Tras la masacre de Río, arrecia el debate sobre la seguridad

La megaoperación contra el Comando Vermelho en el Complexo do Alemão se convirtió en la más sangrienta de la historia reciente de Brasil, con más de 100 muertos, superando incluso la masacre de Carandiru en 1992.

Repitió una fórmula conocida: enfrentar el crimen organizado desde una lógica territorial. Se produjo 15 años después de que la policía entrara en la misma comunidad con la promesa de erradicar el narcotráfico, un objetivo que, claramente, no se logró. Y puso en evidencia las diferentes posturas políticas sobre la gestión de la seguridad pública en Brasil.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó la incursión como un “éxito” y afirmó que el estado está “solo en la lucha” contra el crimen. Según él, el Gobierno federal ha negado apoyo logístico en operaciones anteriores. Su secretario de Seguridad, Victor Santos, declaró que Río vive en un “estado de guerra”.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, respondió que la seguridad pública es responsabilidad “exclusiva” de los gobernadores, de acuerdo con la Constitución. “Combatir el crimen requiere planificación, inteligencia y coordinación de fuerzas”, afirmó.

Enfoque sistémico

“El control del territorio es algo muy grave, pero es solo una parte del problema”, señala Carolina Ricardo, directora del Instituto Sou da Paz. “El Comando Vermelho tiene vínculos con los mercados de producción de oro, minería, uso de la tierra y pesca. Otros mercados criminales tienen conexiones con el mercado legal, como es el caso de Primeiro Comando da Capital (PCC) con el mercado de combustibles”, ilustra.

“No se necesitan tanques en las calles” para combatir estas actividades, prosigue Carolina Ricardo, que propone integrar organismos como el Servicio Federal de Ingresos, el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) y la Policía Federal. También destaca el tráfico de armas como eje central del poder criminal. Un estudio de Sou da Paz advierte que las bandas en Brasil recurren cada vez más a armas de estilo militar.

La socióloga Janaina Maldonado, del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos, coincide: “Necesitamos operaciones que desestabilicen las redes de enriquecimiento, favoritismo y protección vinculadas a los grupos criminales”. Así como una política de seguridad pública que regule estos mercados para debilitar a los grupos criminales.

An anti-drug police operation in low-income neighborhoods of Rio de Janeiro has resulted in more than 100 killings.

Rio authorities’ decisions leading to such a disastrous operation should be investigated. Families of victims deserve truth and justice. pic.twitter.com/oTWzqSkkfN

— Human Rights Watch (@hrw) October 30, 2025

Gobierno apuesta por Enmienda de Seguridad y ley “antibandas”

El Gobierno federal impulsa una Enmienda Constitucional (PEC) para ampliar sus competencias en seguridad. La propuesta busca constitucionalizar el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), fortalecer la inteligencia y coordinar acciones nacionales.

“La PEC busca dar forma y normatividad a fuerzas que hoy operan de forma fragmentada y, en ocasiones, fuera de los protocolos, como vimos ayer en Río de Janeiro”, explica Maldonado. Sin embargo, enfrenta resistencia de Gobiernos estatales, que la ven como una amenaza a su autonomía.

El ministro Lewandowski, que admite que la PEC es “solo un intento de organizar el juego”, presentó la semana pasada un proyecto de ley “antibandas”, que tipifica la “organización criminal calificada”, endurece penas cuando existe control territorial, amplía facultades de la Fiscalía para iniciar investigaciones, permite a la policía crear empresas ficticias con tal fin y crea una base de datos nacional de organizaciones criminales.

Pero “las pandillas en Brasil nacieron, se fortalecieron y se expandieron dentro y a través del sistema penitenciario. Incrementar las penas y crear nuevos tipos de delitos no rompe con esta lógica”, advierte Maldonado.

Oposición propone equiparar bandas con terrorismo

La oposición impulsa una ley que equipara organizaciones criminales con grupos terroristas, modifica la Ley Antiterrorista y aumenta las penas para comandantes y líderes de bandas. Las declaraciones del gobernador de Río de Janeiro tras la criticada megaoperación respaldan esta visión, al calificar como “narcoterrorismo” la respuesta de los criminales, lo que incluye el uso de drones y bombas en el enfrentamiento con la policía.

El Gobierno federal argumenta que una acción militar requeriría una operación de Garantía de Orden Público (GLO), reservada para situaciones excepcionales. “La GLO es un mecanismo previsto constitucionalmente, pero condicionado a la incapacidad de los estados para resolver sus propios problemas”, explica Daniel Hirata, profesor de la Universidad Federal Fluminense (UFF) e investigador visitante de Sciences Po. Y ofrece más riesgos que beneficios, pues “el Gobierno sabe que la policía de Río es extremadamente violenta”, agrega.

Intervenciones militares: resultados limitados

Desde los años 90, todos los presidentes han recurrido a las Fuerzas Armadas en Río, sin resultados duraderos. “Las operaciones policiales son instrumentos, no políticas públicas”, dice Hirata. “Se actúa de forma puntual, no continua. Es diferente a tener planes y objetivos”, añade. Algo que confirmó el Tribunal de Cuentas de la Unión tras evaluar una intervención federal de 2018 en Río, con bajo impacto a largo plazo. “El Ejército no está preparado para actuar como policía”, añade Hirata.

Para los expertos, combatir la violencia en Brasil requiere un enfoque multifactorial. “Masacres como la de ayer no deberían ser posibles en un Estado democrático”, concluye Maldonado. “La lucha contra el crimen organizado exige inversión en inteligencia, resolución de homicidios, regulación de los mercados ilegales y acciones cruciales para desarticular las redes de infiltración y connivencia entre el crimen y la política”.