PAÍS
Contraloría exige informe urgente a Steinert y Cerna por caso PDI
El organismo solicitó de manera urgente a la ministra de Seguridad y al director de la PDI explicar el oficio que antecedió la salida de la prefecta Consuelo Peña, en medio de dudas por una extralimitación en las funciones de la secretaria de Estado.
La Contraloría General de la República solicitó un informe “urgente” a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, en el marco de la revisión sobre la legalidad del oficio que antecedió la salida de la exjefa de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña.
El organismo encabezado por Dorothy Pérez solicitó que ambas autoridades entreguen antecedentes respecto del documento enviado por la ministra en marzo, apenas dos días después de asumir el cargo.
La decisión se produce en medio de cuestionamientos políticos y administrativos sobre si Steinert se extralimitó en sus funciones al requerir información vinculada a una investigación penal en curso, lo que ha instalado dudas sobre el alcance de sus atribuciones como autoridad del Ministerio de Seguridad.
El oficio en cuestión —calificado como reservado— fue enviado el 13 de marzo al director de la PDI y solicitaba antecedentes detallados sobre funcionarios que participaron en diligencias en la Región de Tarapacá, en el contexto de la investigación del denominado “Clan Chen”.
Entre los datos requeridos figuraban destinaciones, fundamentos de traslados y posibles antecedentes administrativos de los detectives involucrados. La solicitud generó alertas tanto al interior de la policía civil como en el ámbito político, debido a que se refería a materias asociadas a causas penales en desarrollo.
Días después de la entrega de esa información por parte de la entonces subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, se produjo su salida de la institución tras una reunión entre Steinert y Cerna. Esta secuencia —oficio, respuesta y remoción— abrió interrogantes sobre una posible relación entre los hechos.
El requerimiento de la Contraloría surge a partir de una presentación del diputado socialista Raúl Leiva, quien solicitó un pronunciamiento del órgano fiscalizador para determinar si la actuación de la ministra se ajustó a derecho.
El caso ha tensionado la relación entre el Ministerio de Seguridad y la PDI, generando repercusiones tanto en el Congreso como en el propio Ejecutivo. En paralelo, se han abierto cuestionamientos sobre la intervención de autoridades políticas en procesos investigativos y en decisiones internas de la policía civil.
La revisión del ente contralor busca establecer si el oficio se mantuvo dentro de las facultades legales de la ministra o si implicó una intervención indebida en funciones propias del Ministerio Público y de las policías en el marco de investigaciones penales.
El pronunciamiento de la Contraloría podría tener efectos administrativos y políticos relevantes, en una controversia que se ha convertido en uno de los principales flancos del inicio de gestión de Steinert en el área de seguridad.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.
