MUNDO
Brasil: Gobierno de Lula se vuelca a mitigar escándalo de megafraude a jubilados
Aunque el Gobierno promete devolver los USD 1.111 millones robados, millones de jubilados en zonas rurales no pueden denunciar por falta de internet. La oposición acusa al PT de encubrir el esquema, mientras Lula alcanza su peor nivel de rechazo.
Un esquema de fraude a millones de jubilados y pensionados de Brasil ha puesto en picada la popularidad de Luiz Inácio Lula da Silva, justo en un momento en el que el presidente ya registra los peores índices de aprobación de sus tres mandatos. Para responder al escándalo, el Gobierno intenta con urgencia ejecutar un plan de devoluciones que evite una “bomba fiscal” de demandas contra el Estado.
Todo se destapó cuando una habitante de Feira de Santana, en el estado brasileño de Bahía, comenzó a sospechar de unas deducciones en la mensualidad de su jubilación. La mujer, cuyo nombre no ha sido desvelado, descubrió descuentos indebidos en su prestación y entró en contacto con el Ministerio Público Federal, que puso en marcha una investigación. Gracias a su perseverancia, la anciana ayudó a descubrir una estafa multimillonaria en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que ha alcanzado repercusión nacional.
Entre 2019 y 2024, un grupo de directivos del INSS desvió cerca de 6.300 millones de reales (1.111 millones de dólares) de jubilados y pensionados de todo Brasil, según la Policía Federal y la Contraloría General de la Unión.
El esquema de desvío de fondos, que ha afectado a más de nueve millones de adultos mayores, funcionaba a través de asociaciones que cobraban sin autorización cuotas mensuales a los jubilados, descontando el dinero directamente de sus beneficios. Los valores eran pequeños, con cobros de entre 30 y 50 reales por mes (entre cinco y nueve dólares). Las entidades ofrecían servicios como descuentos en membresías de gimnasios y seguros médicos, pero en la práctica no tenían la estructura para brindar ningún tipo de servicio.
Descuentos exiguos sin autorización
Hasta la fecha, han sido realizadas cerca de 2,1 millones de consultas con los afectados. Más de dos millones de personas aseguran que nunca autorizaron los descuentos y solicitaron la devolución de ese dinero. Sin embargo, estas cifras podrían ser mayores, ya que se trata de consultas efectuadas a través de la aplicación “Meu INSS” o de llamadas telefónicas. La realidad es que muchos jubilados no tienen acceso a internet o tienen dificultades para acceder a la aplicación para denunciar.
El escándalo provocó la destitución del presidente del Instituto Nacional de Seguridad Social, Alessandro Antonio Stefanutto, y de otros funcionarios públicos. Y el ministro de Seguridad Social, Carlos Lupi, renunció a su cargo.
Hasta la fecha, al menos tres personas han sido detenidas. Además, hay 628 policías federales involucrados, 211 órdenes de búsqueda y captura emitidas, seis órdenes de prisión y 13 investigaciones policiales abiertas en seis estados federados, así como varias órdenes de incautación de bienes por un valor de más de 1.000 millones de reales (175 millones de dólares), según datos de la Policía Federal.
Asimismo, están siendo investigados empresarios, lobistas y ex empleados del INSS.
El ‘calvo del INSS’, en el foco de la investigación
La Policía Federal señala a Antônio Carlos Camilo Antunes como la figura central del esquema de desvío de fondos. Conocido como ‘Careca’ (‘calvo’ del INSS), habría recibido 53,88 millones de reales (casi 10 millones de dólares) de las asociaciones involucradas. También habría realizado transferencias millonarias a empleados del organismo sospechosos de participar en el fraude.
El Gobierno federal asegura que los valores sustraídos ilícitamente a los jubilados serán devueltos. Las víctimas del fraude serán notificadas a través del sitio web o de la aplicación del INSS. Paralelamente, la administración pública asegura que buscará y asistirá a los jubilados y pensionistas del INSS que sufrieron descuentos irregulares de sus nóminas.
Además de los canales tradicionales, se habilitará un servicio especial en los hogares ubicados en zonas remotas, con el fin de poner a disposición de las personas con movilidad reducida los servicios de acceso al sistema de seguridad social.
“Reembolsar a todos los perjudicados. Nadie se quedará atrás”
“Haremos una búsqueda activa. Esta medida ya se está preparando y se ejecutará en un paso posterior -tras los primeros contactos para identificar a las víctimas de descuentos irregulares-”, aseguró el nuevo ministro de Seguridad Social, Wolney Queiroz.
A la par, este 30 de mayo la empresa pública Correios comenzó a brindar atención presencial a las víctimas de la estafa. “La idea es que no hay que apresurarse. Hoy no es el único día para prestar este servicio. Este proceso continuará durante mucho tiempo. Y nuestra idea es que todos puedan decir si ese descuento fue legal o no para que podamos, en un futuro próximo, reembolsar a todos los perjudicados. Nadie se quedará atrás”, prometió, por su parte, el nuevo presidente del INSS, Gilberto Waller Júnior.
Sin embargo, algunos medios críticos con Lula destacan que a poco más de un mes del operativo que reveló el megafraude, el Gobierno federal enfrenta dificultades para implementar un plan para devolver el dinero descontado indebidamente.
Uno de los principales obstáculos reside en la falta de claridad sobre el tamaño exacto del agujero causado por el desvío fraudulento del dinero.
Otro punto oscuro es cuándo comenzará el reembolso a los jubilados y pensionistas afectados. De momento, el Ejecutivo solo ha confirmado la devolución de los descuentos realizados en la nómina de abril. Sin embargo, muchos beneficiarios llevan meses sufriendo rebajas en su prestación.
El riesgo de una “bomba fiscal”
Para esa devolución total, el INSS está desarrollando un plan que permite que las entidades que realizaron deducciones irregulares devuelvan el dinero. En este escenario, los importes serían ingresados directamente en la nómina del mes siguiente. Si las entidades no logran comprobar la legalidad del descuento realizado y no devuelven los montos, el propio Gobierno central se encargará de reembolsar las sumas solicitadas a los jubilados y, posteriormente, buscará recuperar los recursos mediante acciones legales.
Esta semana, el presidente del INSS pidió disculpas a los jubilados víctimas de la estafa y ha prometido que serán resarcidos antes de que acabe el año. Mientras tanto, el equipo jurídico del Gobierno federal está elaborando un plan de acción para evitar que las demandas por daños morales —presentadas por jubilados perjudicados por fraudes del INSS— se conviertan en el futuro en una “bomba fiscal” de miles de millones de dólares.
La idea del Ejecutivo es proponer acuerdos a los afectados. Se teme que, sin esta medida, podría producirse una avalancha de al menos dos millones de juicios con alto riesgo de condena, lo que generaría un enorme pasivo de órdenes judiciales contra el Estado.
Oficialismo y oposición se culpan mutuamente
Mientras tanto, las principales formaciones políticas de Brasil están protagonizando una guerra de narrativas sobre la responsabilidad de la estafa.
La investigación del Ministerio Público apunta que los descuentos indebidos empezaron en 2018 y 2019, durante los Gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro, aunque en escala menor que la observada durante la gestión de Lula.
“El esquema para defraudar al INSS se implementó durante el Gobierno de Bolsonaro. La mayoría de las entidades sospechosas surgieron entre los Gobiernos de Temer y Bolsonaro. El único Gobierno que accedió a investigar y desmantelar la red fue el del presidente Lula. ¿Entienden o quieren que lo dibuje?”, señaló el 25 de abril el senador oficialista Humberto Costa en la red social X.
En cambio, para el líder de la oposición en la Cámara, Luciano Zucco, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) es el único culpable. “Donde hay un escándalo, seguro que el PT tiene sus huellas. Mensalão. Petrolão. El escándalo de Eletrobras. Fondos de pensiones. Correios. Y ahora, una trama multimillonaria de cobros indebidos en el INSS, que asciende a 6.300 millones de reales. No, no es casualidad. Es un modus operandi”, escribió Xucco en la misma red social.
Esta semana, el Tribunal de Cuentas de la Unión aceptó la petición del Partido Novo en el Congreso y determinó una investigación por fraude del Sindicato Nacional de Jubilados, Pensionistas y Ancianos de la Fuerza Sindical (Sindnapi), que tiene como uno de sus directores a Frei Chico, hermano del presidente Lula.
Por lo pronto, la desaprobación de Lula ha vuelto a subir y alcanzó el nivel más alto de la serie histórica, según el último sondeo de AtlasIntel. El 53,7% de los encuestados no aprueban la gestión del líder de izquierda. En enero de 2024, cuando el presidente llevaba un año en el poder, ese porcentaje era del 45,4%.
Además de los canales tradicionales, se habilitará un servicio especial en los hogares ubicados en zonas remotas, con el fin de poner a disposición de las personas con movilidad reducida los servicios de acceso al sistema de seguridad social.
“Reembolsar a todos los perjudicados. Nadie se quedará atrás”
“Haremos una búsqueda activa. Esta medida ya se está preparando y se ejecutará en un paso posterior -tras los primeros contactos para identificar a las víctimas de descuentos irregulares-”, aseguró el nuevo ministro de Seguridad Social, Wolney Queiroz.
A la par, este 30 de mayo, la empresa pública Correios comenzó a brindar atención presencial a las víctimas de la estafa. “La idea es que no hay que apresurarse. Hoy no es el único día para prestar este servicio. Este proceso continuará durante mucho tiempo. Y nuestra idea es que todos puedan decir si ese descuento fue legal o no para que podamos, en un futuro próximo, reembolsar a todos los perjudicados. Nadie se quedará atrás”, prometió, por su parte, el nuevo presidente del INSS, Gilberto Waller Júnior.
Sin embargo, algunos medios críticos con Lula destacan que a poco más de un mes del operativo que reveló el megafraude , el Gobierno federal enfrenta dificultades para implementar un plan para devolver el dinero descontado indebidamente.
Uno de los principales obstáculos reside en la falta de claridad sobre el tamaño exacto del agujero causado por el desvío fraudulento del dinero.
Otro punto oscuro es cuándo comenzará el reembolso a los jubilados y pensionistas afectados. De momento, el Ejecutivo solo ha confirmado la devolución de los descuentos realizados en la nómina de abril. Sin embargo, muchos beneficiarios llevan meses sufriendo rebajas en su prestación.
El riesgo de una “bomba fiscal”
Para esa devolución total, el INSS está desarrollando un plan que permite que las entidades que realizaron deducciones irregulares devuelvan el dinero. En este escenario, los importes serían ingresados directamente en la nómina del mes siguiente. Si las entidades no logran comprobar la legalidad del descuento realizado y no devuelven los montos, el propio Gobierno central se encargará de reembolsar las sumas solicitadas a los jubilados y, posteriormente, buscará recuperar los recursos mediante acciones legales.
Esta semana, el presidente del INSS pidió disculpas a los jubilados víctimas de la estafa y ha prometido que serán resarcidos antes de que acabe el año. Mientras tanto, el equipo jurídico del Gobierno federal está elaborando un plan de acción para evitar que las demandas por daños morales —presentadas por jubilados perjudicados por fraudes del INSS— se conviertan en el futuro en una “bomba fiscal” de miles de millones de dólares.
La idea del Ejecutivo es proponer acuerdos a los afectados. Se teme que, sin esta medida, podría producirse una avalancha de al menos dos millones de juicios con alto riesgo de condena, lo que generaría un enorme pasivo de órdenes judiciales contra el Estado.
Oficialismo y oposición se culpan mutuamente
Mientras tanto, las principales formaciones políticas de Brasil están protagonizando una guerra de narrativas sobre la responsabilidad de la estafa.
La investigación del Ministerio Público apunta que los descuentos indebidos empezaron en 2018 y 2019, durante los Gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro, aunque en escala menor que la observada durante la gestión de Lula.
O esquema que visava fraudar o INSS foi implementado durante o governo Bolsonaro. A maioria das entidades suspeitas surgiu entre os governos Temer e Bolsonaro. A única gestão que topou investigar e desmantelou a rede foi a do presidente Lula. Entendeu ou quer que eu desenhe? pic.twitter.com/3bwDbNwOJp
— Humberto Costa (@senadorhumberto) April 25, 2025
“El esquema para defraudar al INSS se implementó durante el Gobierno de Bolsonaro. La mayoría de las entidades sospechosas surgieron entre los Gobiernos de Temer y Bolsonaro. El único Gobierno que accedió a investigar y desmantelar la red fue el del presidente Lula. ¿Entienden o quieren que lo dibuje?”, señaló el 25 de abril el senador oficialista Humberto Costa en la red social X.
En cambio, para el líder de la oposición en la Cámara, Luciano Zucco, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) es el único culpable. “Donde hay un escándalo, seguro que el PT tiene sus huellas. Mensalão. Petrolão. El escándalo de Eletrobras. Fondos de pensiones. Correios. Y ahora, una trama multimillonaria de cobros indebidos en el INSS, que asciende a 6.300 millones de reales. No, no es casualidad. Es un modus operandi”, escribió Xucco en la misma red social.
Onde tem escândalo, pode apostar que tem a digital do PT. Mensalão. Petrolão. Escândalo da Eletrobras. Fundos de pensão. Correios. E agora, um esquema bilionário de cobrança indevida no INSS, que chega a R$ 6,3 bilhões.
Não, isso não é coincidência. É modus operandi.
Vamos pra… pic.twitter.com/NtHlRsrqlt
— Zucco (@deputadozucco) April 25, 2025
Esta semana, el Tribunal de Cuentas de la Unión aceptó la petición del Partido Novo en el Congreso y determinó una investigación por fraude del Sindicato Nacional de Jubilados, Pensionistas y Ancianos de la Fuerza Sindical (Sindnapi), que tiene como uno de sus directores a Frei Chico, hermano del presidente Lula.
Por lo pronto, la desaprobación de Lula ha vuelto a subir y alcanzó el nivel más alto de la serie histórica, según el último sondeo de AtlasIntel. El 53,7% de los encuestados no aprueban la gestión del líder de izquierda. En enero de 2024, cuando el presidente llevaba un año en el poder, ese porcentaje era del 45,4%.
