Pareciera que hemos asistido estos últimos años a una gran fiesta, donde la “Piñata” ha sido la Educación Pública y su calidad, en la que han participado incluso algunas instituciones del propio sistema público. La han golpeado como el juego original azteca, claro que mas grave aún, no siempre con los ojos vendados.
Nuestra preocupación al celebrar 30 años de autonomía es la amenaza que se cierne sobre el sistema universitario público. Lo ocurrido con la educación básica y media pública, es lo que empieza a corroer las bases del sistema de educación pública universitaria.
Universidades deficientemente financiadas, llenas de rigideces administrativas propias de una gestión pública decimonónica, entendida unidimensionalmente por el Ejecutivo en el sentido de sólo valorar su dimensión de pregrado; acceso, permanencia y egreso. Una universidad pública que vive la paradoja única en el mundo: “si sus estudiantes no pagan o ellos no reciben las becas y beneficios del Estado, quiebra”.
Desde la Ley que hace posible la creación de nuevas universidades públicas en 1981, no hay ningún otro acto legal que diga relación con ellas, excepto las leyes de reprogramación de créditos, la Ley 19.305 del 23 de abril de 1994, que modifica los estatutos en materia de elección de rector, diferentes glosas de la Ley del Presupuesto para financiar programas especiales y más recientemente la Ley 20.374 de 2009 sobre “Incentivo al retiro voluntario” de los funcionarios de las universidades públicas.
Una universidad que se desenvuelve en un sistema que prohíbe el lucro, pero que permitió acreditar, incluso generosamente, a todas las instituciones con fines de lucro.
[cita]Es esa la razón por las que nuestras comunidades se han hecho parte del valiente llamado que han hecho nuestros jóvenes, al igual que la gran mayoría de los estudiantes de otras universidades. Han alzado su voz para contrariar la tendencia a la destrucción de la Educación Pública, para hacer un llamado agónico de defensa a un sistema que aún puede ser salvado.[/cita]
Personeros que han visto el ocaso de la educación básica y media pública y que nada hicieron por detenerlo, que nada han hecho por liberar las ataduras que impidieron el crecimiento de las universidades del Consejo de Rectores hoy diluidas en apenas un 35% de la matrícula. Un porcentaje que las empieza a hacer progresivamente irrelevantes para la Política Pública.
Pareciera que hemos asistido estos últimos años a una gran fiesta, donde la “Piñata” ha sido la Educación Pública y su calidad, en la que han participado incluso algunas instituciones del propio sistema público. La han golpeado como el juego original azteca, claro que mas grave aún, no siempre con los ojos vendados.
Es esa la razón por las que nuestras comunidades se han hecho parte del valiente llamado que han hecho nuestros jóvenes, al igual que la gran mayoría de los estudiantes de otras universidades.
Han alzado su voz para contrariar la tendencia a la destrucción de la Educación Pública, para hacer un llamado agónico de defensa a un sistema que aún puede ser salvado. Hemos discrepado de los métodos, pero en ningún caso del fondo. Las movilizaciones no pueden imponerse por la fuerza. La Universidad es en esencia, la institución social del diálogo, de los argumentos y de la tolerancia.
La discusión recién comienza, muchos se han expresado y opinado, pero la política pública vigente está muy lejos de hacer suyas las demandas que la sociedad mayoritariamente reclama. No nos cansaremos de reclamar la injusta distribución de los recursos en la que nos ha correspondido desarrollarnos. La injusticia del centralismo ha sido la tónica de nuestra vida institucional, a la que en los últimos años, progresivamente se suma otra, la de un Estado abstinente que reniega de su propia institucionalidad educacional, particularmente de las universidades que le pertenecen.
Nuestra crítica no es oportunista y ha sido consecuente al menos desde el año 1990.
Descuido que se expresa en el caso de la Educación Superior en la vulnerabilidad de su sistema universitario, obligado a competir por los recursos que el mismo Estado pone a disposición del sistema en un “remedo de mercado” que hace lidiar a instituciones centenarias con nuevas instituciones, Universidades robustas y afiatadas, amamantadas en la riqueza de la metrópoli, con universidades de regiones de baja demografía, insertas en estructuras económicas y sociales débiles e inestables, muy poco atractivas para el arraigamiento de recursos humanos calificados. Que hace competir a una universidad del Estado con entidades privadas, por recursos que ya escasean para las propias universidades públicas. Curiosa esta última paradoja, toda vez que el Estado asigna recursos para el “mejoramiento de la gestión”. El Estado ahora debe ayudar a mejorar la gestión privada. Un caso único en el mundo.
Es precisamente ese Estado el que hizo posible poner fin a los privilegios, el que hoy se retrae, dejando en manos del mercado y de los privados las iniciativas más robustas de la educación, garantizándoles además ciertos privilegios económicos y financieros.
No son estos momentos para el statu-quo, muy por el contrario, lo que la sociedad espera de nosotros es precisamente acción; mayor capacidad de respuesta y un devenir claro y preciso por la senda de la calidad.
