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Desarrollo económico y el desafío de una política industrial acorde al Chile del siglo XXI

por 10 octubre, 2014

Un claro ejemplo de lo anterior es el cobre, mineral no renovable que los privados han sobreexplotado en el norte de nuestro país, llevándose gran parte de las rentas que este genera, contaminando el agua y medioambiente de la zona. A pesar de que el Estado recibe poco dinero relativo del total generado por esta industria, somos altamente dependientes de él y su valor, pues la política de balance estructural (o política fiscal anticíclica) depende esencialmente del precio a largo plazo de este mineral, mineral que, querámoslo o no, algún día se acabará.
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En el contexto de la discusión de transformaciones importantes a las actuales estructuras sociales, iniciadas seriamente con la irrupción del movimiento social en 2011, y conteniéndose algunas de ellas en el actual programa de gobierno, creemos que es importante esbozar la discusión sobre uno de los elementos más trascendentes de las relaciones sociales y que hoy en día aún no entra en discusión: el modelo económico.

Raúl Ampuero Díaz señalaba a mediados del siglo pasado: “Nuestra burguesía nació con un campo de operaciones limitado y subsidiario de las grandes empresas foráneas. Porque nunca tuvo el poderío necesario para abordar inversiones de gran magnitud, en lugar de rivalizar con el capital imperialista estableció con él una estrecha asociación de intereses más o menos complementarios”.

¿Cuánto de dicho diagnóstico sigue siendo útil para pensar la sociedad actual? Sus palabras siguen vigentes hoy en día, pues el modelo de desarrollo no intervencionista, implantado durante la dictadura, acentuó las diferencias dentro de nuestra población. Esta lógica de que los agentes privados, en búsqueda de su propio interés, podrían llegar a un equilibrio sustentable que llevaría a un desarrollo como nación, evidentemente fracasó. Más allá de las fallas o falta de coordinación que encierran los mercados, esta política fracasó porque su verdadero objetivo era otro, es decir, se implementó con el fin de favorecer a cierto sector de la población, aquel sector dueño de materias primas y rentistas, el cual se vio altamente favorecido por estas políticas, donde no importo el progreso, crecimiento equitativo ni cuidado del medioambiente, pues la sobreexplotación de los recursos naturales les más que “aseguró la vida”.

Un claro ejemplo de lo anterior es el cobre, mineral no renovable que los privados han sobreexplotado en el norte de nuestro país, llevándose gran parte de las rentas que este genera, contaminando el agua y medioambiente de la zona. A pesar de que el Estado recibe poco dinero relativo del total generado por esta industria, somos altamente dependientes de él y su valor, pues la política de balance estructural (o política fiscal anticíclica) depende esencialmente del precio a largo plazo de este mineral, mineral que querámoslo o no, algún día se acabará.

Esta política (o falta de) si bien nos ha mantenido en algunos periodos con un buen nivel de crecimiento, evidentemente no se ha reflejado en un mejoramiento considerable y real de las condiciones de vida de nuestra población, concentrando la riqueza en unos pocos. Es por esto que no plantear una alternativa que pueda cambiar esto es verdaderamente preocupante, pues, si seguimos con el actual modelo de política industrial, estamos de manera implícita condenando a nuestro país a ser subdesarrollado de manera permanente, porque es el modelo de extracción de materias primas el que marca claramente la diferencia entre países ricos y países pobres. Los países desarrollados demandan los recursos que los países subdesarrollados les ofrecen, destruyendo su propio medioambiente y comunidades, para así poder satisfacer esta demanda. Es por esto que el sistema extractivo nos genera una alta dependencia económica y política de los países que adquieren estas materias primas, además de generar un nulo incentivo a desarrollar otras actividades.

Un claro ejemplo de lo anterior es el cobre, mineral no renovable que los privados han sobreexplotado en el norte de nuestro país, llevándose gran parte de las rentas que este genera, contaminando el agua y medioambiente de la zona. A pesar de que el Estado recibe poco dinero relativo del total generado por esta industria, somos altamente dependientes de él y su valor, pues la política de balance estructural (o política fiscal anticíclica) depende esencialmente del precio a largo plazo de este mineral, mineral que, querámoslo o no, algún día se acabará.

Siguiendo con el legado de Ampuero, él dice que “únicamente las clases explotadas, los trabajadores manuales e intelectuales, pueden asumir esa misión en términos de conformar una sociedad nueva, sostenida por una estructura productiva moderna y progresista”.

Es por esto que se hace fundamental generar un modelo alternativo de desarrollo, que supla dichas falencias y que tenga como objetivo un avance de la economía inclusivo, sustentable y verdadero. Si bien han existido planes de subsidios e instrumentos desde la Corfo y Conicyt, que intenta ir en esta línea, estos esfuerzos son insuficientes. Evidentemente esto tiene que convertirse en una fuerte política de Estado, el cual, mediante un gran estímulo fiscal, debe invertir más en investigación y desarrollo, la cual nos permita ampliar la pobre canasta productiva de exportaciones de hoy en día, y aprovechar las ventajas que nuestro país posee, incentivando producción que tenga un verdadero valor agregado, entregado por elementos intelectuales y creativos propios formados en nuestro país.

Como mencioné anteriormente, debido a los intereses de la clase empresarial de nuestro país, es imposible que las respuestas a la política industrial vengan desde el mercado, por lo que el rol de una política de Estado que impulse una política alternativa, acorde al Chile del siglo XXI, es fundamental y de suma urgencia.

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