Haití y el buenismo como negocio

La miseria como estándar de vida

Treinta y seis años han transcurrido desde que un golpe militar derrocó al despótico régimen de Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, así apodado para diferenciarlo de su igualmente corrupto padre François Duvalier, Papa Doc. Presidente por derecho propio desde los 19 años –apoyado en la brutalidad de una policía secreta heredada de los famosos Tonton Macoutes (los hombres del saco)–, el gobierno de Duvalier fue conocido por su inigualable crueldad mezclada con santería y vudú. Un clásico de los 70 y 80 del pasado siglo (que incluso inspiró alguna película de 007).

No obstante que el derrocamiento de Baby Doc dio lugar a un interludio de esperanza en el futuro de Haití, trascurridas más de tres décadas de aquel hecho, la calidad de vida de su gente no solo no ha mejorado, sino que parece haberse deteriorado. Esto, a pesar de que la comunidad internacional ha invertido billones de dólares en una suerte de reconstrucción permanente de aquel país que, junto a una docena de Estados africanos (que no han recibido el mismo volumen de ayuda), se ha consolidado entre los más pobres del planeta.

Según la OMS, en Haití la tasa de mortalidad infantil entre menores de 5 años es de 60.48 por mil, es decir, un índice diez veces mayor que el de Chile o Uruguay. A comienzos de la tercera década del siglo XXI, la esperanza de vida de un haitiano es de apenas 60 años, esto es, la misma que la de un chileno a fines de la década de 1950.

Estos y muchos otros indicadores revelan que Haití no solo se estancó en la violencia y la desigualdad, sino que en la carencia de los servicios esenciales de la vida moderna. No solo se trata de falta de hospitales, sino de ausencia de redes de agua potable, alcantarillado, recolección y tratamiento de residuos y otros servicios que, en conjunto, tienen impacto directo sobre la salud y la dignidad de las personas. El Índice de Eficiencia Ambiental de la Universidad de Yale ubica a Haití en el lugar 173 entre 179 países, destacando el impacto que su pobreza endémica tiene sobre los recursos naturales y los frágiles ecosistemas terrestres y marinos del Caribe. Un paisaje desolador.

La industria de la cooperación internacional

A diferencia de países con calificación equivalente (Liberia o Papúa Nueva Guinea), sobre todo a partir de 2004, Haití fue objeto de sucesivas campañas de cooperación internacional que movilizaron billones de dólares. Luego del derrocamiento del gobierno de Jean-Bertrand Aristide, aquel año el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una Resolución que dio origen a la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), al final conformada por casi 7 mil efectivos y dotada de un presupuesto inicial de 200 millones de dólares. Acto seguido, una conferencia de donantes comprometió 1,3 billón de dólares.

Sucesivas conferencias han recolectado otras enormes sumas para la reconstrucción de Haití que, junto con la ayuda directa permanente de países como Estados Unidos y Canadá, pusieron a disposición gigantescos montos de ayuda internacional. Esta faena llegó a su cúspide después del terremoto de magnitud 7,0 registrado en enero de 2010 (que destrozó la frágil infraestructura del país y causó más de 200 mil muertos), que en la coyuntura captó más 8 mil 400 millones de dólares (se entendía que de ayuda para la población afectada).

La última de las conferencias de donantes se celebró en Naciones Unidas en febrero del año en curso, comprometiendo otros 600 millones de dólares para continuar financiando una extensa y variopinta comunidad de cooperantes que –la evidencia indica– no logró mejorar las condiciones de vida de los 11,5 millones de haitianos que aún permanecen en su país.

La miseria endémica es motivo de una permanente emigración que aleja no solo a los más jóvenes, sino que también a los mejor capacitados que, abrumados por la desesperanza, entienden que cualquier cielo es mejor que aquel que los vio nacer. Polémica de por medio sobre el origen y el impacto de esa inmigración, en lo que nos toca y según el INE, en Chile viven más de 180 mil haitianos.

El buenismo y la república de la ONGs

Estudios basados en la propia documentación de Naciones Unidas indican que, de los montos comprometidos, el 36% fue dedicado a la MINUSTAH (hasta 2017), mientras que el 26% se invirtió en personal de los propios países donantes. Otro 26% financió organismos de Naciones Unidas, mientras que igual porcentaje se destinó a ONGs contratistas de la MINUSTAH.

Esas mismas estadísticas indican que solo el 1% de los recursos colectados se invirtió en el gobierno haitiano.

Dependiendo del año y de los fondos disponibles, se estima que, junto con los programas de Naciones Unidas, durante las últimas dos décadas en Haití operaron entre 3 mil y 10 mil ONGs. Entre ellas se cuentan ramas de la Cruz Roja y entidades de prestigio como Médicos sin Fronteras, a la par de un extenso archipiélago de organizaciones vinculadas a fundaciones, corporaciones, cooperativas, partidos políticos, iglesias y celebrities progresistas, como Madonna o Bruce Springsteen, que –marketing de por medio– se han convertido en benefactores de Haití.

Sus actividades incluyeron desde la atención médica primaria y el microcrédito hasta la formación religiosa. Esporádicamente, algunos países intentaron programas bilaterales de diálogo político enfocados en los derechos humanos, las responsabilidades ciudadanas y la solución de conflictos. Esto, sin embargo, como parte de las respectivas políticas de prestigio y/o de financiamiento de ONGs propias. En muchos casos la situación de Haití resultó instrumental para los intereses de una larga lista de terceros, que parecen concebirlo como un supermercado para la cooperación.

Datos del Banco Mundial y de organismos del sistema de Naciones Unidas permiten observar que –en su conjunto– la acción de todas esas organizaciones no solo no ha cambiado, sino que al descuidar ex profeso el fortalecimiento del Estado haitiano, terminó por contribuir a perpetuar la situación de desgobierno en la que sobrevive Haití.

Después del terremoto de 2004, diversos especialistas también observaron que, además de que una mínima fracción de los billones de dólares de ayuda fue destinada a la estructura estatal (afectada por una permanente corrupción), atrayendo hacia sus equipos a los profesionales haitianos mejor capacitados, las ONGs contribuyeron a drenar la eficacia del Estado. Tentados con mejores salarios, cientos de profesionales haitianos terminaron fortaleciendo la ayuda internacional que no impidió que, según el citado Banco Mundial, el salario mínimo en su país disminuyera de 2,9 dólares diarios en 2012, a solo 2,1 dólares diarios en 2017.

Ese último año fue disuelta la MINUSTAH. Junto con casi 500 cascos azules de nuestras Fuerzas Armadas y policías, en la condición de Head of Mission, en dos períodos distintos participaron dos excancilleres chilenos. Pese a esta contribución chilena, envuelta en acusaciones por haber introducido el cólera en Haití, y la responsabilidad de algunos de sus integrantes en incidentes y crímenes violentos, dicha misión de estabilización fue reemplazada por una acción a distancia, denominada Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH).

Toda una renuncia y confesión de parte del multilateralismo que, por más de una década, tuvo en Haití uno de sus grandes laboratorios. Ni los miles de cooperantes, ni los billones de dólares nominales en ayuda, ni las miles de páginas de informes y papers en journals de divulgación científica lograron terminar con la miseria endémica del país más pobre de las Américas.

Por solidaridad, este es un fracaso de nuestra agenda exterior de derechos humanos y de nuestra política de defensa, que hicieron de Haití un ejemplo de sus respectivas inserciones en el sistema internacional.

Mientras eso ocurría –y a lo largo de cinco gobiernos consecutivos– asuntos atingentes a nuestra propia seguridad fueron postergados en favor de una política de derechos humanos cargada de expresiones de deseo. Es, por ejemplo, el caso de la ausencia de análisis político y consular prospectivo, para haberse adelantado a la inmigración masiva que hoy explica por qué, con todas sus connotaciones económicas, sociales y de seguridad, en el país haya al menos 1,5 millones de extranjeros documentados (y un número indeterminado de indocumentados). También es el caso de la ausencia de diagnóstico y acción respecto de la disputa territorial impuesta por Argentina en 2009, a propósito de los territorios submarinos al sur y el sureste del Cabo de Hornos.

Si de prestigio internacional se trataba, este se ha disuelto en la noche de los tiempos. De la contribución chilena a la MINUSTAH, quizás lo más duradero serán las vivencias de los que participaron y, ciertamente, los beneficios económicos derivados a dicho ejercicio de buenismo internacional.

Si a estas alturas para los haitianos la MINUSTAH es solo un recuerdo, ello no impide que un universo de ONGs siga sosteniendo que la cooperación internacional hará –finalmente– la diferencia. La experiencia indica que no será así.