Opinión
«En marcha», además de ser el movimiento político en decadencia de Macron y también una ONG chilena de profesionales bien intencionados que trabaja por los derechos de los niños, es el eslogan que, sin mucha creatividad, pero asertivamente el Ejecutivo asumió como propio en su primer año de gobierno para promocionar su agenda política.
Es asertivo, primero, porque se hace cargo de un diagnóstico certero; a saber, que el segundo gobierno de Michelle Bachelet se empeñó en frenar la máquina. Encandilados por las leyes de los países nórdicos, a la Nueva Mayoría se le olvidó que al Estado lo financian los contribuyentes. La popularidad de la tesis del descontento social ―la del otro modelo, la alienación del mercado y nuestras vidas neoliberales― fue ampliamente derrotada por la tesis de que, sin contar a Uber, ya no hay pega. Poner a Chile «en marcha», entonces, viene a ilustrar de manera adecuada la necesidad de impulsar una economía vigorosa para tener mejores empleos, salarios y oportunidades y que el Estado no solo se siga endeudando con la expansión derechos individuales.
En segundo lugar, «en marcha» ilustra bastante bien lo que espera de un gobierno un ciudadano promedio despolitizado, ese al que todos los políticos creen representar. Leyes más, leyes menos, un gobierno en marcha significa para el común de los mortales que las policías sean efectivas a la hora de resguardar la seguridad; que la educación pública sea de buena calidad; que la gratuidad no sea sinónimo de mediocridad; que no pase un año para ser atendido por un médico especialista; que el transporte público decente no sea un privilegio exclusivo de los santiaguinos. En el fondo, implica que la burocracia del Estado vuelva a estar al servicio del ciudadano y no de sí misma.
Por último, el recurso publicitario grafica también las expectativas del votante promedio de derecha, quien tiene absoluta confianza en el mercado como mecanismo de superación de la pobreza, que no le importa mucho todo eso de la “justicia social” y que cada vez más se convence de la inevitabilidad del progreso. Y es que nunca como hoy había estado tan bien puesto el prefijo de centro a un partido político de derecha. Sin embargo, a este acierto publicitario le acarrean ciertas dificultades que el Ejecutivo no puede soslayar. El gobierno, por una parte, debe ser muy consciente que su victoria, por el momento, es principalmente del marketing. No solo se deben regular las expectativas, sino también evitar el exitismo. Por mucho que el Frente Amplio y la Nueva Mayoría parezcan deambular por un mundo lleno de confusiones y contradicciones, para lograr consensos en reformas como la tributaria, pensiones o laboral, es bastante más plausible con un adversario humilde que con un winner. Por otra parte, el gobierno no puede desentenderse del trabajo intelectual que implica sostener un horizonte de justicia social. El progresismo de derecha, aunque taquillero, desdibuja las prioridades de una coalición que no se funda en el puritanismo liberal.
Sea como sea, el segundo año de gobierno que recién comienza parece estar corriendo con viento a favor. La triada de políticas públicas en base a un adecuado diagnóstico y buena publicidad, sin embargo, no serán suficientes si lo que se busca, como dijo el Presidente hace unos días, es proyectar un gobierno de centro derecha de 8 años.
