La crisis en la educación superior chilena se ha visto agudizada en las últimas décadas. Esto, lo podemos observar en una serie de irregularidades en distintos organismos de educación superior, que han terminado con el cierre de más de 20 universidades, desde el año 1988. En los últimos años han sido dos los casos que han captado la atención a nivel público, el cierre de la Universidad del Mar y de la Arcis, calificados como ejemplos claros de la ineficiencia del sistema que regula a las instituciones privadas.
El caso de Universidad del Mar, quedó al descubierto en el año 2012, luego de que se acusara a la institución de no pagar los sueldos de sus trabajadores y de lucrar a través de distintas sociedades espejo, como las inmobiliarias. A pesar de que la responsabilidad directa del cierre de esta institución, en el año 2013, fue los entes privados (sostenedores) en alianza con el Estado, los más afectados fueron los estudiantes que sufrieron en carne propia las consecuencias y estigmatización del cierre de la Universidad del Mar, ellos pagaron por una crisis estructural y permanente de la educación superior. Así lo explica Marta Molina, ex dirigente estudiantil de la Universidad, ella segura que “el Ministerio de Educación nunca se hizo cargo del cierre de la Universidad del Mar (…) la Universidad del Mar fue una masacre, una masacre de dieciocho mil familias”.
[cita tipo=»destaque»]La estigmatización se refleja en prejuicios respecto a la calidad académica de la Universidad del Mar, lo que dificultó – y dificulta – el acceso al mercado laboral para los titulados de la institución, a pesar de que en muchos casos los profesores que impartían clases en esta universidad, también ejercían la docencia en universidades tradicionales.[/cita]
En base a conclusiones preliminares del estudio “Consecuencias del proceso de reubicación de estudiantes de la Universidad del Mar: propuestas para una política pública”, que hemos realizado como Fundación Crea y que tiene como objetivo recoger las experiencias y percepciones de los ex estudiantes de la Universidad del Mar, para analizar – en el marco de su crisis – el proceso de su reubicación una vez cerrada su institución, hemos observado un sentimiento de profunda estigmatización de las y los estudiantes, el cual es provocado por las autoridades políticas, la prensa y el tratamiento del caso, junto con estudiantes de universidades tradicionales e incluso por el mismo Movimiento Estudiantil.
La estigmatización se refleja en prejuicios respecto a la calidad académica de la Universidad del Mar, lo que dificultó – y dificulta – el acceso al mercado laboral para los titulados de la institución, a pesar de que en muchos casos los profesores que impartían clases en esta universidad, también ejercían la docencia en universidades tradicionales. Además, entre los sujetos reubicados se evidenciaron casos de exclusión y abandono, propiciados por profesores y estudiantes en las universidades tradicionales. Por ejemplo, algunos testimonios evidencian que tenían clases separados del resto de los estudiantes, quienes no socializaban con ellos y al momento de titularse los estudiantes de las universidades tradicionales se opusieron a que en su título saliera la institución en donde fueron reubicados.
El cierre de la Universidad del Mar refleja, por un lado, la desigualdad en el acceso a la educación superior y por otro, el abandono del Estado en la educación superior, cuyo rol fue tomado por los privados, que aprovecharon la falta de políticas públicas y fiscalización del sistema de educación superior para lucrar y crear falsas expectativas para miles de estudiantes y sus familias. Según datos entregados por la Universidad del Mar, su matrícula era de 20.431 estudiantes en el año 2013, de éstos, 7.242 estudiantes (alrededor de un tercio) no lograron titularse o reubicarse, es decir, el Ministerio de Educación no se sabe su situación académica actual.
En base a los testimonios analizados queda en evidencia la necesidad de que el Ministerio de Educación debe hacerse responsable directo de los futuros casos de cierre de universidades, con el fin que consecuencias no las paguen los estudiantes. La solución no recae únicamente en la inyección de recursos para el proceso de reubicación, que en el caso de la Universidad del Mar han sido más de 34.000 millones de pesos entre 2013 y2016, sino que debe incluir una visión estructural a la hora de plantear una solución efectiva. Es más, en diversas entrevistas realizadas a ex estudiantes, se propuso como principal solución a la crisis y posterior cierre de la Universidad del Mar, la estatización de ésta, con el fin de evitar la estigmatización y el desprestigio que conlleva el cierre de una institución de educación superior, además de considerar que era un acto justo producto del nulo rol que tuvo el estado para prevenir el cierre de dicha institución.
Ahora, ante el actual cierre de la Universidad ARCIS y en base a lo recabado por el estudio que hemos realizado como Fundación Crea, queda en evidencia que la estatización de universidades en crisis parece la solución más viable, ya que resuelve varios temas al mismo tiempo: los estudiantes pueden seguir cursando sus carreras, los profesores y trabajadores pueden mantener sus puestos de trabajo, no se genera estigmatización y el estado puede recuperar el control para fiscalizar la institución.
Sin embargo, en lo inmediato, es necesario asegurar el derecho a la educación de los estudiantes de instituciones que caen en crisis como consecuencia de un modelo de crecimiento desregulado. Lo anterior se logra, creemos, mediante la aplicación de conductos y metodologías que permitan resolver las condiciones de vulnerabilidad de los estudiantes, asegurar el futuro y la calidad de sus estudios de forma seria y responsable. No es posible, que el MINEDUC no esté en conocimiento de dónde van a parar los estudiantes de las universidades que cierran, es importante hacer un seguimiento de los casos de manera responsable y coherente con el objetivo de asegurar la educación a aquellos que lograron ingresar a alguna institución. En este sentido, es importante considerar cómo se están distribuyendo los recursos en educación superior y asumirlos como una inversión pública a futuro enmarcado en una política de Estado y no como un gasto de una política de Gobierno.
