Opinión
La meta es ambiciosa y desafiante, sobre todo, si recordamos que nuestros estándares están lejos de los parámetros del acuerdo de París que establece un impuesto mínimo entre US$ 40 y US$ 80 por tonelada de CO2 al año 2020 y entre US$ 50 y 100 al 2030.
Dentro de la discusión que se ha generado sobre alcanzar la carbono neutralidad y el cuidado del medio ambiente en nuestro país, la descarbonización de nuestra matriz energética debe ser una de las prioridades de la agenda en el mediano plazo si queremos realmente ser ambiciosos a la hora de hacer frente a la emergencia climática que afecta al planeta.
Una fórmula que plantea mejoras al mecanismo tributario con el objeto de generar una mayor eficacia en la reducción de fuentes contaminantes es el aumento del precio del impuesto verde a las fuentes fijas elevando este de US$ 5 a US$ 32 la tonelada de CO2.
Con una mayor recaudación de recursos será posible financiar tres grandes problemas en el país: reconversión de calefacción sucia, electromovilidad y la recuperación ambiental y social de aquellas áreas denominadas ´zonas de sacrificio´ como Quintero-Puchuncaví y Lota y Coronel.
Al aumentar el precio social a US$ 32 la tonelada de CO2, de acuerdo a todas las recomendaciones internacionales como el de París y en línea con las políticas internas a los objetivos globales del cambio climático, los montos acumulados podrían superar los US$ 1.000 millones.
La meta es ambiciosa y desafiante, sobre todo, si recordamos que nuestros estándares están lejos de los parámetros del acuerdo de París que establece un impuesto mínimo entre US$ 40 y US$ 80 por tonelada de CO2 al año 2020 y entre US$ 50 y 100 al 2030.
Necesitamos que la voluntad política prime y el contexto social es propicio para impulsar cambios profundos. La justicia social también se traduce en acciones concretas que financien la recuperación de las zonas de sacrificio en necesidades tan fundamentales como infraestructura, salud y áreas verdes.
Si queremos hacer las cosas bien, tampoco podemos permitir que el plan de descarbonización quede a la voluntad de las grandes generadoras, a acuerdos cuyo detalle o letra chica no tenemos mayor conocimiento o bien a convenios que signifiquen costo cero o que tengan que ver con la vida útil de las generadoras que usan carbón.
