¿Y ahora quién podrá defendernos? (Segunda Parte)

Hace unos semanas atrás en la primera parte de esta columna me referí a un dictamen de la Contraloría General de la República respecto de la fijación de tarifas de distribución eléctrica del año 2000. En ella explico como responde el organismo contralor a una consulta del Ministerio de Economía a raíz de los cuestionamientos que tuvo la Comisión Nacional de Energía (CNE) frente a su actuación en la fijación de precios de distribución del 2000, que determinó la creación de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.



Días después del referido dictamen, la CNE aseguró que la Contraloría había dado fe de la legalidad de sus decisiones, señalando que «no es verdad que no tomamos en cuenta los estudios de costos, lo que pasa es que no tomamos en cuenta la opinión de un consultor» y agrega «hicimos varios estudios y de todos los antecedentes salió la cifra final. Hay una confusión para algunas personas que participaron en la comisión investigadora, que no entienden que los estudios de costos eran la totalidad de los que encargamos y no la opinión de un solo consultor».



Cualquiera con un coeficiente intelectual normal se da cuenta de que la Ley Eléctrica no puede establecer varios estudios para un área de distribución, pues de lo contrario el regulador encargaría varios estudios y tomaría aquél que le parece más conveniente a sus intereses. Simplemente no es así. La Ley establece que el estudio lo realiza un consultor que se ha adjudicado el proceso de licitación, y que éste debe ceñirse a las bases del proceso. Precisamente la opinión de este consultor fue la que no se consideró en el caso sancionado por la Contraloría.



En la fijación de tarifas de distribución del 2000, no sólo no se siguió la ley en este aspecto, para el nuevo estudio se contrata a GTD, en forma directa y sin licitación, empresa vinculada -según establecen las conclusiones de la Comisión Investigadora- a la Secretaria Ejecutiva de la CNE y que tal como estableció la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados realizó estudios para Chilectra y otras empresas eléctricas antes y durante el proceso tarifario. Además como destaca el informe de la Comisión Investigadora «la contratación de GTD no pasó por el proceso de toma de razón de la Contraloría General de la República ni fueron materia de acuerdo del Consejo Directivo de Ministros de la CNE, sino que correspondió una decisión de exclusiva responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva de la CNE».



De acuerdo a la Comisión Investigadora, el impacto en Chilectra significa un mayor ingreso agregado para la empresa de 18 mil 387 millones de pesos por año hasta el 2004… Y por cierto lo pagan todos los usuarios. Así los valores agregados de distribución informados por la CNE a la Contraloría General de la República son mayores que los calculados por el consultor en el 48 por ciento en alta tensión y el 37 por ciento en baja tensión.



¿Qué más queda por entender?





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