La censura a la obra “Ideología”, de Felipe Rivas; denostar e intentar clausurar el premio a Felipe Durán, talentoso artista que ganó el reconocimiento de fotografía Rodrigo Rojas De Negri; la actual polémica en torno a la política curatorial del nuevo Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, la que es separada arbitrariamente (1967) del universo artístico temporal del Museo Nacional de Bellas Artes, son algunas (hay otras) de las expresiones públicas que denotan lo confundido que está el ministro, lo cual lo insta a no renovar las políticas culturales y no cumplir el programa de Gobierno, so pretexto de ordenar lo que hay, desconociendo que lo que hay cumplió un ciclo.
Correspondía el 2016 renovar las políticas culturales, proceso que no se inició y la autoridad máxima del Consejo Nacional de Cultura y las Artes no dio explicaciones del por qué suprimió la renovación de las políticas culturales 2017 – 2022, función entregada por el Estado de Chile.
Es la tercera vez que el organismo público debe recrearlas, poniendo dentro de un marco institucional los planes, programas y proyectos que emanan desde el Estado de Chile, de instancias regionales, provinciales y comunales. Menudo trabajo tenía una institución que está ad portas, al menos así se ha presentado, de convertirse en un ministerio y que tiene como principal activo una trayectoria de participación y formulación de políticas de manera inclusiva y ciudadana.
Tributa al espíritu participativo institucional, el proceso de Consulta Indígena que lideró la ex ministra Claudia Barattini y la ex subdirectora Lilia Concha, quienes tuvieron la prudente osadía de, amparadas por los requisitos de estándares internacionales y nuestra propia normativa, dialogar con las comunidades de pueblos originarios y tribales de todo el país y asumir acuerdos que honran al Estado. Dos de esos compromisos fueron la creación del Departamento de Pueblos Originarios y denominar a la repartición como Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, en plural, puesto que da cuenta de la pluriculturalidad y diversidad de Chile, ambos mandatos fueron cumplidos.
[cita tipo= «destaque»]Hasta ahora, ha predominado la idea de convocar a grupos de interés, implementando modelos de arrastre, poniendo al centro a un facilitador que recoge las ideas, reclamos y reflexiones de los asistentes, sin hacerse cargo de las críticas y propuestas que puedan emanar del encuentro.[/cita]
Una señal contraria es la decisión de no renovar las políticas culturales, dejando trunca una práctica que tiene el sector: construir colectivamente una hoja de ruta y criterios que permitan no solo orientar el trabajo, sino también evaluar cómo lo hacen los encargados de conducir dicha implementación, a partir de dar voz a los agentes relevantes que intervienen en esas políticas.
El modelo de construcción de las nuevas políticas culturales, presentaba el desafío de no retroceder en su aspecto participativo, asumía dar un paso adelante y presentarse ante la ciudadanía teniendo el coraje de transferir y defender los aciertos y aceptar las debilidades que ha experimentado la institución, me refiero esencialmente a los campos en donde se ha avanzado menos de lo prometido y, en algunos casos, ha existido un pragmatismo conservador que no da cuenta de las clarividencias de los creadores, gestores y actores culturales que piden un cambio en el rumbo de los contenidos y estrategias de las políticas culturales.
Quisiera destacar la participación de la ciudadanía en la construcción de las políticas culturales y cuál es la estrategia metodológica que quedó obsoleta y que debía ser reformulada. Hasta ahora, ha predominado la idea de convocar a grupos de interés, implementando modelos de arrastre, poniendo al centro a un facilitador que recoge las ideas, reclamos y reflexiones de los asistentes, sin hacerse cargo de las críticas y propuestas que puedan emanar del encuentro. Posteriormente, dependiendo de la convicción democrática de la autoridad, se considera el tiempo y las opiniones de la ciudadanía para la formulación de planes, programas y proyectos.
Este llamado método de arrastre permite, desde la autoridad, tener una escucha que facilita que las voces se expresen y, aparentemente, se escuchen. También se caracteriza por el hecho de que la autoridad no orienta y no se hace cargo de su trabajo y sus decisiones, lo que permite dejar al Estado ausente, a pesar de que su presencia se exprese cotidianamente.
Cuando no se han definido políticas, el modo más democrático es escuchar sin interferencias, traducir, diseñar e implementar políticas que consideren la voz de las minorías y las mayorías. En el caso de las políticas culturales, corresponde renovarlas, ya que el Estado las creó y las asumió; por ende, debería tener el coraje de evaluarlas.
Dejar al país sin políticas culturales es una mala decisión si se considera que se discute en el Congreso el proyecto que crea una nueva institucionalidad cultural, la cual debiera considerar el aporte que hace la Sociedad Civil (Gramsci, Habermas, entre otros), valorando que son actores fundamentales para la construcción de una democracia robusta, la que requiere de un universo público capaz de fiscalizar y criticar al poder estatal y al de mercado; hoy, dicho mérito no es cuestionado, más bien se instala como un activo de los Estados modernos.
Sería saludable para la democracia y su normal funcionamiento que todas las autoridades apreciaran dos atributos fundamentales de la Sociedad Civil: independencia y capacidad crítica.
