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Armada y Sernapesca descartan pesca ilegal de flota china en aguas chilenas PAÍS Imagen referncial

Armada y Sernapesca descartan pesca ilegal de flota china en aguas chilenas

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Autoridades marítimas confirmaron ante el Congreso que no hay evidencia de incursiones ilegales de naves chinas dentro de la Zona Económica Exclusiva. Pescadores artesanales mantienen sus denuncias, mientras el debate mezcla factores políticos y económicos del sector.


La discusión sobre la presencia de la flota pesquera extranjera, principalmente de bandera china, en los bordes de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena, se sostiene más en la percepción pública que en evidencias de infracciones. Así lo muestran los antecedentes entregados por la Armada y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) ante la Comisión de Pesca del Congreso, reunida este martes 14 de octubre.

Algunos pescadores artesanales de la Conapach, del centro norte del país, acusan falta de fiscalización. Sin embargo, las cifras y declaraciones de las autoridades indican que la llamada “crisis” carece de pruebas que respalden la supuesta incursión ilegal de naves chinas en aguas chilenas.

Diferencia entre alarma y evidencia

La controversia se centra en la flota potera que captura calamar rojo (Dosidicus gigas) en alta mar. Los dirigentes artesanales sostienen que su presencia habría reducido la disponibilidad del recurso en las costas nacionales. Pero, según la Armada y Sernapesca, no existen registros de pesca ilegal dentro de la ZEE.

El contralmirante Sigfrido Ramírez Braun, director de Seguridad y Operaciones Marítimas, explicó que “el monitoreo satelital y los patrullajes permanentes no han detectado pesca ilegal por parte de embarcaciones extranjeras en aguas chilenas”. La directora nacional de Sernapesca, María Soledad Tapia, añadió que las naves que recalaban en puertos nacionales “han cumplido con todos los controles exigidos por la normativa y no registran faenas de pesca en territorio nacional”.

El tránsito de estas embarcaciones —presente en el Pacífico Sur desde la década de 1990— es legal y se controla mediante el Sistema de Posicionamiento Satelital (VMS), que confirma su permanencia fuera de las 200 millas de la ZEE.

Fiscalización en puertos chilenos

El ingreso de buques extranjeros está regulado por el Decreto Supremo N.º 123/2004, que autoriza operaciones logísticas como abastecimiento, cambio de tripulación y reparaciones. En lo que va de 2025 se han registrado 117 recaladas de embarcaciones chinas, principalmente en Arica e Iquique, todas sometidas a inspección marítima.

Las revisiones incluyen control documental, verificación de posicionamiento y certificación de ausencia de faenas en aguas nacionales. Hasta ahora no se han detectado infracciones. Las autoridades remarcan que la Armada mantiene la custodia y soberanía marítima, y que cuestionar su labor implica dudar de la institución.

La embajada de China en Chile respaldó los informes oficiales: “Como país responsable en materia pesquera, China cumple con sus obligaciones, supervisa la pesca de altura y exige a sus barcos informar su posición cada hora, superando los estándares internacionales. Las acusaciones de pesca ilegal carecen de fundamento”, señaló en un comunicado.

Contexto económico y político

En el norte del país, el debate también refleja tensiones económicas. La industria pesquera compra materia prima a los artesanales, generando dependencia comercial. Fuentes del sector sugieren que la alarma podría responder al interés por limitar la competencia en el acceso al recurso y mantener el control sobre la cadena de suministro regional.

El cuestionamiento a la flota china podría, además, afectar la cooperación bilateral. China ha transferido parte de su cuota de captura de jurel a empresas y pescadores chilenos sin costo, en el marco de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP-PS). Este mecanismo ha sido considerado un aporte a la economía nacional y a la cooperación internacional.

Una polémica más política que pesquera

Los antecedentes técnicos y legales muestran que la flota china opera dentro del marco normativo internacional y que no hay pruebas de pesca ilegal. Para las autoridades, el desafío está en administrar de forma sostenible los recursos en aguas internacionales y modernizar la legislación pesquera nacional.

La controversia parece reflejar más las tensiones internas del sector que un problema de soberanía.

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