Los alegatos de estos técnicos supuestamente preocupados por los párvulos que no tienen capacidad de salir a manifestarse en las calles, en realidad benefician a estos otros actores, ciertamente nada de imberbes. ¡Mejor se hubiesen quedado callados!
Encabezados por cuatro ex ministros de Estado, los principales responsables de la política educacional de la transición han sacado el habla. En una ofensiva orquestada por El Mercurio, buscan influir en la discusión parlamentaria del presupuesto. Al parecer, no han asimilado el repudio generalizado de la ciudadanía y de sus propios camaradas de partido a los resultados de sus políticas, manifestado en el más grande movimiento de la comunidad educacional que ha conocido el país y en el reciente acuerdo de la oposición en materia educacional.
Su planteamiento decepciona. En lugar de hacerse cargo de los errores cometidos y ayudar a remediar sus consecuencias, recurren a una manida triquiñuela populista para que todo siga igual: Afirman que no se pueden atender las justas demandas de la educación superior, sino priorizar los niveles inferiores.
Este argumento es falaz en general, puesto que siempre se deben atender armónicamente todos los niveles educacionales, como bien lo entendieron los gobiernos de todos los colores políticos que construyeron el sistema nacional de educación pública durante el siglo 20.
Sin embargo, en el Chile de hoy resulta aberrante. Casi todo el modesto incremento de matrículas de las últimas tres décadas se ha concentrado en el nivel terciario, que al mismo tiempo ha sido dejado atrás por la recuperación del gasto público a partir de 1990. A consecuencia de ello, el aporte fiscal por alumno de educación terciaria ha continuado bajando año tras año, encontrándose todavía en los niveles muy deprimidos herdados de la dictadura.
A medida que disminuía el gasto público se incrementaban los cobros a las familias, situación que se agravó con intereses bancarios a partir de la introducción del crédito con aval del Estado (CAE) el 2006.
La carga actual resulta insoportable aún para las familias promedio de los quintiles de mayores ingresos. Una familia del quintil más acomodado debe destinar un mes de sus ingresos promedio para pagar el arancel promedio de cada hijo o hija que estudia en la universidad. Una familia promedio del quintil que sigue debe destinar a ello casi tres meses de ingresos.
Según el MINEDUC, el promedio de aranceles y matrículas universitarias del 2010 alcanzó a $2.097.173 y hay carreras el triple más caras. De acuerdo a la CASEN, el ingreso promedio mensual de las familias del quintil más acomodado alcanzan a $2.053.759 mensuales. Los del quintil que sigue alcanzan a $722.394 mensuales.
Por cierto, a lo anterior hay que agregar los gastos de mantención y útiles, así como los interes, multas y gabelas, con que los bancos recargan estos cobros en el caso del CAE. ¡Esa es la verdadera situación de los «ricos» sobre los cuales descargaron el financiamiento de la educación superior las políticas de la dictadura, continuadas por los que hoy sacan el habla!
Difícilmente puede escapar a la comprensión de estos técnicos que los principales beneficiarios de tal estado de cosas son los que lucran con la educación, aparte de los bancos.
El presupuesto de educación superior se redujo de 0,9 por ciento del PIB antes del golpe a 0,41 por ciento del mismo en 1990 y se ha recuperado a un 0,7 por ciento del PIB en el presupuesto 2012. Expresado por alumno de educación superior, el presupuesto se ha mantenido constante en los valores heredados por la dictadura, que alcanzan a poco más de medio millón de pesos anuales por alumno.
Sin embargo, un 30 por ciento del presupuesto 2012 se destina al CAE, es decir, se entrega a los bancos. Éstos recortan para si una comisión que ha promediado un quinto de este aporte fiscal desde el 2006 y el resto, junto a algnos recursos adicionales aportados por ellos, lo prestan a los estudiantes, que quedan como acreedores del total más los intereses.
Otro 13 por ciento del presupuesto está destinado al denominado «Crédito Solidario,» que el fisco presta directamente a los alumnos de instituciones del CRUCH, en condiciones algo más favorables. Los técnicos aludidos recomiendan extender este crédito a todas las instituciones, incluyendo aquellas con fines de lucro. Es decir, un 43 por ciento del presupuesto de educación superior no constituye propiamente un aporte fiscal, sino una «inversión» financiera del fisco, que comparte con los bancos y las universidades del CRUCH la condición de acreedores de los estudiantes.
Si se considera el aporte fiscal neto, es decir, sin CAE ni crédito solidario que en realidad son acreencias de las familias, el aporte fiscal neto a la educación terciaria se reduce a un 0,41 por ciento del PIB, menos de la mitad de lo que hace cuatro décadas. Así lo consignan, por lo demás, las cuentas de la DIPRES.
Expresado por alumno, el aporte fiscal neto se ha reducido de 404.873 pesos en 1990 a sólo 340.910 pesos el 2009, expresado en moneda de este último año.
Según cifras del estudio de CENDA para la CONFECH, su nivel anterior al golpe militar había alcanzado el equivalente a 1.300.000 pesos por alumno, expresado en moneda de hoy. Es decir, un Estado mucho más pequeño invertía casi cuatro veces más recursos que hoy, por alumno de educación terciaria.
Este es el desastroso resultado de las políticas neoliberales, que los técnicos responsables de diseñarlas e implementarlas pretenden ahora mantener sin cambios, so pretexto que se estarían restando recursos a otros propósitos más loables.
Lo que no puede escapar a tales especialistas es que hay un pequeño sector que ha profitado extraordinariamente con sus políticas. Desde luego, los bancos han obtenido utilidades brutas por más de 400 millones de dólares entre el 2006 y el 2010, sólo por recargas e intereses del CAE. Más significativo aún, el 86 por ciento de los recursos de dicho mecanismo, que concentra todos los incrementos presupuestarios destinados a la educación superior, van a parar a instituciones con fines de lucro de dudosa calidad. Sólo tres de las mismas concentran más de la mitad del CAE.
Es decir, los alegatos de estos técnicos supuestamente preocupados por los párvulos que no tienen capacidad de salir a manifestarse en las calles, en realidad benefician a estos otros actores, ciertamente nada de imberbes.
¡Mejor se hubiesen quedado callados!
