Opinión
En los últimos días, en nuestro país se ha conocido la propuesta por parte de parlamentarios de “Chile Vamos”, para rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente. Los motivos por los cuales se ha engendrado tal idea tienen relación con los últimos casos de alta connotación nacional, y en particular el robo con homicidio ocurrido en la comuna de La Reina el día 21 de mayo del presente año, donde el presunto autor del crimen ha sido detenido más de 22 veces a partir de los 13 años (actualmente tiene 18 años).
Pues bien, en mi opinión, tal propuesta tiene como destino, o intención final, encarcelar, segregar y coartar posibilidades de desarrollo de los niños y niñas. Pero no de todos ellos, sino sólo de los niños pobres de este país que, por falta de educación, de vínculo familiar y social o muchas veces vulnerados en sus derechos, han de haber cometido algún delito o crimen penal. A la luz de lo anterior, la intención de los parlamentarios solo puede ser calificada de errada y sin fundamentos.
La propuesta ya mencionada, pone de manifiesto una concepción de la delincuencia, la cual es posible resumir en que “encerrando a los delincuentes se soluciona el problema”, respondiendo así al “populismo penal” que lamentablemente se ha instalado desde hace un tiempo en la opinión política y comunicacional de nuestro país. Lo anterior, se identifica con una falsa sensación de seguridad al proponer medidas que amplían el ámbito de la responsabilidad penal, o bien, endureciendo las penas y/o promoviendo la flexibilización de los estándares para imponer la prisión preventiva. Tal concepción deja en evidencia que dicho sector de la sociedad y de la política nacional no entiende en lo más mínimo la raíz de la problemática de la delincuencia (no solo de adolescentes) y, en consecuencia, menos podría acertar a la hora de proponer soluciones a la misma.
[cita tipo=»destaque»]En cuanto a lo sustantivo del problema, el único efecto que generaría la aprobación de la medida propuesta por “Chile Vamos” sería seguir marginando niños y adolescentes infractores a una edad cada vez más temprana. Lo anterior, porque el simple paso por el sistema procesal penal tiene como consecuencia casi inmediata la segregación social del menor, la ruptura de sus lazos familiares, escolares y sociales, además de generar un contacto innecesario con otros menores infractores de ley. Justamente debemos apuntar hacia el sentido contrario, es decir, que ante casos de adolescentes infractores se deben fortalecer sus lazos sociales, con un adecuado acompañamiento personal y familiar, además de insistir en su reinserción (o también evitar su deserción) educacional. De esta forma, se darán oportunidades a menores que, por su temprana edad, aún tienen posibilidades de desarrollarse adecuadamente si se trabaja con ellos desde un acompañamiento social, educacional y familiar, en vez de imponer sanciones sin justificación ni necesidad alguna.[/cita]
La mejor evidencia de que esta propuesta responde netamente al populismo penal consiste en que año tras año las cifras de menores infractores ingresados al Ministerio Público bajo Ley de Responsabilidad Adolescentes (Ley 20.084) han ido decreciendo en alrededor de un 10%. Así entonces, en base a los boletines anuales de los años 2015, 2016 y 2017, la cifra de adolescentes ingresados a la Fiscalía ha disminuido desde 44.619 que ingresaron el año 2015, mientras que el año 2016 ingresaron 40.761, para así llegar hasta los 36.083 adolescentes ingresados el año 2017 (boletines disponibles en http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do?d1=0).
Lo anterior, no tiene como objetivo desconocer un problema general que tenemos como sociedad en cuanto a la delincuencia a juvenil, sino solo desmitificar que “cada día hay más adolescentes delincuentes”, y que la solución a dicho problema no consiste en ampliar el marco legal aplicable a jóvenes infractores de ley. En consecuencia, en relación con las cifras, no hay necesidad ni razón suficiente para rebajar la edad de responsabilidad penal.
En cuanto a lo sustantivo del problema, el único efecto que generaría la aprobación de la medida propuesta por “Chile Vamos” sería seguir marginando niños y adolescentes infractores a una edad cada vez más temprana. Lo anterior, porque el simple paso por el sistema procesal penal tiene como consecuencia casi inmediata la segregación social del menor, la ruptura de sus lazos familiares, escolares y sociales, además de generar un contacto innecesario con otros menores infractores de ley. Justamente debemos apuntar hacia el sentido contrario, es decir, que ante casos de adolescentes infractores se deben fortalecer sus lazos sociales, con un adecuado acompañamiento personal y familiar, además de insistir en su reinserción (o también evitar su deserción) educacional. De esta forma, se darán oportunidades a menores que, por su temprana edad, aún tienen posibilidades de desarrollarse adecuadamente si se trabaja con ellos desde un acompañamiento social, educacional y familiar, en vez de imponer sanciones sin justificación ni necesidad alguna.
Por lo demás, de tener aprobación la propuesta de “Chile Vamos”, el resultado será aún más caótico si se consideran las paupérrimas condiciones en que opera el SENAME y las innumerables vulneraciones de derechos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su tutela (sean o no infractores de ley).
Por último, es posible observar una incongruencia valórica de dicho sector político de nuestro país, toda vez que, en casos de adolescentes infractores de ley (en su gran mayoría en situación de pobreza) proponen un proyecto que implica necesariamente que los menores de 12-13 años son totalmente capaces a la luz del ordenamiento jurídico. Lo anterior, puesto que no se podría imponer responsabilidad y sanciones penales a quienes no gozan de capacidad de decisión sobre sus actos. Por el contrario, el mismo sector político al momento de legislar para reconocer capacidad de decisión sobre la identidad sexual de los niños y niñas menores de edad (y en general de la comunidad LGBT), lo rechaza rotundamente, negando que detenten capacidad para decidir por sí mismos el sexo que desean que se les reconozca. A lo anterior, se suma que son ellos mismos quienes no aceptan que las mujeres (menores y mayores de edad) puedan decidir sobre su cuerpo y determinar libremente si desea o no llevar adelante un embarazo, negando también dicha capacidad de decisión.
En conclusión, la propuesta que es objeto de este comentario tiene como principal fundamento el “populismo penal”, la cual puede tener graves consecuencias en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes de nuestro país en situación de vulnerabilidad. Al final del día, no se puede olvidar que se trata de niños y niñas, a los cuales la sociedad debe brindar oportunidades y cooperar en su desarrollo personal y humano, más no coartar posibilidades y segregarlos como “invisibles” dentro de la sociedad.
