tocan sus privilegios, la industria levanta fantasmas sobre aumento de desempleo o caída de la inversión. Lo hicieron con la Ley de la Jibia y mintieron. Hoy repiten el mismo patrón para defender licencias que obtuvieron gracias a una ley corrupta. No es justicia, es impunidad empresarial”, señaló a través de un comunicao.

En la Región de Coquimbo, Pascual Aguilera, presidente de CORANOR, según consigna el portal “Mundo Acuicola” fue categórico: “Aquí no hay expropiación. Lo que existe es la devolución al Estado de un bien común. El mar no es propiedad privada de la industria; es patrimonio de todos los chilenos. Lo justo es que esas licencias se subasten de manera transparente, financiando la plataforma social que proteja a las familias de la pesca artesanal”.

En paralelo, desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal se recalcó que la reforma busca terminar con los privilegios otorgados por la denominada “Ley Longueira”, calificada como nacida de la corrupción, y avanzar hacia un sistema más justo y sustentable.

Cortés concluyó: “El país no puede seguir atrapado por amenazas de grupos económicos que se creen dueños del mar. La nueva Ley de Fraccionamiento y la futura Ley de Pesca representan la oportunidad para corregir una década de abusos y avanzar hacia una pesca al servicio de Chile, no de unos pocos”.

Tramitación en el Senado y regulación del GPS

En paralelo, la Comisión de Intereses Marítimos del Senado fijó el 19 de agosto como plazo de indicaciones hasta el 1 de septiembre para discutir la modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura. La moción busca establecer como causal de caducidad de autorizaciones, permisos y LTP, el uso inadecuado de sistemas de posicionamiento satelital (GPS) en embarcaciones pesqueras.

El proyecto, aprobado en general con 2 votos a favor y 1 abstención, fue presentado por los senadores David Sandoval UDI) y Kenneth Pugh (Ind-RN), e indica que será causal de caducidad “quien maliciosamente altere, distorsione, desconecte, dañe o cualquier otra acción que impida el correcto funcionamiento de un dispositivo de posicionamiento automático en el mar, sin perjuicio de las demás sanciones que impongan las leyes”.

El subsecretario (S) de Pesca y Acuicultura, Javier Rivera, destacó la necesidad de precisar a quién se aplicaría la caducidad, ya que podría recaer en el titular de la LTP o permiso de pesca, sin importar quién cause la alteración. Por su parte, Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca, advirtió que la normativa podría dejar fuera parte de la actividad pesquera que depende del GPS y que la suspensión de faena ante fallas sería demasiado gravosa, especialmente cuando las embarcaciones cuentan con sistemas duplicados.

Los autores del proyecto justifican la iniciativa por las bajas sanciones actuales que facilitan el incumplimiento y la pesca ilegal mediante manipulación de los GPS, considerándolo un fraude a la ley y argumentando que la correcta utilización de estos sistemas es esencial para la actividad pesquera.

Choque entre industria y pesca artesanal

Desde la pesca artesanal, la acción judicial presentada por Alimar ha sido calificada como “indigna y propia de los años 70”, apuntando a la familia Izquierdo Menéndez. Sara Garrido precisó que la Ley de Fraccionamiento fue aprobada con gran consenso porque “era fundamental equiparar la cancha y evitar que la industria siga ganando a costa de los pescadores artesanales. Hoy buscan ir a la justicia para seguir abusando, pero ya no son dueños del mar ni menos de este país”.

Por su parte, la CONDEPP subraya que el recorte de cuotas industriales no debilita al país, sino que corrige una injusticia histórica generada por la Ley Longueira, que concentró el 70% de la cuota en menos de 100 embarcaciones industriales y dejó apenas el 30% para más de cien mil pescadores artesanales.

Cortés explicó que el nuevo fraccionamiento permite que PYMEs locales accedan a materia prima, generando valor agregado y dinamizando la economía regional. Además, señaló que el impacto social es profundo: fortalece la permanencia de familias en sus territorios, preserva la identidad regional y fomenta la continuidad generacional.

La industria advierte pérdidas millonarias

El 11 de agosto de 2025, Sonapesca lanzó una advertencia sobre la Nueva Ley de Pesca, indicando que el sector industrial podría enfrentar una reducción de hasta 59 % de sus cuotas, equivalente a US$ 325 millones anuales. La combinación de la Ley de Fraccionamiento y la futura ley podría implicar una disminución de más de 850 mil toneladas de cuota, con riesgos de cierre de empresas y pérdida de empleos.

El gremio industrial también señaló posibles cuestionamientos jurídicos, ya que aumentar la licitación de cuotas más allá del 15 % podría ser inconstitucional, según informes de expertos como Tomás Menchaca, expresidente del TDLC, quien expresó en la comisión de pesca de la Cámara de Diputados que “Las LTP son bienes incorporales claramente incorporados al patrimonio de sus titulares”.

Aysén y los desafíos regionales

Mientras la discusión legislativa se centra en Santiago y Valparaíso, regiones extremas como Aysén enfrentan desafíos estructurales. El gobernador regional, Marcelo Santana Vargas (UDI), señaló que la desconexión con el centralismo político dificulta el desarrollo económico, la implementación de la zona franca y la protección de la pesca industrial y artesanal. “Santiago desconoce gran parte de lo que sucede en las zonas extremas. Acá hemos tenido ministros que no saben dónde está Chile Chico ni Puerto Aysén. El Congreso legisla sin conocer la realidad regional, afectando actividades tradicionales como la pesca”, afirmó Santana en entrevista con Radio BioBío.

El debate sobre la Ley de Fraccionamiento y la Nueva Ley de Pesca enfrenta dos visiones: por un lado, la pesca artesanal y organizaciones como CONDEPP y la Alianza Nacional defienden un modelo más justo y equitativo, que redistribuya recursos y fortalezca a las comunidades locales; por otro, la industria pesquera alerta sobre impactos económicos significativos y cuestionamientos legales, buscando preservar sus cuotas históricas.

Entre la presión judicial, la tramitación parlamentaria y las tensiones regionales, Chile se encuentra en un punto crítico para decidir si el mar seguirá siendo un privilegio de unos pocos o un patrimonio compartido por todos.