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El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, Francisco Bravo, expresó sus preocupaciones sobre el oficio que instruye a los persecutores a solicitar la prisión preventiva para imputados extranjeros indocumentados. La asociación ha cuestionado su implementación y ha solicitado una evaluación de la suspensión de la instrucción hasta garantizar detalles técnicos y precisar el alcance del mandato en cuanto a ciertos casos. Bravo enfatizó que, en cuanto a los delitos graves, no hay ninguna discusión, pero que el oficio no distingue respecto a delitos menores y que hace falta matizar la situación. Según señaló, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, acogió favorablemente la petición de evaluación de la medida.
Acusando “problemas operativos”, Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, reiteró sus reparos al controvertido criterio Valencia, que instruye a los fiscales del país a solicitar la ampliación del plazo de detención de extranjeros indocumentados y, en última instancia, la medida cautelar de prisión preventiva para obtener la identidad de los imputados o proceder al enrolamiento ante el Servicio de Registro Civil e Identificación mediante la obtención del “RUT Provisorio”.
La asociación ya ha expresado su preocupación al jefe del Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia, sobre el oficio. A través de una carta, cuestionaron su implementación en regiones y solicitaron una evaluación de la suspensión de la instrucción hasta garantizar la presencia de funcionarios del Registro Civil e Identificación en los Tribunales de Garantía, además de pedir precisar el alcance del mandato en cuanto a ciertos casos como la detención de adultos mayores, embarazadas o personas con discapacidad. Además, advierten que “directrices rígidas” han llevado a la afectación de la imagen de la institución en términos públicos en el pasado.
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Hoy, reiterando que se trata de “un criterio centralista”, Bravo volvió a abordar el tema en conversación con Mirna Schindler, durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio. “Aquí nadie está discutiendo la facultad del Fiscal Nacional”, planteó, y junto con descartar que la petición de los fiscales sea “una rebelión”, aclaró que la advertencia es que el criterio Valencia “podría tener problemas operativos”.
“Tiene que ver con si esto es blanco y negro y ¿no admite excepciones?”, cuestionó el líder de la asociación de persecutores. Francisco Bravo enfatizó que, respecto a los delitos graves, no hay ninguna discusión. “Nosotros vamos a pedir siempre prisión preventiva. La discusión no está ahí”, fustigó.
“La discusión está respecto a delitos de ‘poca monta’ o de bagatelas”. Por ejemplo, agregó Bravo, “ante un delito de daños, como una persona que tiró una piedra a un ventanal y lo quebró, algo que tiene una pena muy menor e incluso puede ser solo objeto de multa, la pregunta es: ¿un juez va a otorgar la prisión preventiva por un delito de daños?”
Ese es el problema en el oficio, apuntó el presidente de la asociación de fiscales, “el oficio no distingue, respecto de ciertos delitos”.
Bravo criticó que el oficio dice que ante cualquier crimen o simple delito, con personas indocumentadas, se pida primero ampliación de la detención y si no se logra establecer identidad se pida prisión preventiva. “No hay ningún matiz en el oficio y eso es lo que estamos pidiendo al fiscal, ¿eso es tan así? O hay situaciones de excepción”, cuestionó.
Consultado por Mirna Schindler sobre la respuesta que han obtenido del jefe del Ministerio Público Ángel Valencia, Francisco Bravo relató que la respuesta llegó a través de la jefa de gabinete del Fiscal Nacional. “Lo recibió bien”, señaló.
Y comentó: “El Fiscal Nacional acogió favorablemente nuestra petición, en términos de saludar nuestra carta, y dijo que lo iba a considerar para hacer evaluación de esta medida, porque cuando se dictan estos oficios la Fiscalía va evaluando cómo opera la medida”.
