El mejor nombre y una misión imposible

La elección de jueces para la Corte Internacional de Justicia debe ser uno de los procesos más complejos y largos después de la elección a Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad. Lo es porque, además de valer la capacidad profesional del candidato, también es importante el peso político y estratégico del país que lo presenta. Es una combinación exagerada de los diferentes intereses nacionales, especialmente de los países desarrollados y más aun de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hay países que, sin que esté escrito, tienen casi un cupo asegurado en la Corte.

Mi experiencia y conocimiento de este proceso señalan que previo a adoptar la decisión de postular a un destacado jurista nacional, se debe tener en consideración no solamente que el cupo regional esté disponible, sino también una evaluación seria y precisa de las posiciones nacionales -hay países que por diversas razones no querrán a un postulante chileno-, la disponibilidad de intercambios de votos por escrito y, fundamentalmente, una campaña que debe iniciarse con años de anticipación.

Por diversas razones, que desconozco, Chile no ha presentado un candidato a Juez de la Corte Internacional de Justicia desde hace 67 años. No podría explicar por qué, sobre todo en tiempos de democracia, esto no se ha programado sabiendo la importancia que tiene este órgano, especialmente para el país.

Hoy se ha suscitado una polémica, a mi juicio, artificial, por la intención de presentar el nombre de un destacado jurista nacional al cupo que dejó el fallecimiento del juez brasileño Cançado Trinidade, sin considerar aspectos relevantes:

Lo Primero, que en el cupo dejado por el fallecimiento de este Juez, por práctica no escrita, es electo un nacional del mismo país por el tiempo que le queda por cumplir.

Lo Segundo, es necesario tener presente la capacidad de obtención de votos comprometidos por Nota, para alcanzar la cifra deseada de más de cien votos.

Lo Tercero, es indispensable hacer el calculo de la disponibilidad que tiene el país a comprometerse en otras elecciones tomando en cuenta los compromisos ya acordados.

Lo Cuarto, el diseño de una campaña, de al menos un año, con disposición de recursos humanos y financieros para obtener tal cargo.

Ahora bien, respecto a la polémica mencionada por la intención de postular al jurista Claudio Grossman al puesto dejado por el fallecimiento que deja el juez brasileño, se hace imprescindible analizar dicha postulación a la luz de lo que se expresó precedentemente.

Sobre lo primero, la práctica que un nacional reemplace al juez que dejó el cargo por diferentes razones, en este caso, por fallecimiento, es una práctica que se extiende a otros organismos del Sistema. En lo que nos ocupa, conocer que Brasil avisó oportunamente a los países latinoamericanos que iba a presentar un candidato a ocupar ese cargo. Ello se concretó el viernes 21 de julio con la presentación del abogado Leonardo Nemer Caldeira Brant. Lo anterior significa, si no hay una sorpresa mayor, que este abogado será electo.

Prueba de esta costumbre, es cuando falleció en mayo del 2020 James Richard Crawford, jurista australiano miembro de la CIJ. La elección de su reemplazante se efectuó en noviembre de ese año y la candidata australiana obtuvo una mayoría aplastante, tanto en el Consejo de Seguridad, como en la Asamblea General, en competencia con un postulante griego. Otro ejemplo en otro órgano importante de la ONU, como lo es el Advisory Committe on Administrativeand Budgetary Questions. En junio de este año se realizó una elección para reemplazar a un miembro del organismo de nacionalidad rusa. Los países occidentales trataron de boicotear la elección del ruso, este igualmente se impuso por 105 a 68 frente al candidato ucraniano que había levantado la Unión Europea. El peso de la tradición se mantuvo a pesar de la guerra.

La presentación del abogado argentino Marcelo Kohen es obviamente un acto para posicionarlo, pues el ya está inscrito como candidato para la elección regular del 2023.

Sobre lo segundo, nuestra capacidad de obtención de votos se encuentra sumamente reducida después de varias elecciones en las que se han solicitado compromisos.

Como ejemplo, la elección a la Organización Marítima Internacional el 2021; la candidatura de la Embajadora María Teresa Infante, al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), cuya elección tuvo lugar el 24 de agosto de 2020, considerada de primera importancia para nuestro Gobierno; la elección de Claudio Grossman, para la reelección al Comité de Derecho Internacional, cuya elección tuvo lugar el 12 de noviembre de 2021, salió electo con 174 primera mayoría; presentación después del 31 de diciembre de 2021 de la candidatura del Sr. Rodrigo Paillalef, al Foro Permanente de Asuntos Indígenas, período 2023-2025; la elección del Abogado Hernán Quezada, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por mencionar los más relevantes. Todos exitosos.

Sobre lo tercero, hay que considerar nuestra capacidad actual de obtener votos, teniendo presente que estamos en una competencia muy estrecha con Venezuela y Costa Rica para integrar el Consejo de Derechos Humanos, para el bienio 23-24

Sobre esto, es importante tener presente que a marzo de este año Chile, que había presentado su candidatura años atrás, no había efectuado una campaña decidida, cuestión que es indispensable realizar con mucha anticipación aportando recursos humanos y financieros para ello. Solo cuando asumió este gobierno, marzo 2022, se decidió lanzar con fuerza la postulación al Consejo. Y en ese proceso se está desde marzo.

La elección de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es compleja y es necesario dedicar todos los esfuerzos para alcanzar el número necesario para ser electo. Hoy en día, aún falta camino que recorrer para lograrlo y eso debe hacernos pensar que existe una posibilidad de no llegar a la meta si no se pone todo nuestro esfuerzo en esta campaña.