Opinión
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Resultados de la encuesta Casen: la radiografía incompleta de la realidad chilena
¿Bajó realmente la pobreza o solo estamos celebrando el éxito de una estadística que ignora la precariedad estructural?
Durante la primera semana de enero, el Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentaron los resultados de la Casen 2024.
Esta encuesta tiene como principal finalidad caracterizar la situación socioeconómica de los hogares en Chile, considerando el cálculo de la pobreza por ingresos, la multidimensional y la desigualdad; permitiendo, además, obtener información detallada de áreas tales como educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos.
Una de las características de este instrumento es que, al realizarse desde 1987, permite establecer comparaciones históricas bajo las dimensiones mencionadas.
Dentro de este contexto, tanto el Gobierno como diversos medios de comunicación y expertos han realizado un abordaje comunicacional del tema, celebrando que cerca de 600 mil personas lograron salir de la pobreza al comparar los datos con la medición de 2022. Sin embargo, al observar las cifras en términos de volumen, se omite la composición.
Aquello no es menor. No es simplemente que se pierde información que permitiría tener una radiografía profunda de las condiciones socioeconómicas en las que viven millones de familias en Chile, sino que se invisibiliza a grupos sociales que constantemente son marginados, excluidos y, sobre todo, postergados en los diferentes aspectos de la política en nuestro país.
Si bien los resultados son alentadores para el desarrollo del país, y funcionan como un indicador del impacto de las políticas implementadas por el Gobierno, las cifras demuestran un éxito estadístico que, si bien no se debe desconocer, también desatiende la realidad estructural de quienes se quedan atrás.
En consecuencia, el discurso oficial sobre el retroceso de la pobreza oculta a personas en situaciones de desprotección y alta dependencia, como aquellas con discapacidad y sus cuidadores/as, quienes viven en situación de calle o institucionalizados. Entonces, si las cifras son mejores, ¿por qué parecen aún insuficientes?
Para comprender esta situación, se hace necesario no solo conocer la caracterización de los grupos familiares que habitan en una vivienda, sino también sus estructuras de gasto, sus dinámicas internas y cómo sus condiciones materiales se proyectan a mediano y largo plazo. Por ejemplo, un hogar compuesto de tres integrantes, donde el padre y la madre trabajan, posee una estructura de vida muy diferente a un grupo familiar en el que solo uno puede hacerlo porque el otro debe cuidar permanentemente a un hijo con dependencia severa. Al comparar ambos casos, observamos que las necesidades materiales, el uso del tiempo y la sensación de bienestar subjetivo son radicalmente distintas.
Mientras que en el primer hogar es posible avanzar en la trayectoria de vida de manera lineal, la estructura de gastos en hogares con personas con discapacidad es drásticamente diferente. El gasto de bolsillo presenta variaciones que no consideran costos inevitables, como insumos médicos o terapias. Por otro lado, la baja en la pobreza por ingresos no soluciona la inactividad forzada de las mujeres cuidadoras. Dado que hoy el tiempo es uno de los recursos más valiosos, quienes cuidan 24/7 ven anulada su posibilidad de realizar actividades económicas. Así, la Casen mide sus ingresos, pero no la pobreza de tiempo que las somete.
A esto se suman dos fenómenos interesantes de debatir. El primero es que una familia puede salir de la pobreza gracias a subsidios, sin que su estructura de vida haya cambiado: salen de la estadística, pero no de la precariedad. El segundo es que, al depender de transferencias estatales por estar excluidas del mercado laboral formal, se perpetúa la desigualdad estructural y la pérdida de autonomía económica de las mujeres. Aquello las hace susceptibles a que cualquier externalidad afecte y perpetúe su situación de vulnerabilidad.
En efecto, grupos como las personas con discapacidad y sus cuidadores/as enfrentan una fragilidad mayor. Estos son invisibilizados por una fotografía incompleta de la sociedad. Es necesario problematizar si la pobreza bajó para todos o solo para aquellos que encajan en las definiciones metodológicas de la encuesta, la que ignora a quienes no habitan en un hogar tradicional, como personas en situación de calle, institucionalizadas o privadas de libertad. Pensar en la pobreza exclusivamente como “cruzar un umbral” es desconocer el impacto real del indicador sobre las políticas sociales.
El desafío es generar condiciones para que estos instrumentos capturen la realidad de los diferentes sectores de la población. Se sugiere que para la próxima Casen se aborden transversalmente estos grupos y los policy makers puedan avanzar al fortalecimiento del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, transitando no solo hacia la corresponsabilidad sino también en la incorporación de grupos tales como las personas en situación de calle.
Finalmente, el éxito no se mide solo en volumen, sino en asegurar la representación social, pues lo que no se mide o no se dice, simplemente, no existe para las políticas públicas.
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