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Crédito: ATON
Desde el organismo aseguran que la reforma impulsada por el Gobierno -y que deberá resolverse en Comisión Mixta tras el rechazo en la Cámara de Diputados- “normaliza el uso de las FF.AA. en asuntos de orden interno” y además “expone a la ANI a que sea utilizada como excusa para que el Presidente pueda lavarse las manos”.
El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), calificó como una “potente señal democrática” el rechazo en la Cámara de Diputados a la reforma constitucional de Infraestructura Crítica, el cual pasará a revisarse en Comisión Mixta.
A juicio del GADFA, el proyecto que permite que las Fuerzas Armadas resguarden la «infraestructura crítica» del país, sin necesidad de decretar estado de excepción constitucional, «supone un retroceso en desarrollo institucional de la seguridad pública» y una “arremetida contra pilares sustanciales del régimen democrático del país».
El organismo señala que bien las críticas al proyecto se sustentan en que no hay claridad en lo que se entiende por infraestructura crítica y qué constituye una “amenaza grave para la población», el problema es mucho más de fondo.
“Estas críticas son correctas, pero insuficientes porque los riesgos que entraña esta reforma no se arreglan solo con mayor precisión conceptual», señalan.
Respecto a la iniciativa, desde el GADFA afirman que «en primer lugar, normaliza el uso de las FF.AA. en asuntos de orden interno. El despliegue de los militares fuera de sus cuarteles es una excepcionalidad dentro del normal acontecer democrático y para eso está el estado de excepción».
«En segundo lugar, refuerza el hiperpresidencialismo no solo porque la decisión del uso interno de los militares recae únicamente en el poder ejecutivo, sino que también porque esa decisión descansa en criterios discrecionales de quien ejerza la presidencia. No se establece el control efectivo por parte del Congreso o el Poder Judicial. El proyecto plantea que habrá que “informar” al parlamento, pero sabemos que esto no implica necesariamente un eficaz control parlamentario», agregan.
Sobre lo establecido por el proyecto que para proceder a aplicar la ley, previamente se requerirá que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) emita un Informe, el grupo enfatiza en que «esto reitera la concentración de la decisión en el propio Presidente de la República pues esta agencia depende del Ejecutivo».
«Además, esta medida expone a que la ANI sea utilizada como excusa para que el presidente pueda “lavarse las manos” afirmando que siguió la recomendación “técnica” de la Agencia», añadieron.
«La implementación de esta reforma incorporaría un nuevo rol no profesional para las FF.AA., lo cual supondría serios problemas en términos operativos, con consecuencias muy graves», aseguran.
