Como es de público conocimiento, el programa de Gobierno 2014-2018 de la Presidenta Michelle Bachelet señala la implementación de una reducción gradual del número máximo de estudiantes por curso en la educación subvencionada (Chile de Todos, 2014, p. 20). Sin embargo, el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, presentado a fines de abril y actualmente en tramitación en el Congreso, no contempla esta promesa de campaña. Al parecer, el amplio rechazo que sufre el proyecto a nivel de profesores y actores sociales, ha generado una mayor apertura del Gobierno a incorporar temas que habían quedado pendientes, como lo es el número de alumnos por curso.
En este nuevo escenario, donde esta promesa de campaña vuelve a tomar protagonismo, parece indispensable examinar los argumentos que sustentan esta medida, la que no sólo mejora las condiciones laborales de los profesores sino que, por sobre todo, introduce calidad y equidad al sistema en su conjunto.
Soy profesora de Matemática de Educación Media en el sector municipal y llevo estudiando las implicancias educativas que tiene el número de alumnos por curso por más de tres años, como parte de mi proyecto de tesis de magíster en Educación en la UC, que concluí a fines de 2014. Quisiera compartir en estas líneas los principales hallazgos de las investigaciones más recientes y los aprendizajes que ha dejado la implementación de programas de reducción de alumnos por curso en el resto del mundo.
Hay que partir por señalar que actualmente el número máximo de alumnos por curso, que se rige por el Decreto Supremo de Educación Nº 8144 de 1980, alcanza los 45 estudiantes por aula. Este valor, determinando por un criterio principalmente económico, se aleja sustancialmente de los estándares que rigen en países de la OCDE, grupo al cual pertenecemos desde 2009. Por un lado, Chile destaca por tener 30 alumnos por curso en promedio, cuando el indicador para los países miembros es apenas superior a 21.
[cita] Al disminuir la incidencia de problemas conductuales y disrupciones, se genera un clima de aula más adecuado para el aprendizaje. Cursos reducidos favorecen la visibilidad de todos los alumnos y afianzan el sentido de pertenencia al grupo, lo que se traduce en un mayor compromiso hacia el aprendizaje de los estudiantes. [/cita]
Una de las principales preguntas que ha intentado contestar la investigación en educación es: ¿cómo impacta la cantidad de alumnos por curso en los aprendizajes de los estudiantes? Este tema ha estado en el debate educativo desde los años 60, cuando se universaliza la educación pública. Sus detractores y promotores han intentado desde entonces validar sus posturas científicamente, sin embargo, por varias décadas los estudios realizados en este ámbito estuvieron afectados por problemas metodológicos, lo que puso en duda sus hallazgos. De todas formas se ha observado transversalmente que esta medida tiene un mayor impacto en contextos más vulnerables, y para sistemas educativos cuya efectividad no se ha logrado plenamente.
Hace aproximadamente diez años surge una nueva línea de investigación. Esta asume que la relación entre las variables –logros de aprendizaje y número de alumnos por curso – es indirecta y que está mediada por procesos de aula que brindan oportunidades para mejorar los aprendizajes de los alumnos. En consecuencia, este nuevo enfoque concentra su análisis en los cambios que suceden al interior del aula y que podrían explicar los mejores resultados educativos que se le atribuyen a la intervención:
Los procesos hasta aquí listados son los que principalmente describe la literatura que trata este tema, sin embargo, se han identificado consecuencias y aspectos deseables que se asocian a esta medida que no se consideran propiamente procesos de aula, pero que igualmente inciden en la calidad y equidad educativas:
Como queda de manifiesto en esta caracterización, varios de los procesos descritos se asocian directamente con aspectos clave de la reforma, como son: mejorar las oportunidades de aprendizaje brindadas a los alumnos, generar un mejor clima de convivencia escolar (destacado recientemente por la medición del Simce), hacer más inclusivo el sistema educativo, brindar más apoyo a alumnos con dificultades, así como ofrecer mayor atención a alumnos disruptivos, dignificar la profesión docente y retener a los mejores profesores en los sectores más vulnerables; en síntesis, introducir mayor equidad y calidad al proceso educativo.
Es justo recalcar que esta medida brinda oportunidades para mejorar los aprendizajes de los alumnos y que varios de esos factores se ven potenciados por el rol que desempeña el profesor. Es decir, la calidad docente es un aspecto relevante en hacer de estas oportunidades instancias fructíferas y beneficiosas para la formación de nuestros niños y jóvenes.
Lo anterior reafirma que es necesario avanzar en la implementación de distintas iniciativas simultáneamente, asegurando que estas se articulen y complementen de forma eficaz. Contribuir a superar las desigualdades de origen, garantizando responsablemente trayectorias educativas equitativas y de calidad permitirá que todos los niños, niñas y jóvenes de este país puedan elegir libremente, y a partir del pleno desarrollo de su potencial, el modo en que participarán y contribuirán a una sociedad que fue capaz de poner en el centro de sus prioridades a la educación.