El acuerdo constitucional: entre el miedo, la necesidad y la desconfianza

Existe cansancio en la ciudadanía con la incertidumbre constitucional. El país requiere rápidamente de certezas que permitan generar estabilidad política y una reafirmación y compromiso con la democracia y sus instituciones.

Quizá el acuerdo constitucional adoptado el 12 de diciembre pudiera ser el fruto de lo que se considera viable para Chile, pero en algún sentido choca con sensibilidades democráticas básicas. Un factor fundamental a resguardar en un proceso constitucional es su legitimidad. Un proceso constituyente es construcción de poder y legitimidad, aquella que precisamente está muy dañada en el país y que dio origen no solo al mayor estallido social de la historia republicana, sino también a un rechazo al esfuerzo institucionalizador de la propuesta de la Convención Constitucional.

Los partidos y movimientos que han concurrido al acuerdo, y que dan cuenta de la fragmentación política que vivimos, han querido hacer una lectura del insólito y sorprendente resultado del 4 de septiembre. Su síntesis interpretativa son las llamadas 12 bases constitucionales que se integran al Acuerdo (el Estado no puede ser sino unitario; el Congreso, bicameral; el gasto público, de iniciativa legal del Ejecutivo, entre otros bordes).

Los firmantes, en consecuencia, ya han dicho lo que la Constitución debe ser y esperan que su decisión sea asumida por el constituyente derivado. El problema constitucional quedaría así resuelto con la aprobación parlamentaria. Lo que sigue es un procedimiento que adopta la forma comisarial. Los expertos, en todas sus especies, aparecen reivindicados y dotados de un poder de decisión enorme. Un poder de tutela para economistas, sociólogos, politólogos o constitucionalistas que en número simbólico de 24 acompañarán, sin otra representatividad que la comisarial, a los 50 “consejeros constitucionales” electos. Las denominaciones nunca son irrelevantes. Quienes integran un consejo, quienes son consejeros por antonomasia, no adoptan una decisión; simplemente proponen o aconsejan.

En el siglo XVIII la fuerza del racionalismo dio origen a un cambio importante al régimen político: el despotismo ilustrado. Fue la antesala premoderna del constitucionalismo. Había que organizar la vida personal y colectiva conforme a la razón. Pero el constitucionalismo fue mucho más allá que la consigna de “todo para el pueblo, pero nada con el pueblo” y cambió radicalmente la base de la legitimidad del poder. Esto no hay que olvidarlo. Estamos en “las malas”, como ha dicho Fernando Atria, por no haber realizado cambios a tiempo, pero ya no podemos llorar sobre la leche derramada.

Los partidos con representación en el Congreso y algunos grupos han retomado la iniciativa. Pero el temor al pueblo, el temor a los “subordinados”, como diría Kathya Araujo, está en el sustrato de nuestra vida colectiva. Los que mandan temen al pueblo y los que obedecen desconfían de sus élites. El Congreso está ad portas de adoptar una decisión constituyente y substitutiva del pueblo entero, pero controlando las riendas del poder, a través de los 24 expertos y los 14 juristas del Comité Técnico de Admisibilidad, quienes deberían tener deferencia con las decisiones del Consejo Constitucional.

Los sectores populistas de derecha e izquierda podrán ahora revestirse de los mejores argumentos democráticos para manipular al pueblo, no firmando el acuerdo constitucional, y llamando a rechazar la propuesta que emane del Consejo. Esperamos que Chile retome la senda de la institucionalidad y la democracia, pero es una tarea urgente, para ello, superar el miedo al pueblo y restablecer las confianzas que fortalecen la legitimidad.