Opinión
El anuncio gubernamental no solo es innecesario y poco eficaz, sino que además no es proporcional. ¿Existe un perjuicio entre la ventaja de los drones y la afectación a la privacidad? Dicho de otro modo: ¿se justifica la limitación marginal del derecho a la privacidad para garantizar un bien público como la seguridad? Todo indica que la crítica en este ámbito es insalvable, al menos en el estado actual de cosas.
Al control preventivo de identidad y al proyecto de ley de Inteligencia, se suma ahora la implementación de 8 drones, con cámaras en alta definición y capacidad infrarroja, en la Región Metropolitana. El Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior Andrés Chadwick no dejan de utilizar los temores de la vida urbana como instrumento político y como un espectáculo desprovisto de cualquier diagnostico técnico o reflexión sobre la sociedad en que vivimos o queremos vivir. Su programa de seguridad más que ser una implementación acorde a objetivos alcanzables consiste más bien en una serie de discursos salvadores y acciones de «choque”, presentándose, como expertos equipados de nuevas tecnologías y preparados para actuar en un mundo de víctimas invocadas, donde sus acciones solo tiene relación con la indignación moral y no con los hechos.
La implementación de drones de seguridad civil en nuestras ciudades son el vivo ejemplo de una respuesta que no se justifica por un vínculo lógico entre un problema y una solución; sino más bien por la necesidad a responder a las preocupaciones sociales a partir de una acción espectacular y un discurso simplista, tintado de una retórica punitiva y represiva. Nuestra ambición no es desarrollar aquí la discusión sobre las diferentes formas de populismo punitivo, penal o represivo, ni exponer el fenómeno de victimización social y el rol de la víctima invocada en la construcción de los discursos de la seguridad en Chile. Más bien, pretendemos preguntarnos seriamente sobre la necesidad, proporcionalidad e idoneidad de esta acción de seguridad, los drones, en el contexto chileno.
Hoy no solo no existe ninguna certeza en el mundo de que el uso de los drones con reconocimiento facial constituya un método necesario de intervención pública, sino peor aún, hoy no hay ningún estudio que pruebe la eficacia de esta medida. Es más, para el sociólogo y criminólogo Sebastián Roché, no hay pruebas de que las cámaras, ya sean fijas o móviles, reduzcan significativamente la delincuencia. Además, nos dice el investigador, que el hecho de detectar los problemas de incivilidad urbana no es suficiente para solucionarlos. Por último, explica, que en la realidad los agentes policiales – una real policía comunitaria – no necesitan de cámaras a distancia para detectar los problemas de incivilidad, tráfico u otro, pues en general conocen sus territorios, saben dónde están y cuáles son los problemas. Si bien el autor reconoce el uso de drones para manifestaciones, espectáculos masivos o incendios, pues son un apoyo para la toma de decisiones en directo, en el caso del control urbano sentencia que a su implementación no es posible adjudicarle una eficacia comprobable, lo que representa claramente un problema de necesidad e idoneidad.
Al mismo tiempo, esta acción gubernamental no solo es innecesaria y poco eficaz, sino que además no es proporcional. ¿Existe un perjuicio entre la ventaja de los drones y la afectación a la privacidad? Dicho de otro modo: ¿se justifica la limitación marginal del derecho a la privacidad para garantizar un bien público como la seguridad? Todo indica que la crítica en este ámbito es insalvable, al menos en el estado actual de cosas.
De la vulneración de dichos tres principios podemos también detectar algunas objeciones en el aspecto procedimental de esta medida. No existe claridad de los criterios y protocolos de captura, almacenamiento, análisis, transferencia y eliminación de los datos biométricos que serán capaces de capturar estos drones. Por constituir datos sensibles para las personas no es aceptable que en esto persistan lagunas y vaguedades. ¿Cuáles serán las exigencias para la empresa privada que se adjudique la licitación en la operación de estos aparatos? ¿Cuáles serán los protocolos y las sanciones por el mal uso de estos datos para los funcionarios de las Intendencias que estarán a cargo del monitoreo de la ciudad? ¿Cómo se tratan? ¿Quién las trata? ¿Qué medidas se proponen para garantizar las libertades fundamentales? El gran peligro para nuestras libertades que significa esta nueva tecnología obliga a la autoridad a someter este tipo de medidas a un debate democrático.
[cita tipo=»destaque»]El Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior Andrés Chadwick no dejan de utilizar los temores de la vida urbana como instrumento político y como un espectáculo desprovisto de cualquier diagnostico técnico o reflexión sobre la sociedad en que vivimos o queremos vivir. Su programa de seguridad más que ser una implementación acorde a objetivos alcanzables consiste más bien en una serie de discursos salvadores y acciones de «choque”, presentándose, como expertos equipados de nuevas tecnologías y preparados para actuar en un mundo de víctimas invocadas, donde sus acciones solo tiene relación con la indignación moral y no con los hechos.[/cita]
No resulta innecesario recalcar también que este tipo de vigilancia sobre la ciudad aplica como una variante modernizada del panóptico carcelario. Torres de vigilancia aéreas, manejados a distancia, que controlan un perímetro territorial ya no definido por rejas, cercas o muros, sino por trazados urbanos invisibles delimitados por un inspector territorial. En efecto, la aparición de los drones en nuestras ciudades es un claro ejemplo del desplazamiento del sistema de control carcelario que se le aplicaba a personas juzgadas y sentenciadas, a un sistema de control y disciplina urbano que se les aplicará ahora a todas las personas que osen ocupar, habitar o interactuar en el espacio público. Lo queramos o no, hoy las personas que se encuentren en la ciudad y que se encuentren al interior de los perímetros de vigilancia de estas nuevas torres aéreas estarán siendo vigiladas y observadas. No estarán exentos de merecer un seguimiento más minucioso pues serán siempre potenciales sospechosos.
En fin, la utilización de los drones no es sólo un problema que atañe a las imperfecciones de los sistemas de seguridad local y a la manera de hacer más eficientes los modelos de disciplinamiento del espacio público o a la mejora de modelos de comportamiento desviante que permitan alcanzar e identificar a los sospechosos de manera más exacta y precisa. Si no más bien, tiene que ver con un problema moral, ético y político. Puesto que para bien o para mal, los drones civiles están anunciando un tipo de vigilancia y control que pone en jaque nuestra libertad individual y la concepción que se tiene del inocente y del sospechoso, además de la que se tiene del espacio público como ámbito de emergencia social y política.
Por nuestro lado, hacemos un llamado al Congreso Nacional a legislar en la materia; y a nuestros alcaldes a declarar que su ciudad no es un sistema penitenciario abierto donde todos somos posibles sospechosos por el solo hecho de compartir. ¿O acaso estamos dispuestos a ceder nuestra libertad a “torres de vigilancia aéreas” capaces de rastrear simultáneamente a sesenta y cinco personas o identificar la marca de un cartón de leche a más de dieciocho mil metros de altura; a interceptar mensajes wifis y de atravesar nuestros muros con cámaras infrarrojo a nombre de una eficacia no concluyente? De todas formas, parece del todo surrealista un anuncio de estas características, sin considerar su real necesidad, proporcionalidad e idoneidad.
