Opinión
Ya se ha hecho costumbre escuchar que en Chile se gasta demasiado dinero en las personas privadas de libertad o, incluso, que sale más conveniente ir a la cárcel, porque el Estado paga todo. El problema de estas afirmaciones, más allá de lo erróneas que pueden llegar a ser, radica en el peligro de las mismas.
Afirmar que un Estado gasta demasiado dinero en una persona, solo genera un aumento de la rabia ya arraigada en las personas hacia la población privada de libertad. Es por esto que debemos preguntarnos: ¿cuánto de este monto va dirigido realmente a las personas privadas de libertad?
Según la cuenta pública de Gendarmería de Chile del año 2020, se atendió en dicho año a una población penal promedio de 126.429 personas, de los cuales 47.364 corresponden a penas privativas de libertad (subsistema cerrado), 54.097 al subsistema abierto –penados(as)– y 24.968 al subsistema postpenitenciario –usuarios(as)–. Para la presente, nos enfocaremos en las 47.364 personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad.
Con fecha 12 de diciembre de 2017, siendo estos los números más recientes, el gasto asciende a 724.152 pesos mensuales por persona, el problema es que no se especifica cómo se distribuyen estos montos, los cuales se dirigen, en su mayoría, a seguridad intrapenitenciaria, más que en vida digna de privados(as) de libertad; dichos montos abarcan todo el sistema carcelario, desde vestuarios hasta capacitaciones para funcionarios, como también capacitaciones para los mismos; y, por supuesto, medicamentos, textiles, entre otros.
El problema acá va mucho más allá de cómo se distribuye el dinero, sino que radica en una cultura populista, que se empeña en hacernos creer que todo lo relacionado con la cárcel debe ser precario. Porque, al parecer, no es suficiente la privación de la libertad; no, las autoridades se empeñan en recalcar que nada funciona, aprovechándose muchas veces de la falta de conocimiento de las personas para informar que, por ejemplo, van a “aumentar” las penas –cuando ya se encuentran reguladas por la misma cantidad de años en nuestro Código Penal–; existe un populismo penal extremadamente fuerte, el cual solo busca complacer a una parte de la población, aquella que se encuentra fuera de los centros penitenciarios, mientras que a los y las internas(os) se les mantiene al margen de la sociedad y de un estilo de vida digno.
Se ocupa como ejemplo el Sename, diciendo que se gasta muy poco en NNA y mucho en privadas(os) de libertad, ¿pero no deberíamos nivelar hacia arriba? Les hago la cordial invitación a revisar su declaración de impuestos, y ver cómo se encuentra distribuida, para así entender que la torta no está bien repartida, y que exigir que se gaste menos dinero en una persona nunca será la solución, sino que se debe exigir una mejor redistribución de los fondos.
Y, sobre todo, no debemos olvidar que el monto que el Estado debe dirigir hacia una persona privada de libertad, así como todos los cuidados correspondientes, no es un capricho de la autoridad de turno, sino que se encuentra regulado tanto en la normativa nacional como en la internacional, con una serie numerosa de instrumentos que reafirman este deber de cuidado. El Estado tiene obligaciones para con las poblaciones vulnerables, siendo garante de la población intrapenitenciaria que, por supuesto, es parte del mencionado grupo.
