Opinión
Lamentablemente, La Moneda está perdiendo una oportunidad de remontar en las encuestas tomando una iniciativa de campaña, que además fue planteada en los primeros 100 días de la Presidenta en el Gobierno. Muchos de los que fueron a la marcha y los que temen por sus jubilaciones bajas, habrían aplaudido que Palacio tomara en serio las propuestas sobre cómo reformar el sistema de pensiones que se hizo en la Comisión Bravo.
Hay que reconocer que los poderosos de siempre quedaron golpeados con la magnitud de la movilización del día domingo. Una marcha que no fue convocada por ningún partido político, ni por RD, ni por ningún tuitero influyente, ni nadie del mundo de la Big Data, sino por un dirigente sindical que de presencia parece una mezcla entre el contador de barrio y Don Quijote. Uno como muchos que se ven en la estación del metro Mirador de Bellavista. Y los asistentes pertenecen a un mundo tan lejos de los políticos tradicionales, que incluso a los que juegan de alternativos, como el senador Navarro, los corrieron a punta de chilenismos.
Es probable que el reciente escándalo de las jubilaciones millonarias en Gendarmería haya prendido como pasto seco el ánimo de los manifestantes. No por gusto se hicieron populares los carteles pidiéndole matrimonio al diputado Andrade.
A muchos les puede parecer utópica y populista la petición de una reforma profunda al sistema de las AFP, pero hay que recordar que en el año 2011, entre las cosas extrañas que pedía el movimiento estudiantil, estaba que la educación universitaria sea gratuita, asunto que hoy está tan instalado, que el diputado UDI Jaime Bellolio fue a defenderla al Tribunal Constitucional.
No será de extrañar entonces que todos escuchen la voz del pueblo, que nos llenemos de sesudos análisis de muchas fundaciones y analistas sobre lo importante que es terminar con el sistema de las AFP, que salgan los candidatos de siempre a decir que es populismo e impracticable hacer el cambio que pide el pueblo. No faltará el ingenioso que se le ocurre venderle a un medio que la panacea está en el sistema de Finlandia o Eslovenia y así después agenciarse un buen viaje a aquellas tierras.
Lo curioso es que, a diferencia de la gratuidad, donde salvo discusiones teológicas no había mucho estudio serio, en materia previsional sí existe uno que convenientemente está guardando polvo en un cajón del Ministerio de Hacienda: el informe de la Comisión Bravo.
Y el primer afectado de presbicia fue sin duda el Gobierno, pues como respuesta a la masiva manifestación planteó que se está solucionando el problema y que para ello se cuenta con la receta mágica de la AFP estatal. Es curiosa la respuesta, siendo que uno de los actos más sabios de la actual administración fue convocar a una comisión amplia y con un mandato bastante audaz, como el de la Comisión Bravo. Nuevamente se repite la fórmula del llamado “realismo sin renuncia”, que –dicho en simple– se ha convertido en tratar al primer año del Gobierno de la Presidenta Bachelet como si hubiese sido un espacio de locura.
Lamentablemente, La Moneda está perdiendo una oportunidad de remontar en las encuestas tomando una iniciativa de campaña, que además fue planteada en los primeros 100 días de la Presidenta en el Gobierno. Muchos de los que fueron a la marcha y los que temen por sus jubilaciones bajas, habrían aplaudido que Palacio tomara en serio las propuestas sobre cómo reformar el sistema de pensiones que se hizo en dicha comisión.
Si se lee con detalle el informe de la Comisión Bravo, como recomendó en un tuit el diputado Matías Walker, se verá con asombro que ninguno de los comisionados considera que la AFP estatal es la panacea o la solución a las bajas pensiones. Más aún, todos concuerdan en que sus efectos serán positivos, pero acotados a darle más competitividad al mercado y bajar las comisiones. Debieran esta vez, los equipos comunicacionales de Palacio, hacerle más caso al diputado y leer en serio las conclusiones del grupo de expertos.
[cita tipo= «destaque»]Vale la pena preguntarse, si la Comisión Bravo propuso tres caminos para reformar el sistema chileno de pensiones, ¿por qué no se ponen en la mesa y se debate sobre ella, teniendo en cuenta los costos y beneficios de cada una? Y, finalmente, ¿por qué no se plebiscitan? Si los colombianos deciden sobre si hay paz o no con la FARC y los británicos si pertenecen o no a la Unión Europea… ¿somos más tontos los chilenos que no podemos decidir sobre cómo organizar sus futuras pensiones o elegir quiénes nos cuidarán nuestros recursos en las empresas?[/cita]
La Comisión Bravo fue constituida en los primeros días del Gobierno y, después de 55 sesiones de trabajo y 78 audiencias públicas, hizo un detallado diagnóstico del sistema previsional chileno, reconociéndole sus fortalezas y debilidades y valorando lo que implicó la reforma previsional del primer mandato de la Presidenta. Sus 16 hombres y 8 mujeres vinieron de los más diversos sectores, incluyendo a varios expertos internacionales. Tuvieron la sabiduría, extraña en esta tierra tan adicta a los términos medios, de no construir un consenso, sino exponer al país tres alternativas de reforma al sistema actual de pensiones.
La más conservadora supone mantener el statu quo, con mejoras en el pilar solidario y la igualdad de género, mayor aporte del Estado y cambio en los aportes individuales, ya sea en cotización o aumento de la edad de jubilación.
En el otro extremo, se propone la que el economista Manuel Riesco llama “propuesta C”, consistente en terminar con el sistema actual de capitalización individual y de golpe crear un sistema de reparto que asegure un cierto porcentaje de la última renta como jubilación.
Una posición intermedia supone crear un sistema tripartito, con una base solidaria para las bajas rentas, donde por cada peso que pone el trabajador, hay aportes del mismo monto por parte del Estado y del empleador.
La otra golpeada por la explosión de la calle es la industria de las AFP. Si bien leyeron correctamente el diagnóstico de enojo con la actual situación de pensiones, lo atribuyeron a desconocimiento de las personas de las bondades del actual sistema y por ello optaron por una campaña comunicacional centrada en lo que mal llamaron Educación Previsional. Si bien eligieron una vocera bastante asertiva y no un estereotipo de revista de papel cuché, el guión supuso nuevamente tratar de ignorantes a las personas y así hacerles creer, con candidez, que el enojo se debe a no entender la magia de jubilar con un tercio del sueldo a diferencia de cualquier país OCDE.
Nuevamente cometieron el error que lleva décadas cometiendo la élite: por resistirse a como dé lugar a una reforma razonable como la que propone la Comisión Bravo, entraron en la negación absoluta, la campaña del terror por los medios escritos, las acusaciones de socialismo y estatismo a los reformistas moderados, los golpes en CasaPiedra y lograron nuevamente enardecer a la calle, dejando las esquinas de barrio tan calientes como el asfalto veraniego.
El problema de las AFP es probablemente el más grave y complejo que enfrenta la sociedad chilena en el último tiempo y tiene raíces tan profundas como los reclamos universitarios. Un error de varios en estos días es creer que se basa solo en los reclamos contra las pensiones arregladas en Gendarmería, y no en un asunto propio y profundo de la clase media chilena: el temor de volver a la pobreza.
Como se ha repetido hasta el cansancio, Chile pasó, durante los años de la Concertación, de ser un país de pobres a convertirse en una sociedad de clase media. Los que dejaron la marginalidad sienten que deben principalmente a su esfuerzo el progreso obtenido y esperan dejarles a sus hijos un mundo mejor al que vivieron. Pero si las pensiones en promedio no superan el actual salario mínimo, cuando jubilen, automáticamente bajarán cuatro clases sociales, ocupando la metáfora de Calle 13 en ‘El Baile de los Pobres’.
No solamente las personas se ven a sí mismas, después de una vida de trabajo, con una vejez de pobreza, sino como una futura carga para sus hijos, algo que nadie en su sano juicio, y menos de clase media chilena, desea para las siguientes generaciones.
De hecho, recordando el baile de los zombies de la época de las marchas estudiantiles, son los trabajadores chilenos los que, con el solo hecho de jubilar, se convierten en muertos vivientes, en especial por el mayor costo de la vida que implica ser anciano en Chile.
Por otro lado, las AFP se han convertido, además de un buen instrumento de ahorro en la sociedad, en una manera barata de las empresas chilenas de acceder a financiamiento, aumentando el valor de las compañías. Las AFP integran directorios de empresas, toman decisiones que influyen sobre la rentabilidad de los fondos de terceros, sin preguntarles absolutamente nada a los verdaderos dueños de los recursos que administran. Los afiliados a las AFP ni siquiera pueden elegir cuáles son los directores que debieran representarlos y decidir sobre sus fondos.
Vale la pena preguntarse, si la Comisión Bravo propuso tres caminos para reformar el sistema chileno de pensiones, ¿por qué no se ponen en la mesa y se debate sobre ella, teniendo en cuenta los costos y beneficios de cada una? Y, finalmente, ¿por qué no se plebiscitan? Si los colombianos deciden sobre si hay paz o no con la FARC y los británicos si pertenecen o no a la Unión Europea… ¿somos más tontos los chilenos que no podemos decidir sobre cómo organizar sus futuras pensiones o elegir quiénes nos cuidarán nuestros recursos en las empresas?
A diferencia de los jóvenes universitarios o los niños de Sename, los jubilados y los que tienen más de 45 años sí votan y deciden elecciones. Y, por cierto, son lo suficientemente informados como para que les sigan haciendo creer que la Educación Previsional o la AFP estatal, por sí mismas, permitirán mejorar las pensiones.
