*Matías Goyenechea, “Salud un derecho”.
No se considera realizar una reformar integral que incluya el conjunto del sistema, esta reforma afecta al 15% de la población (la más rica y sana), dejando a más del 85% de las personas (la más pobre y enferma) en la misma situación actual, lo que implica que más bien se busca generar una reforma que logre entregar sustentabilidad jurídica a las Isapres.
El proyecto de ley que establece un Plan Garantizado de Salud (PGS) y un IPC de salud, ingresado en diciembre del 2011 por el gobierno de Sebastián Piñera, intenta resolver los cuestionamientos sistemáticos que se han generado de parte del Tribunal Constitucional, así como de numerosos fallos por diversos Tribunales, en donde se declara inconstitucional la discriminación por sexo y edad en los planes de salud.
A esto debemos sumar el reciente fallo la Corte Suprema, donde se establece como injustificadas las alzas de precio en los planes de salud bajo los criterios de tasa de uso de prestaciones médicas y reajustes basados en la inflación. El fallo de la Corte Suprema tiene relevancia dado que el IPC de la salud está basado en los criterios que cuestiona el fallo.
¿En qué consiste?
Se establece una prima plana, desvinculada al 7% legal, que establece un precio único por beneficiario, no estableciendo una diferencia entre sexo y edad. Sin embargo, al no estar el precio vinculado con la cotización legal, se generarán nuevas barreras de acceso por capacidad de pago; de esta forma, se puede prever una migración de afiliados desde Isapres a Fonasa. Según las estimaciones de la Superintendencia de Salud, la migración hacia Fonasa podría alcanzar a un 10% sobre el total de afiliados que presente déficit respecto a su actual cotización. Esto implicaría que un 90% de afiliados deficitarios tendrán que pagar valores más altos que los actuales, lo cual tendría un efecto sobre 500 mil beneficiarios. La aprobación de este proyecto implicará un alza en el gasto de salud de numerosas familias o finalmente su salida del sistema de Isapres en caso de no poder absorber este encarecimiento de sus planes.
Un elemento que es de mucha relevancia es la cobertura de prestaciones de salud que cubriría el PGS, sobre todo si tomamos en cuenta que implicará un costo mayor para muchas familias. Sin embargo este plan de salud tiene una cobertura precaria, se contemplan algunas enfermedades y otras que quedan debidamente especificadas, además de que existe una cierta ambigüedad en la forma de incluir nuevas. De lo conocido, el plan contemplaría:
* Prestaciones AUGE o GES
* CAEC
* Acciones preventivas.
* Bolsa de prestaciones no especificadas
Otro elemento a considerar es la cobertura financiera que este PGS posee. En el proyecto de ley se plantea que la cobertura “no puede ser inferior a la entregada por la modalidad libre elección de Fonasa”. La consecuencia de emular la cobertura de este arancel de Fonasa, es que del total del precio de una prestación, estaría cubierto entre un 50-30%, siendo el resto cancelado directamente por los beneficiarios. Un efecto que se producirá es que el gasto de bolsillo de las familias aumentará. Actualmente el gasto de bolsillo representa un 34% del total de lo que Chile gasta en Salud, siendo ésta una de las cifras más altas en Latinoamérica y en los países OCDE, considerando además que este tipo de gasto en salud es sumamente regresivo y que puede llevar a familias incluso a tener gastos catastróficos, generando en casos incluso el empobrecimiento.
El Fondo de compensación de riesgo que incorpora este proyecto es limitado y contempla las dimensiones de sexo y edad (se excluye el nivel de ingresos). Esto generara concretamente un traspaso de fondos desde las Isapres con carteras menos numerosas y con menos riesgo, a las Isapres que tienen carteras más grandes.
Respecto a la situación de las llamadas preexistencias, estas serían eliminadas de todos los beneficiarios de Isapres, lo que permite terminar con los “cautivos” y generando movilidad entre las distintas Isapres. Sin embargo, hay que hacer notar que en caso de que un afiliado a Fonasa desee cambiarse a una de las Isapres, estas “preexistencias” se conservan, esto porque se considera que los beneficiarios del seguro público tienen más riesgo a enfermar y se explicita un posible comportamiento oportunista de ellos. Esto claramente no ayuda con terminar con la segregación en el sistema de salud, sino que también la profundizará aun más.
Como una forma de contener la creciente judicialización respecto a las alzas de precios de los planes de salud, este proyecto incorpora un IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas; de esta forma, se tendría una recomendación respecto a cuánto deben ser reajustados los planes de salud. Por otro lado, este IPC solo considera los precios del sector privado y no se incluyen los precios públicos. También debemos indicar que se incluyen como elementos para definir este IPC la tasa de uso e inflación (elementos declarados como ilegales por la Corte Suprema). De esta forma, de aprobarse este IPC de la salud, estaríamos generando un mecanismo de legitimación técnica respecto a alzas de precios que han sido consideradas como injustificadas.
En suma, este es un proyecto que no se hace cargo de los problemas centrales de la salud en Chile, como la desigualdad y la segregación, sino que más bien tenderá a exacerbarlos. Tampoco se hace cargo de la creciente integración vertical entre clínicas e Isapres y las excesivas utilidades de estas empresas. Más bien es un proyecto para beneficiar a las propias Isapres y cerrar la discusión sobre las urgentes transformaciones que deben producirse en el sistema de salud chileno.
