Opinión
Crédito: EFE
La sexta ronda de negociación encuentra a un Maduro en una posición aparentemente más sólida que en los años precedentes, y la de la oposición mucho más débil por su fragmentación. Pero, en definitiva, lo que vendrá a partir de la inauguración de la ronda de conversaciones en México de este viernes 13 de agosto no es nada fácil, varios obstáculos habrá que sortear y, sobre todo, entendiendo que la posición que adopte Washington será crucial para el levantamiento de las sanciones. Sin duda, se trata de una oportunidad para contrastar los estilos de liderazgo del exmandatario Trump y del presidente Biden.
Después de 22 años de chavismo casi ininterrumpido –salvo el breve paréntesis de 48 horas derivado del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, bajo el interinato de Pedro Carmona, “el Breve”– la Venezuela bolivariana emprende una nueva negociación con la oposición, esta vez en México. Se trata del sexto proceso de esta naturaleza, desde aquel intento de descomprimir la alta conflictividad reinante entre 2002 y 2003 (que incluyó el gran paro petrolero), único diálogo de este tipo durante los 14 años de Hugo Chávez, al que se suman otros cuatro en los 8 años de Nicolás Maduro.
Un rápido recuento inicia con el proceso conocido como “Mesa de Negociaciones y Acuerdos”, auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se prolongó hasta 2004. La siguiente fue la “Conferencia Nacional Por la Paz” (2014) y respondió a la masividad de las protestas conocidas como “la Salida” y la espiral de violencia que siguió a la detención y encarcelamiento de una parte del liderazgo opositor; seguida por la “Mesa de Diálogo Nacional”, implementada el segundo semestre de 2016, luego que la oposición asumiera el control de Asamblea Nacional el año anterior. La cuarta se concretó a fines de 2017, conocida como “Mesa de Diálogo en República Dominicana”, y nuevamente fue producto de movilizaciones sociales, tras la decisión del Ejecutivo de apartar al Legislativo mediante la estratagema de una nueva Asamblea Constituyente. Y, finalmente, una quinta –la del Mecanismo de Oslo– que operó hasta mediados de 2019, y que debió sobreponerse al fracasado intento de ingresar ayuda humanitaria desde Cúcuta el 23 de febrero, maniobra que esperaba la desobediencia de la Fuerza Armada Bolivariana, y sobre todo al fallido golpe cívico militar del 30 de abril de ese año.
Todas han sido acompañadas por una relevante presencia internacional, desde la participación del denominado Grupo de Países Amigos en la primera mesa, encabezado por el Brasil presidido por Lula, más Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal. En dicha oportunidad se incorporó en la delegación oficialista un joven diputado del unicameral, de la por entonces nueva Constitución Bolivariana, Nicolás Maduro, quien conocería las ventajas de la fórmula. De hecho ,transformó este tipo de diálogos en un expediente privilegiado en situaciones de apremio interno a su gobierno.
De esta manera, los procesos similares que siguieron, surgieron por iniciativa del actual Presidente venezolano, quien incorporó originalmente a las potencias externas como acompañantes de buena fe en un diálogo promovido por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En el evento posterior, UNASUR siguió jugando un papel relevante, aunque las partes internacionales pasaron a ser líderes específicos: el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y el ex presidente panameño, más un representante del Vaticano, quienes obtuvieron la firma conjunta del documento “Convivir en Paz”, de aplicación parcial, como evidenció una nueva ronda, esta vez en República Dominicana, con los mismos actores. Finalmente, el Mecanismo de Oslo, facilitado por el Reino de Noruega, ensayando caminos legales y de consenso (Eriksen Søreide, 2019), con una comisión de Seguimiento conformada por Bolivia, Chile, México y Nicaragua, todo bajo el lema «nada está resuelto hasta que todo esté resuelto».
Es plausible encontrar elementos comunes a todos los procesos, un ciclo con estaciones recurrentes que Martínez Meucci (2020) resume como “bloqueo institucional/escalada de tensiones/aplicación del mecanismo/discusión de salida electoral sin acuerdos consistentes/desescalamiento/supresión del conflicto”. El mismo autor sostiene que las asimetrías –una relación existente entre las partes confrontadas, por la cual uno de los actores enfrentados puede aprovechar a su favor una diferencia fundamental con sus interlocutores, hasta transformarla en una ventaja decisiva a la hora de imponer la alternativa de su conveniencia en la negociación– se mantuvieron contantes a través del tiempo, por lo que resultaron determinantes en el resultado del diálogo. Estas fueron el control del Estado por parte de Nicolás Maduro, con la Presidencia y los otros cuatro poderes previstos en la Constitución bolivariana de 1999, más la superioridad definitiva que confiere la obediencia de la Fuerza Armada al proyecto inaugurado por un teniente coronel y paracaidista en retiro (Martínez Meucci, 2020). De esta manera el monopolio de la fuerza y el dominio del territorio resultaron desequilibrantes incluso cuando más de medio centenar de Estados reconoció a Juan Guaidó como “presidente encargado”.
[cita tipo=»destaque»]En cualquier caso, la prioridad de Maduro es conseguir rápidos acuerdos para desmontar o flexibilizar las medidas coercitivas, cuestión que, aunque difícil, no es imposible, dado el aperturismo a una revisión de las sanciones que la administración Biden, así como Bruselas y Otawa, han manifestado. Lo anterior, siempre que se progrese hacia la organización de comicios más transparentes, con la coyuntura de proximidad de elecciones el 21 de noviembre en Venezuela para definir gobiernos locales y regionales. Adicionalmente, Guaidó intentará colocar la posibilidad de un referendo revocatorio y la liberación del exdiputado Freddy Guevara.[/cita]
Si los procesos de negociación respondieron a una escalada conflictual –con dosis de violencia–, amenazando la gobernabilidad venezolana, con una oposición mentalizada en garantizar la transparencia e igualdad de condiciones para participar en futuros eventos electorales, y un oficialismo intentando ganar tiempo para administrar la criticidad mediante la generación de mejores condiciones para su prevalencia, la pregunta entonces es: ¿qué hay de nuevo?
Desde luego en estos años ha cambiado la naturaleza de un régimen que canceló un sistema que consideró insuficiente y procedimentalista, aunque fuera democrático liberal representativo, para abrazar un tipo de democracia delegativa de mayorías desde 1999 a 2004 (Chaguaceda y Puerta, 2017), primero, seguido por un híbrido de corte autoritario competitivo después de 2005 (Corrales, 2016). Sin embargo, en la actualidad la posición de Maduro es aparentemente más sólida que en los años precedentes, y la de la oposición mucho más débil por su fragmentación.
Lo que verdaderamente ha cambiado es el clima y dinámica internacional. Hacia el inicio del bolivarianismo chavista, en medio de la denominada ola rosa, el entorno vecinal le era claramente más proclive, además de un Estados Unidos ocupado en campañas preventivas en Oriente Medio, lo que abrió un espacio para mayor autonomía, así como otras influencias en la región del Caribe. Eso hasta George W. Bush, porque con Obama cambió la interacción de Estados Unidos hacia el subsistema, particularmente hacia Cuba –con un grado de aperturismo–, al tiempo que implementaba las primeras sanciones contra Venezuela en 2015, mediante la cancelación del visado a altos funcionarios venezolanos involucrados en temas de corrupción y el congelamiento de bienes y activos de altos cargos gubernamentales.
Sin embargo, fue Trump quien más avanzó en las medidas punitivas: primero, con la prohibición de uso de la criptomoneda Petro, después con el conjunto de restricciones a los activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos y sus filiales; para seguir con medidas contra el sector financiero; así como con empresas vinculadas a Venezuela (Cubametales), hasta llegar a ensayar un tipo de bloqueo económico “A la cubana”, si se prefiere, congelando completamente los activos públicos venezolanos, y múltiples privados, en agosto de 2019. A partir de 2018 fue el turno de la Unión Europea, que sancionó a siete altos representantes venezolanos, impidiéndoles la realización de contratos con personas o entidades del bloque, así como su ingreso al mismo.
En tiempos de pandemia las sanciones pueden acelerar el colapso económico de regímenes que no han implementado reformas oportunamente a su economía, transformando la disconformidad capilar en movilizaciones de protesta, como evidenció precisamente la isla de Cuba el 11 de julio último. Este riesgo adicional, con un impacto de fondo sobre poblaciones cada vez más vulnerables –aspecto en el que coinciden gobierno y oposición en Venezuela–, es el que decidió el actual ciclo de conversaciones que, de hecho, comenzó hace algunos meses, y que finalmente se concretiza en México, donde este país, junto con el reino de Noruega, fungirán de facilitadores. Con ello la política exterior de Andrés Manuel López Obrador muestra cierta aproximación a los gobiernos de la izquierda progresista, aglutinados en el Grupo de Puebla, al tiempo que se reencuentra con una tradición de diplomacia para la paz en la región, como la que ensayó en el proceso de Lo Contadora en la pacificación de Centroamérica, sin apartarse de la doctrina Estrada, que evita que sus autoridades se pronuncien acerca de la legitimidad o no de un gobierno extranjero. En la ronda de negociaciones se espera adicionalmente la presencia de delegados de estados acompañantes, con eventual participación rusa, holandesa y francesa.
En cualquier caso, la prioridad de Maduro es conseguir rápidos acuerdos para desmontar o flexibilizar las medidas coercitivas, cuestión que, aunque difícil, no es imposible, dado el aperturismo a una revisión de las sanciones que la administración Biden, así como Bruselas y Otawa, han manifestado. Lo anterior, siempre que se progrese hacia la organización de comicios más transparentes, con la coyuntura de proximidad de elecciones el 21 de noviembre en Venezuela para definir gobiernos locales y regionales. Adicionalmente, Guaidó intentará colocar la posibilidad de un referendo revocatorio y la liberación del exdiputado Freddy Guevara.
En definitiva, lo que vendrá a partir de la inauguración de la ronda de conversaciones en México de este viernes 13 de agosto no es nada fácil, varios obstáculos habrá que sortear y, sobre todo, entendiendo que la posición que adopte Washington será crucial para el levantamiento de las sanciones. Sin duda, se trata de una oportunidad para contrastar los estilos de liderazgo del exmandatario Trump y del presidente Biden.
