Opinión
Durante los últimos días hemos visto una ofensiva comunicacional por parte de conocidos abogados, quienes tienen a su cargo la defensa de S.E. el Presidente de la República y de otras autoridades. Todo a propósito de una querella presentada en su contra por un conocido alcalde por la muerte de personas a raíz de la pandemia por COVID-19.
En el marco de la investigación, estos abogados han solicitado al señor Fiscal Nacional que cambie al fiscal de la causa por una supuesta falta de objetividad. Se trata en este caso de Marcelo Carrasco, un profesional altamente reconocido al interior del Ministerio Público por su carácter serio, trabajador y ponderado.
Desde ya, llama la atención que esta solicitud se haga usando los medios de comunicación, dando extensas entrevistas y ganando titulares que se centran en la petición efectuada y no en el mérito de los antecedentes de la causa. Ciertamente, no vemos razón procesal alguna que justifique dar una amplia difusión a una solicitud de carácter administrativo y que debe ser resuelta por una sola persona.
El punto cobra mayor relevancia cuando se considera que quienes han hecho la petición representan a personas que tienen una evidente figuración pública. Ellos mismos, los abogados litigantes, son ampliamente conocidos y suelen representar en tribunales y ante la Fiscalía a personas que, en lenguaje común, calificaríamos como poderosos.
Ciertamente cada abogado es libre de determinar cómo ejerce la litigación y el modo como mejor defiende los intereses de su cliente. Sin embargo, causa sorpresa que, en vez de tratar de desvirtuar los hechos de la querella, que es lo que uno supone sería lo normal, prefieren centrar su estrategia en atacar la persona del fiscal y cuestionar su objetividad.
Lo ocurrido se torna más extraño si se toma en cuenta la etapa en que se encuentra la investigación. Esto es, con la causa desformalizada y en pleno desarrollo de las diligencias de investigación.
Normalmente, en esta etapa de la investigación los querellantes suelen pedir diligencias, ofrecer pruebas y realizar todo tipo de gestiones con tal de hacer prevalecer su visión de los hechos. Si estiman que los hechos están claros y que no hay antecedentes suficientes pueden, por ejemplo, pedir el sobreseimiento y será el Tribunal (no el fiscal) el que resolverá el fondo de su petición.
Por otro lado, si solicitan diligencias y el fiscal no accede a ellas, disponen de los recursos jerárquicos para instar por la realización de las mismas.
Por último, si los representantes de estas autoridades llegan a la sorprendente conclusión de que los derechos fundamentales de sus clientes no están siendo respetados, pueden solicitar una cautela de dichos derechos ante un juez de Garantía.
Como se ve, nuestro sistema procesal penal contempla múltiples remedios para que una persona distinta al fiscal a cargo de la investigación revise la misma y aplique las correcciones que sean del caso.
Sin embargo, esa no ha sido la opción de los abogados en cuestión. Por el contrario, han instado por tratar de sacar al fiscal de la causa. Lo que han hecho, además, con la mayor publicidad posible.
Cualquier actividad de la vida necesita siempre algún grado de prudencia. En ese sentido, defender los derechos de personas que disponen de todos los medios y mecanismos para ejercer su defensa, parece ser un ejemplo de aquello. Lamentablemente, centrar la estrategia jurídica en el ataque al persecutor y no en la reconstrucción de los hechos, es una opción que no hace ningún favor al sistema penal y, tampoco, a dar tranquilidad a las familias de las víctimas cuya muerte ha dado origen al proceso.
Como Asociación Nacional de Fiscales estamos convencidos que el profesionalismo y trayectoria de Marcelo Carrasco son un aval suficiente de su objetividad. En ese sentido, esperamos que la respuesta del Ministerio Público a las peticiones hechas sea lo suficientemente sólida como para no dar espacio a que esta forma de litigación se haga costumbre.
