Mientras continúan las protestas en 12 estados del país
La comisión analizará el caso durante quince sesiones y, si se pronuncia a favor del juicio político, pasará la palabra al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de dos tercios (342 votos).
La Cámara de Diputados notificó hoy en forma oficial a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que inició el trámite para un eventual juicio con miras a su destitución, lo que abre un plazo de diez días para que presente su defensa.
La notificación fue entregada en la sede del Gobierno por el primer secretario de la Cámara baja, Roberto Mansur, con lo que se abre el plazo para que la mandataria se defienda ante la comisión especial que determinará si existen méritos jurídicos para procesar a Rousseff.
Esa comisión especial, integrada por 65 diputados de 23 partidos políticos, fue instalada hoy tras la elección de sus miembros.
Las acusaciones contra Rousseff, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
Sin embargo, el trámite será netamente político y la correlación de fuerzas será decisiva en un Parlamento en el que el apoyo a la mandataria mengua cada semana.
El pasado sábado, el oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) acordó que se tomará treinta días para decidir si permanece en el Gobierno o rompe con Rousseff.
Esa formación está liderada por el vicepresidente del país, Michel Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución, y cuenta con la segunda minoría en la Cámara baja, con 66 de los 513 escaños, mientras que es la primera fuerza en el Senado, con 18 de los 81 asientos.
Este miércoles, un escándalo surgido en torno al nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia de Rousseff, llevó al Partido Republicano a romper con el Gobierno y engrosar la oposición con sus 21 diputados.
La comisión analizará el caso durante quince sesiones y, si se pronuncia a favor del juicio político, pasará la palabra al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de dos tercios (342 votos).
Si los diputados deciden proseguir con el proceso, la palabra será del pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.
En ese último caso, Rousseff deberá separarse del cargo hasta que concluya el proceso, que tendrá un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegara a la destitución.
Paralelamente el mayor y más influyente gremio empresarial de Brasil anunció que aumentará la presión sobre los parlamentarios del Congreso para que promuevan lo más rápido posible un juicio político para destituir a la presidenta Dilma Rousseff y cuyos trámites retomó hoy la Cámara de Diputados.
El presidente de la Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, informó en una rueda de prensa que, a partir de la próxima semana, las entidades que conforman la patronal «se concentrarán en el Congreso Nacional para concienciar a los diputados» a favor del juicio contra Rousseff.
La acción de la Fiesp busca, en palabras de Skaf, que los diputados «voten, faciliten y agilicen el proceso y que haya lo más rápido posible un ‘impeachment’ a la presidenta» para que «el país salga de ese círculo vicioso de desempleo, de paralización de la inversión y de total falta de confianza y control».
«Si tomamos el conjunto de hechos ocurridos, por mucho menos, por un 1 %, muchos gobernantes en el mundo o renuncian o algunos incluso se llegan a suicidar», aseveró Skaf, quien agregó: «no estoy proponiendo eso».
El dirigente del poderoso gremio empresarial descartó la posibilidad de impulsar una huelga general porque, dijo, «es momento de ser pragmáticos y ya existe mucha confusión en el país».
Skaf forma parte del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la principal fuerza política del país, pero pertenece a las alas díscolas de la formación, la cual se dio el pasado fin de semana un plazo de 30 días para decidir si abandona el Ejecutivo.
La ruptura del PMDB -liderado por el vicepresidente Michel Temer- con el Ejecutivo podría ser crucial de cara al eventual juicio político contra Rousseff y, según Skaf, no tardará en producirse.
«Temer convocará una reunión en cualquier momento, puede que incluso hoy y creo que se tomará la decisión de desembarcar del Gobierno y retirar todos los cargos», opinó Skaf, quien garantizó que dicha decisión se tomará antes de que se venza el plazo máximo establecido por la directiva.
De cumplirse, el PMDB seguiría la estela del Partido Republicano, que abandonó al Ejecutivo este miércoles a raíz de un nuevo escándalo en torno a la mandataria y a su antecesor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió hoy el ministerio de la Presidencia, la cartera más influyente del gabinete de Rousseff.
Sin embargo, una decisión cautelar tomada por un juez federal de Brasilia anuló el nombramiento, tras lo que el Tribunal Supremo dio cinco días de plazo para que la Fiscalía, el Gobierno y el abogado del Estado presten informaciones antes de analizar las demandas.
Opositores sostienen que Lula no puede ser nombrado ministro al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
Las acciones fueron presentadas por los opositores Partido Socialista Brasileño (PSB) y Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)
