Estos excesos y abusos del poder económico derivan de la columna vertebral del modelo neoliberal chileno y su institucionalidad, heredada de la dictadura: el predominio del mercado por sobre el Estado, la obsesión por la creación de riqueza, el culto por la privatización y el tributo al sector privado, expresado durante los últimos 25 años en múltiples leyes y en acuerdos entre gobiernos, Sofofa y Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
¡Hay que dejar que las instituciones funcionen!, es la afirmación permanente del Gobierno y los partidos políticos frente a la crisis desatada por los delitos vinculados a Penta y SQM, y al abuso de poder del hijo y de la nuera de la Presidenta Bachelet –caso Caval–, cuyo impacto en la opinión pública ha sido aun más devastador que los primeros. La afirmación es en parte correcta, porque las instituciones están efectivamente funcionando, pero dentro de un marco establecido por la Constitución de 1980. A esto se suma una crisis de confianza frente a la elite empresarial y de legitimidad de la elite política debido a su origen (el binominal), ambas derivadas de las reglas del juego de la propia Consitución. Todo esto a la ciudadanía hoy no le asegura ni justicia ni el cambio necesario hacia otras reglas del juego, es decir, una nueva institucionalidad, que abra el camino hacia una mayor justicia y hacia la equidad.
La ciudadanía ha constatado más de una vez a lo largo de las últimas décadas la impunidad frente a delitos que no son penados como tales, alimentando una desconfianza generalizada y que hoy se traduce en incredulidad acerca de la transparencia del SII, del Tribunal Constitucional, del Parlamento y del Ejecutivo, expresada también en un descrédito en las autoridades, la política y la justicia. Esto es grave, porque la falta de confianza es claramente incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad, y la historia muestra que una vez que se desgasta es muy difícil restablecerla. Por eso es que hoy resulta esencial encontrar un camino y revertir esta situación.
[cita] Estos excesos y abusos del poder económico derivan de la columna vertebral del modelo neoliberal chileno y su institucionalidad, heredada de la dictadura: el predominio del mercado por sobre el Estado, la obsesión por la creación de riqueza, el culto por la privatización y el tributo al sector privado, expresado durante los últimos 25 años en múltiples leyes y en acuerdos entre gobiernos, Sofofa y Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).[/cita]
Este fenómeno, la falta de confianza, tiene raíces antiguas, alimentadas por hechos como la colusión de los pollos, de las farmacias, los delitos de La Polar, la contaminación de los cerdos de Freirina, del tranque en Caimanes, de la muerte de los cisnes de cuello negro en el Humedal del Río Cruces, junto a las ganancias exorbitantes de las AFP y las Isapres, con la contraparte de prestaciones cada vez más onerosas a las que nada ni nadie pone atajo.
Estos excesos y abusos del poder económico derivan de la columna vertebral del modelo neoliberal chileno y su institucionalidad, heredada de la dictadura: el predominio del mercado por sobre el Estado, la obsesión por la creación de riqueza, el culto por la privatización y el tributo al sector privado, expresado durante los últimos 25 años en múltiples leyes y en acuerdos entre gobiernos, Sofofa y Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Por eso no podemos horrorizarnos cuando terremotos, tsunamis o aluviones dejan al desnudo la realidad de los abusados: los trabajadores, las temporeras, los pescadores artesanales, los pobladores de los pequeños pueblos del sur y el norte de Chile, de las regiones que no han podido beneficiarse del modelo económico y de su institucionalidad.
Pero este funcionamiento del capitalismo desatado no es nuevo, parece que fuera hoy cuando hace más de un siglo John Maynard Keynes señalaba: “En vez de utilizar sus recursos técnicos y materiales, que habían experimentado un incremento extraordinario para construir una sociedad maravillosa, los hombres del S. XIX construyeron suburbios deprimentes… que según los criterios de la empresa privada eran ‘rentables’. La misma regla de cálculo económico autodestructivo gobierna todos los ámbitos de la vida. Destruimos la belleza del paisaje porque los esplendores de la naturaleza de los que nadie se ha apropiado, carecen de valor económico. Seríamos capaces de apagar el sol y las estrellas porque no dan dividendos”.
La debilidad ideológica, cultural, política y financiera del Estado chileno, derivada de la Constitución de 1980, abrió la puerta de par en par al abuso generalizado de las grandes empresas, a la compra por parte de éstas de la política y sus representantes, que aún los intentos de reforma derivados del acuerdo por el Caso MOP-Gate, en 2003, no pudieron impedir. De la actual institucionalidad, traducida en los vacíos de regulación y supervisión del Servel, del SII y del propio Parlamento, nacen las boletas falsas que financiaron a una buena parte de las campañas parlamentarias, y que dieron origen a las leyes que son ciegas a la degradación del medio ambiente, ponen obstáculos a la supervisión y regulación eficaz del sistema financiero, de las Isapres y las AFP, que impiden la competencia en mercados como los energéticos y de comunicaciones, perjudicando a la ciudadanía toda y alimentando las arcas del gran capital.
Sin embargo, gracias a la web, Facebook y Twitter todos estos hechos hoy se difunden “en tiempo real”, incidiendo en la capacidad de la ciudadanía para emitir opinión y desbaratar componendas. De hecho, los intentos de acuerdos para “tapar la olla” en el caso SQM fueron prácticamente detenidos por la opinión pública, que exigía transparencia, dificultando posibles acuerdos de componendas futuras entre el oficialismo y la oposición, y cuestionando de esta forma “la política de los consensos” que había sido un pilar fundamental de la democracia chilena.
Hoy están en crisis la reglas del juego que fueron establecidas para preservar el propio modelo económico neoliberal. No se trata solo de imponer reglas que castiguen efectivamente el vínculo entre la política y el dinero, se requieren también cambios drásticos a otros aspectos fundamentales de la Constitución, como la colusión y abuso en los mercados, el empoderamiento del Estado para incidir en la defensa de los derechos ciudadanos en temas tales como la salud, educación, servicios básicos –telecomunicaciones, agua, energía– y las pensiones, una defensa efectiva del medio ambiente, una descentralización del poder en las regiones y un crecimiento sustentable.
Dado el descrédito transversal de la elite en el poder y la necesidad de recuperar la confianza en una nueva institucionalidad, la Asamblea Constituyente parece ser la única salida que permita elegir a representantes ética y moralmente confiables. En este marco el persistente llamado a que “dejen que las instituciones funcionen” no contempla el hecho de que es precisamente ese funcionamiento el que ha llevado a la situación que señalamos. No debiera sorprender que exista tardanza en asumir la necesidad de una Asamblea Constituyente, de una nueva institucionalidad.
Una nueva institucionalidad que, a partir de miembros escogidos por la ciudadanía –y no impuestos por el sistema binominal– genere nuevas reglas de juego y organismos y/o asigne nuevos mandatos y poderes a los existentes, para dar paso a un crecimiento con equidad.
A esta altura cabe preguntarse: ¿cómo se construye un poder que lo permita?
