Opinión
Correr a comprar boletos —puestos de gobierno, cupos parlamentarios— en una Concertación que, a pesar de tener el caballo ganador en la carrera inmediata, parece a todas luces más un Titanic carente de cualquier proyecto histórico (y de alguna credibilidad posible en ese sentido), tiene entonces más olor a sumarse a la decadencia política, que a una voluntad de transformarla.
A primera vista, el título pareciera indicar una defensa del ministro de Educación de unas electoralistas acusaciones, a manos de una oposición sin más ideas para volver a La Moneda. Y no es casual que lo parezca. Desde que se inició este conato, columnistas, analistas y reporteros —salvo contadas excepciones—, por toda connotación del tema, sacan cuentas reducidas a quién y cuánto suma con esta maniobra. ¿Y la educación? Sin mayor pudor, aunque manoseada, resulta abiertamente ignorada.
Lo peor es que esto se naturaliza, se vuelve parte natural del paisaje. Al punto que, cualquier amago por cuestionar tal acusación al ministro, parece una defensa del gobierno actual. ¿Qué otro sentido podría tener? Claro, la educación no cuenta. Incluso sectores del propio movimiento estudiantil quedan atorados en tal confusión, dejando que los dilemas electorales redefinan sus más sentidas demandas, en un año en que la sed populista absorberá y reducirá cada vez más temáticas de los malestares y protestas de años recientes, a la lógica utilitaria del póker electoral. Los restrictivos términos de la política vigente, amagan con restituir su vieja eficacia de los últimos veinte años —como cortesanamente le insiste Correa al empresariado— luego que fuerzas sociales de distinto origen la pusieran en entredicho estos años, sobre todo alrededor de la cuestión de la educación.
De ahí una relevancia de esas banderas más allá de sus aspectos directamente sectoriales, locales e incluso técnicos: apuntan a una mayor democratización del país, de todas sus esferas. Su clausura es el peligro que entraña el retorno a las viejas restricciones de la política.
[cita]El empuje por cambios sustantivos en la educación chilena ha sido ampliamente apoyado. Ese apoyo no se puede extraviar a manos de promesas programáticas que implican delegar la fuerza que ha respaldado estos temas, tales acuerdos serán realidad sólo con un genuino control y participación de los movimientos.[/cita]
Utilitarismo de la política e ingenuidad de la “discusión programática”
En esas cuentas naturalizadas, crece la alarma por el boomerang. Un tiro que sale por la culata al oportunismo de unas elites concertacionistas, que a contrapelo de su ninguneo a unos contados parlamentarios en esta investigación del lucro, ahora calculan una ventaja a partir de ello. Es que ese oportunismo descontrolado activa en su seno todas las contradicciones que encierra el problema educacional en la elite política, profusamente ligada a los afanes de lucro que se ciernen hoy sobre esta actividad. En esta línea, la falta de “autocrítica” esgrimida por el jefe del PPD para restarse de tal acusación, apenas esconde una más impresentable idea en donde, si todos son culpables del problema, entonces nadie puede ser juzgado. Pues el PPD cobija, en forma destacada, a figuras políticas enredadas en las mismas cuestiones que toca tal acusación a Beyer.
Este utilitarismo extremo de la política cierra paso a las cuestiones efectivamente referidas al manoseado problema de la educación. Evitando cualquier contaminación, de la mano de la “estrategia del silencio”, llega un retorno sin estridencias de Bachelet que alientan la ansiedad de las maquinarias ya en carrera. Un debut austero, sin esos protocolos y cerradas celebraciones tan desaprobadas de la elite política. La ausencia de programa incita más aún la tentación a atacarla: esa comprobada forma en que más crece su figura. En tal escena, ¿qué puede esperarse de una “discusión programática” que esgrimen, de un lado y otro, quienes buscan subirse al carro de la Concertación?
Se ha instalado en sectores que participaron del 2011 —izquierdas nuevas y viejas— la peregrina idea que, en su incorporación a la Concertación, podrán condicionar sus apoyos a acuerdos programáticos sustantivos. Vale la pena recordar la insustancialidad de los acuerdos de 2005 entre el PC y Bachelet, e incluso, el propio programa de Aylwin en el proceso de transición a la democracia. Pareciera tratarse de una ingenuidad mayúscula, pues los grupos que hoy priman en la Concertación no difieren de aquellos que lo han hecho todos estos años. ¿Por qué hoy sus orientaciones y su voluntad política tendrían que ser distintas? Más bien, tras tal idea de una “sustantiva” discusión programática, cabe advertir un empeño de legitimación —sobre todo ante la polémica que tal ingreso a la Concertación despierta en sus respectivas bases— de un ansia de proyección particular. En definitiva, una opción legítima para la política como cualquier otra, pero que se intenta presentar ante el malestar social reciente como otra cosa, evadiendo esa transparencia que se le reclama a la política.
La legitimidad que los despliegues programáticos puedan darle a la Concertación resulta superflua bajo el curso político reciente. De nuevo, las preguntas más básicas son las que más conviene esconder. ¿Qué hace creer que con la elite concertacionista tiene alguna garantía un “acuerdo programático”? Dicha alianza sepultó su propio programa de la transición a la democracia, cuyo cumplimiento —para no ir más lejos ni agregar nuevas cosas— dibujaría un país muy distinto, especialmente en estos “temas de sensibilidad social” que ahora brotan como novedad: la reducción de las desigualdades, la contención de los niveles extremos —impresentables internacionalmente— de privatización y lucro que alcanzan esferas como la educación, la salud, las pensiones, etcétera. Después de Aylwin, sus gobiernos partieron imbuidos de promesas. Con Frei II lo mismo. Más próximo, valga recordar el portazo de Bachelet a las demandas educacionales de 2006, o el propio engendro del odiado Crédito con Aval del Estado y su alojamiento en la banca privada, animado en un exceso de entusiasmo de Bitar con aquellas acusadas restricciones que le atribuyen a la derecha (la misma derecha que devolvió la administración bancaria de dichos fondos a la banca estatal).
Sobre “acuerdos” se ha firmado cualquier cosa, y la realidad ha terminado mostrando, a manos de estos actores, porfiadamente otras. Luego, sin una refundación sustantiva —no espuria— de la política, ¿cuánto puede esperarse? Correr a comprar boletos —puestos de gobierno, cupos parlamentarios— en una Concertación que, a pesar de tener el caballo ganador en la carrera inmediata, parece a todas luces más un Titanic carente de cualquier proyecto histórico (y de alguna credibilidad posible en ese sentido), tiene entonces más olor a sumarse a la decadencia política, que a una voluntad de transformarla.
Peor aún, el control de la agenda concertacionista hoy parece en manos de aquellos que no quieren reformas sustantivas. Escalona le reitera al empresariado que son “gente seria” y no habrá un “giro hacia la izquierda”. Una caballería pesada rodea a Bachelet incluso más allá de sus propios deseos, en caso que fuesen distintos (uno de los misterios intrascendentes que intentan tejer en torno a su campaña). Enrique Correa, Ernesto Ottone, Máximo Pacheco, Oscar Guillermo Garretón corren a activar las mismas redes de poder que han imperado.
No parece plausible que la esperanza programática rinda frutos ante semejante fronda. Está muy claro que en la Concertación no controlan la agenda aquellos que simpatizan con ideas de cambios. Y, a manos de tales personajes, refriegan los hechos todos estos años, el papel lo aguanta todo.
El empuje por la educación
Si Bachelet oye a la ciudadanía, más allá de cualquier pose, no llegaría a las primarias con un programa pre-hecho. Por lo demás, terminaría de aplastar a los candidatos pequeños que quedan así sin una forma de confrontarla. Pero pretender ignorar el grado en que la política resulta determinada por cuadros burocráticos, significa que el manoseo de la cuestión programática queda ya a manos de la ingenuidad o simplemente del disfraz.
Si de ingenuidad se trata —la otra opción no merece más comentarios— esas izquierdas nuevas y viejas terminan legitimando ese ideologismo dominante en que la política aparece como un mero juego de opiniones más que intereses sociales. Ayuda así a invisibilizar el carácter social de la política y sus alternativas, al avalar la imagen de un teatro de conatos donde, más que intereses reales, se contraponen ideas susceptibles de conciliar. El dilema no es tanto que la elite conservadora que reina en la Concertación tenga una “opinión” distinta, sino —vuelve a quedar claro en la acusación a Beyer, o las garantías que sus figuras ofrecen al empresariado por estos días— que tiene intereses diferentes ¿Acaso hay una cuestión que hoy desnude más estas cuestiones que el lucro en la educación? ¿Es un conflicto de intereses o simplemente de opiniones susceptibles de ser conciliadas?
Esto no niega que, en el camino de transformaciones sustantivas, tenga lugar la negociación. Pero, como han aprendido los movimientos sociales, éstas no tienen destino si no se sustentan en una capacidad de presión efectiva. Tal choque de intereses ha mostrado que no entiende otro lenguaje que el de las relaciones de fuerza. Pero el cumplimiento de acuerdos que así deriven han de ser cautelados por tales fuerzas, de ningún modo delegados —“programáticamente”— en un eventual nuevo gobierno de los mismos de siempre. El empuje por cambios sustantivos en la educación chilena ha sido ampliamente apoyado. Ese apoyo no se puede extraviar a manos de promesas programáticas que implican delegar la fuerza que ha respaldado estos temas, tales acuerdos serán realidad sólo con un genuino control y participación de los movimientos, mediante la articulación con intelectuales, académicos y autoridades universitarias que no se vinculan a amagos por disfrazar los intereses contrapuestos que hay tras el problema educacional en aras del ingreso a una desgastada Concertación de los mismos de siempre.
