Opinión
Comisión para la Paz y el Entendimiento, el regreso de la política como camino a la justicia
El conflicto es real. No es un invento ni una mera disputa por tierras. Tiene raíces históricas profundas, consecuencias materiales, emocionales y simbólicas, y una expresión territorial que exige una solución estructural.
La entrega del Informe Final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento marca un hito de enorme relevancia para el presente y futuro de Chile. Se trata de un trabajo serio, riguroso y transversal que, encabezado por sus dos copresidentes, Francisco Huenchumilla y Alfredo Moreno –provenientes de mundos políticos distintos y tradicionalmente enfrentados–, vuelve a situar a la política como el espacio privilegiado para conducir democráticamente, justamente, conflictos que, como este, están entre los más complejos de nuestra historia.
En un escenario dominado por la desconfianza, la polarización y la tentación de la violencia, este informe reabre la posibilidad cierta, de encontrar una salida institucional, dialogada y justa al conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
Al leer o escuchar las voces de los críticos al acuerdo, en su mayoría antes incluso de haberlo conocido, cuesta comprender las motivaciones. Este es un tema de tal importancia, y requiere niveles de responsabilidad tales que no es posible aceptar que el mismo sea tratado como uno más de las trincheras electorales. Justamente el mensaje que debemos escuchar es “con esto no”.
Por ello, estimamos que la sociedad chilena debiera respaldar con claridad el trabajo de la Comisión y la valentía de sus integrantes, quienes, en condiciones complejas, asumieron el desafío de mirar de frente un conflicto que ha sido postergado, negado o instrumentalizado según la conveniencia del momento.
La Comisión escuchó a más de 5 mil personas en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, incluyendo comunidades mapuches, víctimas de la violencia, autoridades, gremios, partidos políticos y actores internacionales. Su informe no es un ejercicio tecnocrático ni una suma de buenas intenciones, sino una propuesta concreta, viable y profundamente política para reconstruir el pacto social desde el reconocimiento mutuo y la justicia.
El conflicto es real. No es un invento ni una mera disputa por tierras. Tiene raíces históricas profundas, consecuencias materiales, emocionales y simbólicas, y una expresión territorial que exige una solución estructural. La Comisión lo reconoce con claridad: la violencia existe, pero la paz requiere mucho más que control policial o militar. Requiere justicia, reparación, desarrollo, reconocimiento y voluntad política.
Por eso, este informe también revaloriza la política. No como trinchera, sino como espacio de encuentro. Nos recuerda que solo a través del diálogo es posible avanzar hacia soluciones duraderas. Que para dialogar hay que reconocer la legitimidad del otro. Y que para alcanzar la paz es indispensable construir un nuevo trato, basado en el respeto, la memoria y la dignidad.
El camino que traza la Comisión es una oportunidad para Chile. Una posibilidad concreta de avanzar por una vía alejada de los extremos: ni la negación de las deudas históricas con el pueblo mapuche, ni la fragmentación de la nación chilena. Un camino que asume la diversidad como riqueza y la unidad como objetivo. Que rechaza tanto la indiferencia cínica como la imposición violenta.
La decisión está ahora en manos de la clase política. Puede optar por la altura de miras y asumir esta oportunidad con valentía, o puede caer una vez más en la pequeñez, la tacañería y el cálculo fácil.
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