Es urgente corregir las evidentes deficiencias del Ministerio Público

La crisis interna del Ministerio Público ha coronado los líos de competencia y corrupción al interior del Poder Judicial, los desajustes en la seguridad interior y la defensa –con corrupción en los cuerpos armados y las instituciones policiales– y las disputas entre poderes y órganos superiores del Estado, como el Senado, la Contraloría General, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, junto a la más que notoria incompetencia política del Gobierno. Todo, en medio de una crisis de probidad y valores en ámbitos de repercusión nacional, como la Iglesia católica y la Iglesia evangélica pentecostal.

A principios de los años 90, hizo escuela la apología de la omisión política en democracia, graficada en una frase del jefe de la División de Comunicaciones de La Moneda: “La mejor política de comunicaciones es no tener política de comunicaciones”. Es verdad que omitirse en política puede resultar cómodo si no se tienen ni grandes propósitos ni buenas ideas. Muchos problemas públicos se acomodan solos en el tiempo, siguiendo la regla de la sedimentación en proceso de usos y costumbres, siempre que no generen grandes problemas políticos o sociales o que sus impactos puedan ser absorbidos por el resto del sistema.

Pero ahora es diferente, la capacidad de absorción sistémica prácticamente no existe en el país. Y es un acto absolutamente irresponsable que el Gobierno se omita de buscar o construir un impulso político renovador, en un escenario institucional que hace rato dejó atrás la curva de la estabilidad y se disparó a una crujidera orgánica de demasiadas instituciones del Estado. Peor aún si crujen por corrupción y conflictos de intereses la seguridad interior, la judicatura y el sistema persecutorio penal, dejando sin punto de apoyo el funcionamiento de la justicia.

Con ocasión del reemplazo del segundo Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, por el actual, Jorge Abbott, ya estuvo presente en la agenda pública la crítica a los vacíos y problemas existentes en los procedimientos de remplazo del jefe del Ministerio Público. Y también en el reclutamiento y selección del resto de los fiscales. El principal problema: la falta de independencia frente al poder político.

[cita tipo=»destaque»]En medio de un clima de desconfianza y desintegración del consenso organizativo interno del Ministerio Público, la gestión de Abbott ha sido incapaz de generar condiciones para recuperar la confianza interna y, por el contrario, ha profundizado los problemas. La disputa es abierta y las “filtraciones” de investigaciones en curso constituyen el mecanismo mediante el cual los grupos se atacan mutuamente. Nadie sabe si para debilitar unos a otros o para “ablandar la conciencia pública” sobre la idea de que nada pasará.[/cita]

Abbott fue elegido Fiscal Nacional en medio de la investigación del Ministerio Público sobre el financiamiento ilegal de la política que, como práctica, afectaba a todos los sectores, cual más, cual menos. Y con otras investigaciones más en la VI Región, sobre corrupción y tráfico de influencias, que afectaban a familiares directos de la entonces Presidenta de la República.

Respecto de la primera, una vez elegido, tuvo actitudes ambiguas y declaraciones desafortunadas, como aquella sobre la inviabilidad de la acción penal sin querella del SII, lo que inmediatamente debilitó la posición de los fiscales que llevaban adelante la investigación. Decidió fraccionar dicha investigación, dividiéndola entre varios fiscales, la sacó a la V Región a cargo de un hombre de su confianza, casado con una ex ministra del primer Gobierno de Sebastián Piñera; enlenteció todo el procedimiento y dejó la impresión pública de que su propósito era licuar todas las responsabilidades.

En cuanto a la segunda, tampoco fue particularmente acucioso y el Ministerio Público se omitió cuando se incineraron los archivos digitales del computador de Sebastián Dávalos Bachelet.

Hoy, el conflicto interno actual más encarnizado del Ministerio Público ocurre en la VI Región. En medio de una investigación por corrupción contra jueces de la Corte de Apelaciones, el Fiscal Regional, Emiliano Arias, fue acusado por un fiscal subordinado, Sergio Moya, de varios graves actos ilegales.

El conflicto entre ambos fiscales tiene precedentes, como también la animadversión entre el Fiscal Nacional  y Arias, con quien llegó litigando por una sanción hasta la Corte Suprema hace unos pocos meses. El Fiscal Regional abrió un sumario a Moya el 2018, por sus vínculos con carabineros involucrados en la farsa llamada “Operación Huracán” y los agentes de la inteligencia policial directamente vinculados al fraude.

En medio de un clima de desconfianza y desintegración del consenso organizativo interno del Ministerio Público, la gestión de Abbott ha sido incapaz de generar condiciones para recuperar la confianza interna y, por el contrario, ha profundizado los problemas. La disputa es abierta y las “filtraciones” de investigaciones en curso constituyen el mecanismo mediante el cual los grupos se atacan mutuamente. Nadie sabe si para debilitar unos a otros o para “ablandar la conciencia pública” sobre la idea de que nada pasará.

Se habla de al menos 10 filtraciones en 5 años, la mayoría con políticos y parlamentarios connotados y empresas de primera fila, además de los fiscales investigadores. Prácticamente incontrolada como práctica, hoy es natural que los fiscales, con amplias redes de información, pasen a trabajar a despachos privados o a ocupar otros cargos en el Estado, pese a los evidentes conflictos de intereses. Esto acaba de pasar con el Fiscal Regional Sur y su nuevo cargo de Secretario Ejecutivo del Senado.

Para especialistas en el tema, el Ministerio Público es presa y víctima de su deficiente sistema de nombramientos (al igual que el Poder Judicial), además de experimentar una limitación evidente frente al poder político en materia de independencia, por lo que es fundamental que la elite de nuestro país arremeta con generosidad y responsabilidad el trabajo de mejorar la normativa respectiva, posiblemente en un esfuerzo semejante al acometido hace pocos años con la denominada “Comisión Engel”, que aportó el insumo necesario para mejorar –en un esfuerzo legislativo notable– muchas normas anticorrupción y de mejoramiento de la política.

Para ser efectivo, el impulso inicial solo puede provenir del Ejecutivo y en el más alto nivel. No solo deben modificarse leyes, sino que –primeramente– debe hacerse un diseño de institucionalidad, que permita mejorarla. Es clave otorgarle al Ministerio Público independencia del poder político y excelencia en sus recursos humanos. Adicionalmente, un sistema de auditoría de su funcionamiento.

Quizás aún estemos a tiempo.