El Programa de Inversiones de la Empresa Ferrocarriles del Estado tiene entre sus orientaciones principales entregar un servicio seguro y confiable. Pero para que ello suceda, la empresa debe invertir y contar con los recursos para ello.
Según la Ley de Presupuestos, para efectos de “mantención de infraestructura”, EFE cuenta el presente año con algo menos de 22 mil millones de pesos. Un monto levemente mayor al asignado durante los últimos dos años, pero menor al de 2013.
A lo largo de la red ferroviaria existen más de 400 puentes que son responsabilidad en su mantenimiento de EFE. El plan trienal de inversión (el cual concluye este año) contemplaba priorizar la mantención de 24 de ellos.
Los procesos productivos y comerciales requieren contar con un transporte expedito y seguro. Donde existan diversas plataformas para que la competencia y el acceso generen un escenario que otorgue ventajas para la producción y el desarrollo de los diversos emprendimientos. Esta es una de las tantas razones por lo cual es relevante que contemos con una vía férrea segura y que dé garantías para el transporte de personas, pero también para el de carga.
[cita tipo=»destaque»]Chile requiere que frente al desarrollo ferroviario una real política de Estado que vaya más allá de la mantención de la actual infraestructura y que avance en la recuperación definitiva de un medio de transporte que además de ser parte de la identidad cultural del sur del país, puede volver a ser un aporte al transporte de una diversa producción regional, liberando así una parte del flujo carretero. Una política de este tipo potenciaría además otros sectores productivos, como el turismo.[/cita]
El derrumbe del puente sobre el río Toltén viene a debilitar aún más a la empresa ferroviaria y las prestaciones que ella entrega. Las sucesivas administraciones gubernamentales han fracasado en la tarea de devolver al país un servicio de ferrocarriles renovado y a la altura de la demanda ciudadana y productiva.
En la bancada de senadores socialistas hemos puesto a disposición del gobierno y la comunidad el documento denominado “Una Política Pública Pro Crecimiento y Desarrollo”. En él se da cuenta que en el año 2015 se dejaron de ejecutar inversiones públicas por US$1.000 millones, aun cuando el MOP ha hecho un gran esfuerzo en la materia. Durante el presente año la ejecución presupuestaria sigue siendo insuficiente.
Específicamente, respecto a EFE el mismo documento da cuenta que se debiese avanzar en “destrabar las dificultades que hoy existen para ampliar los servicios de carga, pendientes desde la administración pasada. Consideramos que hay espacio para convenir con los portadores privados de carga, quienes podrían aportar el financiamiento”.
También, se plantea la necesidad de invertir en estudios de ingeniería para contar con una cartera de proyectos ferroviarios de media y corta distancia para pasajeros. Al respecto me parece que también debiese contemplarse el estudio de nuevas vías -o modernización de las existentes- hacía nuestros diversos terminales portuarios.
Otra fórmula a explorar para liberar fondos para el fortalecimiento de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, puede pasar por convenir con el Ministerio de Transportes que los recursos espejo del Transantiago vayan a obras de infraestructura para el transporte y no a otros fines. Fondos, como el FAR, que provienen de la Ley Espejo y que ahora están retenidos por DIPRES, debiesen ponerse a disposición y ejecutarse.; esta medida puede generar inversiones en las regiones por unos US$ 800 millones anuales.
Chile requiere que frente al desarrollo ferroviario una real política de Estado que vaya más allá de la mantención de la actual infraestructura y que avance en la recuperación definitiva de un medio de transporte que además de ser parte de la identidad cultural del sur del país, puede volver a ser un aporte al transporte de una diversa producción regional, liberando así una parte del flujo carretero. Una política de este tipo potenciaría además otros sectores productivos, como el turismo.
Urge implementar un proceso de dialogo entre los diversos actores del Estado – Gobierno, ministerios sectoriales, Congreso y la propia EFE- de manera de generar los consensos que el tema requiere.
