Dos de los pesos pesados de la política y de la economía en Chile se enfrentan hoy en CasaPiedra en un seminario para dar sus visiones de cómo recomponer la confianza en las empresas, los reguladores y la ley en materia de gobiernos corporativos. Esto, después de un año en que escándalos como los de La Polar, Kodama, la colusión de precios de las farmacias y el investigado cartel de los pollos, golpeó los índices de confianza en estas instituciones y despertó un clamor ciudadano por más transparencia.
El encuentro donde tienen la palabra el ex Presidente Ricardo Lagos, y el ex ministro de Hacienda del régimen militar, Hernán Buchi, no está exento de ironía: uno de los organizadores es PwC, la auditora multada con 8 mil UF por la Superintendencia de Valores y Seguros por no cumplir con sus obligaciones y faltar a la diligencia al auditar una empresa donde lo que falló fue su gobierno corporativo.
Irónico es también que otro actor del escándalo, el BCI, el mayor acreedor de la multitienda con US$120 millones, sea la empresa chilena que lleva la delantera desde ya tiempo en transparencia corporativa. Y que el banco sea auditado por PwC. No por mucho tiempo: ayer La Segunda informó que el directorio propondrá a sus accionistas cambiar de auditora en la próxima junta del 30 de marzo.
El último Índice de Transparencia Corporativa (ITC), realizado por la Universidad del Desarrollo y la consultora Inteligencia de Negocios en septiembre del año pasado, muestra que el banco de la familia Yarur lideró el ranking y fue la única sociedad anónima 100% chilena que superó el promedio de las compañías internacionales con un puntaje de 78.7. Santander le sigue en la lista del sector financiero, pero es filial del grupo español del mismo nombre. El Chile –de los Luksic- quedó por debajo del promedio internacional.
El informe, que mide la cantidad y calidad de información que entregan las empresas, revela que las sociedades anónimas chilenas alcanzaron un promedio de 51 puntos de un máximo de 100 en transparencia. Mientras, el promedio de las empresas líderes internacionales –que transan en las bolsas de sus respectivos países- fue de 77,2.
De las 101 empresas chilenas analizadas, el 59% obtuvo un puntaje menor a 50 puntos, o sea, dos tercios no cumplen con los estándares mínimos. Cuatro de las 101 ni siquiera tiene un sitio web para explicar su negocio a los accionistas.
Entre 2010 y 2011 el BCI –el único que permanece en manos de sus fundadores- casi dobló su puntaje, saltando al primer lugar del ranking. Una funcionaria de la Superintendencia de Bancos afirmó a El Mostrador Mercados que “el BCI está marcando la pauta para industria».
No sólo en transparencia el BCI aventaja a su competencia: fue el único de los tres privados más grandes que mantuvo su rentabilidad en 2011 (21,4%) sobre capital, lo que no ocurrió con el Santander y el Chile. Y el único que frente a los dos subió sus utilidades (un 17,7%).
La transparencia fue el foco del seminario de Icare, en enero, donde el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, sostuvo que es imperativo que las empresas tomen medidas de autorregulación para mejorar la transparencia. Este domingo, en una entrevista en La Tercera, volvió sobre el tema y sostuvo que la SVS está creando unidades para fiscalizar a auditoras y clasificadoras y añadió que con el ministerio de Hacienda analiza cambios legales.
Una de las ejecutivas más respetada en el mundo de las inversiones, Stacy Steimel, gerente de inversiones de renta variable para Latinoamérica del fondo norteamericano Pinebridge Investments, criticó duramente la calidad de información corporativa en Chile, en particular, la relacionada con el lanzamiento y emisión de nuevas acciones. Ejemplificó: «De las siete ofertas públicas iniciales en Chile, entre 2010 y 2011, solo una reunió los requisitos más básicos de información con su prospecto. El mercado la premió, ya que es la única que se transa con un premium a su precio de emisión».
Juan Ignacio Langlois, alto ejecutivo de JP Morgan en Chile y Presidente del Círculo Legal de Icare, cuestionó la práctica de las empresas chilenas de preparar dos tipos de prospectos: uno legal, que se envía a la SVS, y uno comercial, que se distribuye a inversionistas. Este último, dijo Langlois, es simplemente un documento de marketing repleto generalidades y de poca utilidad para un inversionista serio.
Desde el BCI la mirada hacia lo que ocurre en Chile es concluyente. «Muchas empresas aún no internalizan que ser más transparentes, entregar información detallada y oportuna es rentable, y una señal positiva para el mercado. Aún existen compañías que no mantienen una relación fluida y constante con el mercado o los analistas, lo que a ojos de mercados desarrollados es inaceptable», escribió Pamela Auszenker, subgerenta de renta variable del BCI, en una columna de opinión en Economía y Negocios de El Mercurio publicada el año pasado.
