Cinco días antes de Navidad, un fiscal que investigaba la quiebra de Bankia SA preguntó al ex viceprimer ministro Rodrigo Rato si había hecho negocios con Jaime Castellanos, presidente de la unidad española de Lazard Ltd.
“No, no tengo una relación de negocios”, dijo Rato, el ex presidente de Bankia, según una grabación oficial de la sesión a puertas cerradas en la Audiencia Nacional de Madrid que se distribuyó a las partes involucradas. “De amistad, sí”.
Tres semanas más tarde, Ignacio Ayala, abogado de Rato, corrigió el recuerdo de su cliente.
Rato, Castellanos y otros son propietarios conjuntamente de un lote comercial cerca de Madrid que está alquilado a un tercero, según el testimonio de Ayala ante el tribunal el 10 de enero. También controlaban juntos la empresa cuando Rato, de 64 años, dirigía Bankia, dijo Ayala.
Al mismo tiempo, Lazard facturó a Bankia 9,2 millones de euros (US$12 millones) por trabajos asignados o ejecutados durante la gestión de 27 meses de Rato en el banco, muestran documentos judiciales.
Su relación ilustra de qué manera una red de dirigentes del Partido Popular gobernante ayudó a sus socios de la elite financiera a beneficiarse mientras los bancos de ahorros del país, conocidos como cajas, acumulaban pérdidas. Esta combinación tóxica prosperó durante el auge impulsado por el ingreso de España en el euro en 1999 y sirvió para profundizar la caída económica precipitada que terminó en un rescate de los prestamistas españoles por 41.000 millones de euros, según Jacob Funk Kirkegaard, investigador sénior del Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington.
“Para que España pueda funcionar una de las cosas que debemos hacer es desestabilizar los principales intereses de todos” los que están en el poder, dijo en una entrevista telefónica el 22 de mayo Ken Dubin, politólogo que enseña en Madrid en la escuela de negocios IE y en la Universidad Carlos III. “Esto es un fraude político manejado en beneficio de los políticos que exprimen al máximo a la ciudadanía”.
Rato, ex director ejecutivo de Lazard y ex jefe del Fondo Monetario Internacional, enfrenta una posible condena a prisión por acusaciones de falsa contabilidad, manipulación de precios, fraude y malversación en relación al quebranto de Bankia, según la documentación judicial. El año pasado, Rato y sus colegas directores fueron calificados de sospechosos oficiales por la justicia en una investigación que examinó sus planes de remuneración y sus declaraciones relativas al balance general de Bankia antes de su quiebra.
Rato dice que tanto él como sus colegas son inocentes. El banco actuó “en todo momento en estricto cumplimiento de la ley y la regulación que los legisladores españoles y europeos iban produciendo durante el proceso”, dijo Rato ante una comisión parlamentaria en julio de 2012.
Lazard cuenta con políticas y procedimientos para que sus ejecutivos revisen y aprueben inversiones y para monitorear posibles conflictos, según un portavoz del banco con sede en Nueva York. Ni Lazard ni Castellanos, nacido en 1952, están siendo investigados.
Rato cobró un salario anual básico de US$1 millón mientras trabajó en Lazard desde diciembre de 2007 hasta que se fue para incorporarse a Caja Madrid, según el testimonio de Castellanos ante la justicia el 19 de febrero. Cuando Rato fue designado presidente del banco de ahorro el 28 de enero de 2010, el prestamista otorgó contratos a empresas encabezadas por Castellanos. Caja Madrid era el más grande de siete bancos de ahorro que se fusionaron para crear Bankia ese mismo año.
La relación entre Lazard y Caja Madrid ya existía antes de la gestión de Rato. Las facturas muestran que Caja Madrid manejaba la cuenta corriente empresarial de Lazard.
Castellanos, por su parte, era “el confidente de Rato”, dijo Andrés Herzog, abogado de Unión, Progreso y Democracia, el partido político español cuya denuncia provocó el juicio a Rato y sus colegas integrantes del directorio. “Trabajaban directamente juntos y después trataron de disfrazarlo lo mejor posible”.
Herzog, que ha asistido a sesiones a puertas cerradas en la justicia, dijo que el testimonio de Castellanos demostró que, junto con Rato, tomaron medidas para eludir las leyes sobre conflicto de intereses. Castellanos declaró ante la justicia que postergó la firma de contratos para evitar normas que podían llegar a frenar los acuerdos.
Rodrigo Rato nació en el seno de la elite española siendo el segundo hijo de Ramón, un empresario que desarrolló una cartera de empresas de bancos y radios durante la dictadura de Franco, que duró 36 años llegando a su fin en 1975. Antes de la guerra civil, Ramón fue un activista fascista que editó el primero de dos libros en los que se exhortaba a España a aliarse con Adolf Hitler en 1935, cuando tenía 27 o 28 años, escribió Ramón Tijeras en su historia de la familia de 2003, “Los Rato” (Plaza Janés).
En 1977, el entonces viceprimer ministro Manuel Fraga fundó Alianza Popular, predecesor del PP actual, con apoyo financiero de Ramón Rato, dijo Tijeras. Cinco años más tarde, su hijo Rodrigo, que por entonces tenía 33 años, fue electo para representar al partido en el parlamento en la segunda elección después de la vuelta del país a la democracia.
Rato avanzó hasta llegar a viceprimer ministro y ministro de Economía de José María Aznar desde 1996 hasta 2004. Estaba a cargo de la economía cuando el país ingresó en el euro y luego encabezó el FMI durante tres años en Washington hasta 2007.
Cuando Rato se incorporó a Caja Madrid en 2010, algunas de las cajas ya estaban al borde de la quiebra. Banco de España identificó 100.000 millones de euros en préstamos vencidos en los balances generales de los bancos de ahorro en febrero de 2011. Es el equivalente de un 10 por ciento de toda la producción económica del país.
Un juez español designará un sospechoso oficial cuando considere que existen pruebas suficientes de delito como para merecer una investigación plena. Al concluir la investigación, el juez o la jueza decide si acusa formalmente al sospechoso. En ese punto, el proceso se traslada a un juicio. Si Rato es acusado, será juzgado ante una comisión de tres jueces, dijo un portavoz de la justicia.
La relación de Rato con Castellanos en el corazón de la elite española se remonta dos decenios atrás a la época de Rato en la oposición, dijo Castellanos ante el tribunal. Cuando Rato estaba en el gobierno, Castellanos controlaba Expansión, el diario de negocios más vendido del país, como presidente de Recoletos Grupo de Comunicación SA, además de desempeñar su función en Lazard, que lo llevaba a un contacto regular con Rato.
Cuando Bankia comenzó a prepararse para su oferta pública inicial en 2011 con el fin de mantener el banco a flote, los ejecutivos de la entidad buscaron asesores financieros que operaran en los Estados Unidos y en Europa y que no fueran también coordinadores globales de emisiones pendientes para evitar un posible conflicto de intereses, dijo Rato en un testimonio en diciembre.
“Si hubieran percibido un problema de intereses, me lo habrían dicho, estoy seguro”, dijo ante el tribunal. “No había ningún conflicto de intereses. Y en ese momento yo no tenía ninguna relación con Lazard”.
